Atentado a la central hidroeléctrica Rucalhue desata debate sobre seguridad y eficacia investigativa

En la madrugada del 20 de abril de 2025, un grupo de al menos 12 personas armadas perpetró un ataque incendiario contra la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en Quilaco, Región del Biobío. Los atacantes intimidaron a los guardias de seguridad y destruyeron alrededor de 45 camiones y cinco maquinarias, provocando importantes daños materiales. Dos guardias resultaron heridos levemente.

El atentado, considerado uno de los más graves registrados en la Macrozona Sur, generó inmediata condena desde el gobierno y el Congreso. El Presidente Gabriel Boric reiteró una firme condena, subrayando que el Estado perseguirá 'con todo el peso de la ley' a los responsables y enfatizando la importancia de la unidad nacional ante estos hechos. El gobierno anunció que presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista, en acuerdo con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el titular de Seguridad, Luis Cordero. "La violencia no es un medio para obtener ningún tipo de reivindicación", sentenció Boric, reafirmando la política de diálogo paralela a la persecución penal de grupos violentistas.

En el plano político, parlamentarios de la oposición emplazaron al Ejecutivo a tomar acciones más concretas en materia de seguridad y prevención, denunciando falencias en la inteligencia y en el despliegue del estado de excepción vigente en la zona. Criticaron la lentitud y burocracia del gobierno, y exigieron la aplicación sin titubeos de la Ley Antiterrorista.

Simultáneamente, surgieron cuestionamientos desde diversas bancadas respecto de la eficacia investigativa de la Fiscalía Regional del Biobío, encabezada por Marcela Cartagena. Diputados UDI, Demócratas e independientes manifestaron dudas sobre la capacidad de la actual persecutora para esclarecer delitos de violencia rural, debido a un historial de bajas tasas de éxito y la declaración de que frecuentemente estos hechos quedan sin responsables debido a la falta de especialización.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió que, aunque el gobierno puede presentar las querellas que estime pertinentes, corresponde a los fiscales determinar la aplicación efectiva de la legislación en cada caso, y que cualquier decisión sobre el equipo a cargo de la investigación puede ser reevaluada según lo amerite la gravedad de los hechos y los avances de las diligencias policiales.

Finalmente, mientras persiste la condena transversal al atentado y la preocupación por su impacto en la seguridad, la inversión y el desarrollo regional, el caso ha reactivado el debate sobre la coordinación interinstitucional y la necesidad de dotar de mayores capacidades a las fiscalías que enfrentan delitos complejos como los ocurridos en la Macrozona Sur.