El organismo y la autoridad sanitaria concluyeron que la colaboración fue breve y no vulneró normas sanitarias ni jurídicas.
La Contraloría General de la República determinó que no hubo irregularidades administrativas ni vulneraciones sanitarias cuando la Primera Dama María Pía Adriasola ayudó a servir almuerzos en el casino del Palacio de La Moneda. El hecho ocurrió el 12 de marzo y se viralizó por un video que mostraba a Adriasola sin mascarilla ni cofia. Tras recibir informes de la Dirección Administrativa de la Presidencia y de las autoridades sanitarias, el órgano fiscalizador concluyó que su participación fue puntual y no afectó las fases críticas de elaboración de los alimentos. El pronunciamiento cierra la indagatoria solicitada por un oficio parlamentario.
La resolución transforma una polémica pública en un cierre administrativo: Contraloría y la autoridad sanitaria entendieron que la intervención fue espontánea, breve y limitada a la etapa final del servicio, sin contacto con la preparación de los alimentos. La investigación se abrió tras un oficio del diputado Daniel Manouchehri luego de la difusión del video. El resultado evita sanciones formales contra la Presidencia, pero reactiva el debate sobre protocolos sanitarios y uso de recursos fiscalizadores. Además, el órgano apuntó a priorizar denuncias según su trascendencia jurídica y social.
La Contraloría General de la República informó que, tras analizar los antecedentes remitidos por la Presidencia y las diligencias de la autoridad sanitaria, "no se advierte algún reproche de juridicidad" en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas. El informe explicitó que no se constató una vulneración concreta a la normativa sanitaria ni un riesgo efectivo que afectara la inocuidad de los alimentos. El órgano también recordó la necesidad de priorizar fiscalizaciones por relevancia jurídica, económica y social dadas las limitaciones de recursos. Con ello, cerró la indagatoria sin formular observaciones.
La Dirección Administrativa de la Presidencia explicó que la Primera Dama concurrió de manera espontánea al casino durante un recorrido por La Moneda y que su participación se limitó a la entrega final de alimentos durante unos minutos. Ese informe señala que Adriasola no intervino en la elaboración ni en etapas críticas del proceso productivo ni mantuvo contacto prolongado con los alimentos. La Presidencia describió la acción como una colaboración puntual, espontánea y de escasos minutos. Esos antecedentes sustentaron la evaluación de la Contraloría.
La Subsecretaría de Salud Pública, la Seremi Metropolitana y el Instituto de Salud Pública respaldaron la interpretación de que los antecedentes no configuran una infracción sanitaria. Las autoridades explicaron que para que exista afectación jurídicamente relevante debe acreditarse una vulneración concreta, riesgo efectivo o transgresión verificable, elementos que no se observaron en la diligencia inspectiva. También subrayaron criterios de razonabilidad y proporcionalidad al evaluar hechos circunstanciales en establecimientos alimentarios. Por ello, la autoridad sanitaria no acreditó riesgo para la salud de los funcionarios.
El origen del requerimiento fue un oficio del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien denunció públicamente el video y pidió que Contraloría y la Seremi de Salud investigaran el hecho. Manouchehri calificó la situación como una falta al funcionamiento con reglas del Estado y anunció acciones para determinar responsabilidades. La presentación parlamentaria forzó la diligencia que ahora concluye sin sanciones. La controversia política persistió en redes y en declaraciones de la oposición durante las semanas siguientes.
“Oficiaremos a Contraloría y al seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades.”— Daniel Manouchehri
La contralora Dorothy Pérez figura como cabeza administrativa del pronunciamiento y el documento que cita priorización de fiscalizaciones plantea un matiz institucional: el cierre del caso no obvia la pauta de distribuir recursos ante denuncias de diversa trascendencia. El informe recuerda que la Contraloría debe aplicar criterios de relevancia jurídica, económica y social al programar sus fiscalizaciones. Ese recordatorio refuerza la idea de que no todas las presentaciones parlamentarias derivan en investigaciones extensas.
La disputa principal entre las partes es de origen: el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que la acción de la Primera Dama pudo vulnerar normas sanitarias y pidió investigación; Contraloría y las autoridades sanitarias, tras diligencias e inspección, concluyeron que no hubo vulneración concreta ni riesgo efectivo. No hay discrepancias en las fuentes sobre los hechos descritos —el video y la visita—, sino en la interpretación jurídica y sanitaria de esa conducta.
El próximo hito observable será si el diputado Manouchehri o algún otro parlamentario presenta recursos adicionales o si la autoridad sanitaria decide abrir un sumario por separado; en ausencia de nuevas acciones, el cierre administrativo de Contraloría quedará como la conclusión formal del episodio. También quedará en atención si la Presidencia ajusta protocolos internos de interacción en comedores institucionales.