El decreto endurece sanciones y crea un registro nacional para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema público.
Louis de Grange, ministro de Transportes, anunció que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que endurece la fiscalización y las sanciones contra la evasión en el transporte público, en el marco de una actividad por el Día del Patrimonio en Estación Central. El secretario de Estado calificó la evasión como “un problema grave que tenemos como sociedad” y señaló que el nuevo marco legal permitirá avanzar “con más efectividad” para reducirla y proteger la sustentabilidad del sistema.
El decreto incorpora medidas concretas: la creación de un registro nacional de evasores consultable, la posibilidad de pagar la multa en el momento de la fiscalización y restricciones para acceder a beneficios si se mantienen multas impagas. De Grange argumentó que estas herramientas buscan tanto sancionar como disuadir, porque la evasión afecta la financiación del servicio y perjudica a los usuarios que sí pagan la tarifa; al mismo tiempo vinculó el anuncio con la necesidad de modernizar la red ferroviaria y extenderla a regiones con menor conectividad.
El próximo hito observable será la puesta en operación del registro de evasores y la aplicación en terreno de las nuevas fiscalizaciones —incluida la opción de pago inmediato—, que permitirán medir la efectividad de las sanciones y las restricciones anunciadas. Al mismo tiempo, la cartera deberá coordinar la implementación práctica del decreto mientras avanza en proyectos de modernización ferroviaria que, según el ministro, buscan mejorar la conectividad regional.