Escuelas Protegidas: mochilas, sanciones y el pulso en el Senado
El Senado despachó al Congreso un proyecto que permite revisar mochilas y restringe la gratuidad universitaria; ahora la discusión va a la Cámara.
- 01Votación en la Sala
- 02Revisión de mochilas
- 03Sanción a la gratuidad
- 04Críticas y reservas
- 05La estrategia del gobierno
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El Senado concluyó esta semana la votación particular del proyecto "Escuelas Protegidas" y lo despachó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, tras intensos enfrentamientos sobre revisión de mochilas, presencia policial y sanciones a estudiantes. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, autoriza a los sostenedores a incluir protocolos de revisión de bolsos y establece la inhabilidad por cinco años para acceder a la gratuidad universitaria a quienes tengan condena firme por delitos graves cometidos en el establecimiento. Parlamentarios oficialistas defendieron la norma como herramienta para recuperar la convivencia; la oposición la calificó de punitiva y privilegió reservas de constitucionalidad. El despacho al tercer trámite no zanja la controversia política ni las impugnaciones legales anunciadas.
El debate toca dos ejes: seguridad y derechos. Al autorizar revisiones de pertenencias con salvaguardias formales y fijar sanciones que afectan beneficios de educación superior, el proyecto redefine el rol de directivos y apoderados en la gestión disciplinaria escolar. La tramitación acelerada por La Moneda—con urgencia de discusión inmediata—busca un resultado legislativo visible antes de la cuenta pública presidencial; esa presión política intensificó la fricción entre senadores que respaldan medidas de orden y quienes advierten riesgos de estigmatización y vacíos en políticas de prevención.
Votación en la Sala
La Sala del Senado aprobó en general el proyecto con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, y luego despachó el texto en particular a la Cámara Baja tras una sesión maratónica. Los votos en contra provinieron, entre otros, de Fabiola Campillai, Daniel Núñez, Claudia Pascual, Karol Cariola, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez; senadores oficialistas como Javier Macaya y Cristián Vial defendieron la iniciativa como respuesta a episodios graves de violencia. La aprobación en particular incluyó rechazo de indicaciones y la incorporación de resguardos procedimentales que no eliminaron el núcleo del proyecto, por lo que el texto volverá a ser discutido y votado en la Cámara de Diputados.
Revisión de mochilas
El texto aprobado permite que los sostenedores incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales cuando existan motivos fundados, individualizados y verificables, y prohíbe las revisiones sistemáticas basadas en características personales. La norma exige que la revisión evite contacto físico innecesario, se realice en un lugar privado y que participen dos adultos del establecimiento —uno del equipo de convivencia— además de dejar un registro del procedimiento. Se mantiene la prohibición de desvestir o revisar corporalmente al estudiante, y se dispone la comunicación inmediata a apoderados y a Carabineros o PDI si se encuentran elementos peligrosos.
Sanción a la gratuidad
El proyecto incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado con sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad o la infraestructura pública, con una inhabilidad prevista de cinco años. El Senado rechazó indicaciones para reducir ese plazo a tres años (propuesta de Vlado Mirosevic) y para eliminar la sanción (propuesta de Beatriz Sánchez), por lo que la norma quedó sin esas modificaciones. La discusión polarizó a quienes sostienen que la medida protege a las víctimas y a quienes la ven como castigo que recae sobre trayectorias juveniles complejas.
Críticas y reservas
Parlamentarios de oposición y representantes de comunidades educativas acusaron que la norma instala una lógica de control y criminalización de alumnos; Yasna Provoste afirmó que el proyecto prioriza sanción sobre un enfoque integral de protección y anunció observaciones. Beatriz Sánchez calificó el texto como un "mal proyecto" por no incluir recursos ni fortalecer la labor docente, y Karol Cariola advirtió contra convertir la preocupación por la convivencia en una política de sospecha. Provoste, Sánchez y Claudia Pascual presentaron reservas de constitucionalidad sobre partes del articulado, señalando potenciales afectaciones a derechos fundamentales.
La estrategia del gobierno
La Moneda forzó una tramitación rápida: el ministro José García Ruminot gestionó una sesión adicional del Senado y el Ejecutivo calificó la iniciativa con discusión inmediata para intentar despacharla antes de la cuenta pública del Presidente. Fuentes oficiales señalaron que la medida responde al interés de anotar un avance legislativo visible tras episodios de violencia como el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en Calama. Parlamentarios oficialistas —incluidos Cristián Vial y Arturo Squella— defendieron que la norma otorga herramientas para proteger a comunidades educativas, aunque reconocieron la necesidad de ajustar procedimientos y resguardos.
La iniciativa nació tras el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en Calama y se presentó como una ley de seis artículos para enfrentar la violencia extrema en colegios. La Comisión de Educación aprobó en general el proyecto y luego debatió 82 indicaciones, fijando audiencias y salvaguardas antes de despacharlo a la Sala; allí la votación en particular terminó el 20 de mayo con múltiples reservas de constitucionalidad. Históricamente, propuestas similares han enfrentado tensiones entre medidas punitivas y enfoques preventivos basados en salud mental y recursos para convivencia escolar, un trasfondo recurrente en el debate actual.
Lo disputado fue el alcance de las revisiones (si debían limitarse estrictamente a motivos fundados o permitirse prácticas más amplias) y la constitucionalidad de medidas que afectan privacidad y derechos fundamentales; la Sala rechazó la restricción más severa y la mesa del Senado rechazó la recalificación de quórum planteada por Yasna Provoste. También hubo desacuerdo sobre plazos y la posibilidad de despachar el proyecto antes de la cuenta pública presidencial.
El siguiente hito es la revisión en la Cámara de Diputados, donde los diputados deberán examinar y votar las modificaciones hechas por el Senado; la mesa de la Cámara aún no fijó fecha definitiva y fuentes parlamentarias estimaron que la discusión podría quedar para después del 1 de junio. La Moneda conserva la facultad constitucional para citar a sesión y acelerar el despacho si decide usar el artículo 32, mientras que las reservas de constitucionalidad presentadas por Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual podrían terminar en impugnaciones ante la justicia constitucional. Habrá que seguir además la presentación de indicaciones en la Cámara, las eventuales mociones de reemplazo y la posición que adopten las comisiones de Constitución y Educación de la Cámara Baja.