Zapatero imputado en el caso Plus Ultra
La investigación apunta a presunta trama de influencias ligada al rescate de 53 millones; la Audiencia Nacional decide próximos pasos.
- 01La imputación inédita
- 02Registros y pruebas incautadas
- 03Flujos y sociedades pantalla
- 04Reacción política inmediata
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel como «vértice» de una red que habría influido en la concesión del préstamo público a Plus Ultra. La medida, inédita en la democracia española, llega acompañada de registros en su despacho y en empresas vinculadas a su entorno, y del bloqueo de 490.780 euros en sus cuentas. La Policía, a través de la UDEF, entregó dos informes que el magistrado incorpora al sumario y que, según la investigación, trazan pagos desde consultoras vinculadas a la aerolínea hacia Zapatero y la empresa de sus hijas. Zapatero niega haber realizado gestiones ante la Administración y anuncia que acudirá a declarar para ejercer su defensa.
El auto de Calama le imputa a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por una supuesta estructura societaria que canalizó pagos tras el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021. La UDEF atribuye movimientos de fondos hacia Análisis Relevante —vinculada a Julio Martínez Martínez— y pagos a la agencia de las hijas de Zapatero, What The Fav, que sumarían cerca de 1,9 millones de euros. El bloqueo cautelar de fondos y la apertura de piezas separadas muestran que la investigación, aunque en fase inicial, avanza sobre dos frentes: el análisis del material intervenido y la reconstrucción de flujos financieros internacionales. La causa ya ha provocado reacciones políticas y amenazas de medidas cautelares por parte de formaciones como Vox.
La imputación inédita
El magistrado José Luis Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el «vértice» de una supuesta red que habría usado sus contactos para favorecer a Plus Ultra en la obtención del préstamo de 53 millones concedido por la SEPI en marzo de 2021. Calama le ha citado como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y ha puesto a disposición del imputado el auto de 85 páginas y dos informes de la UDEF que fundamentan la imputación. Zapatero, que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, ha negado cualquier gestión ante la Administración en relación con el rescate y anuncia su voluntad de colaborar con la investigación. La Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario en una causa que arrancó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Registros y pruebas incautadas
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó registros simultáneos en el despacho de Zapatero —en la calle Ferraz— y en empresas vinculadas a su entorno, entre ellas la agencia de sus hijas What The Fav, en una operación bautizada como «Operación Tíbet». Los agentes se incautaron de documentación, material informático, agendas, y objetos de una caja fuerte; la secretaria del expresidente fue objeto además de un registro corporal autorizado por el juez para preservar dispositivos. Los equipos policiales ya analizan miles de archivos y dispositivos para determinar el origen y destino de las transferencias detectadas, y el sumario reúne cientos de ficheros que la defensa ha pedido tiempo para estudiar. La UDEF ha remitido varios informes que recogen conversaciones y movimientos contables que el juez considera relevantes.
Flujos y sociedades pantalla
La investigación sitúa como nodos clave a la consultora Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, y a sociedades señaladas como Gate Center y empresas del grupo Thinking Heads, que habrían realizado pagos a Zapatero y a What The Fav por servicios presuntamente simulados. Los informes de la UDEF cuantifican cerca de 1,9 millones de euros destinados al expresidente y su entorno entre 2020 y 2025, y el juez ha ordenado el bloqueo cautelar de 490.780 euros que, según la instrucción, provendrían de Análisis Relevante. El auto también apunta a estructuras internacionales y a la creación de sociedades en jurisdicciones opacas como parte de un supuesto patrón de blanqueo. El sumario incluye comunicaciones internas de Plus Ultra donde se alude a gestiones para «meterle chola al Zapa» y coordinar la tramitación ante la SEPI.
Reacción política inmediata
El presidente Pedro Sánchez y la dirección del PSOE han expresado apoyo y apelan a la presunción de inocencia de Zapatero, mientras la oposición exige explicaciones y pide comparecencias públicas. Vox y Hazte Oír ya se han personado y han anunciado medidas cautelares como la retirada del pasaporte diplomático o la prohibición de salida de España; el PP califica la imputación de «extrema gravedad». El caso ha tensado a socios parlamentarios: Aitor Esteban, del PNV, reclamó incluso un adelanto electoral ante lo que considera una «agenda judicializada». La presencia de registros en la sede socialista y otras indagaciones simultáneas amplifican el impacto político en La Moncloa.
La causa se remonta al rescate de Plus Ultra aprobado el 9 de marzo de 2021 por la SEPI dentro del Fondo de Rescate COVID, expediente que en 2022 fue archivado inicialmente por el Juzgado nº15 y reabierto tras hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en 2024. En diciembre de 2025 fueron detenidos dirigentes de Plus Ultra —entre ellos Julio Martínez Sola— en una operación de la UDEF que motivó la inhibición a la Audiencia Nacional y la posterior ampliación de las pesquisas. El auto de Calama incorpora desde conversaciones intervenidas hasta apuntes en agendas con referencias a gestiones en Venezuela y contactos con figuras como Manuel Fajardo; también aparece vinculada la repatriación del opositor Edmundo González entre las comunicaciones que investiga el juez. La SEPI figura como receptor de requerimientos judiciales, que la UDEF considera incompletos en parte de la documentación aportada.
Las partes discrepan sobre hechos centrales: Zapatero niega cualquier gestión ante la Administración y rechaza sociedades mercantiles en su nombre, mientras la UDEF afirma que la SEPI aportó documentación incompleta y que existen pagos vinculados a la red. El Gobierno y el PSOE piden respeto a la presunción de inocencia; Vox y otras acusaciones populares piden medidas cautelares y prisión provisional.
El principal hito inmediato es la declaración de Zapatero como investigado, aplazada por su defensa y ahora fijada por el juez para los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional; la defensa dispondrá de semanas para estudiar el sumario de unas 700 piezas. La UDEF continuará el análisis forense de dispositivos y documentación incautada y la Fiscalía Anticorrupción valorará posibles piezas separadas adicionales. Además, varias acusaciones populares han anunciado solicitudes de medidas cautelares —pasaporte y prohibición de salida— que el juez deberá resolver en próximas diligencias. En paralelo, la SEPI y otros organismos deberán aportar nueva documentación requerida por la instrucción.