Crisis diplomática entre Colombia y Bolivia
Una cadena de declaraciones y expulsiones eleva la tensión regional y complica la gestión de protestas internas en Bolivia.
- 01Choque diplomático
- 02Petro y su discurso
- 03La reacción de La Paz
- 04Impacto regional y commercial
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, y la respuesta recíproca de Bogotá marcaron esta semana un salto en la disputa entre Gustavo Petro y el gobierno de Rodrigo Paz. Las declaraciones del presidente colombiano —que habló de “insurrección popular” y advirtió sobre “extremismos”— desataron la reacción de la Cancillería boliviana y el cese del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel. La crisis diplomática ocurre en medio de protestas y bloqueos que exigen la renuncia de Paz y han generado escasez de combustibles y oxígeno en la región de La Paz y El Alto. El conflicto puso además en movimiento mecanismos regionales y legislativos: la Comunidad Andina recibió reclamos por aranceles y la Comisión de la Cámara colombiana abrió una indagación contra Petro por presunta intervención electoral.
La disputa mezcla reclamos por soberanía y no injerencia con acusaciones sobre violaciones y uso de la fuerza en las calles, lo que elevó la apuesta diplomática: expulsiones, ceses y acusaciones públicas entre mandatarios. Además de desatar una crisis bilateral con réplicas en la región, la confrontación complica las posibilidades de diálogo entre el Gobierno boliviano y los sectores movilizados, mientras en Colombia la conducta del presidente Petro pasa también a ser objeto de investigación parlamentaria. El choque amenaza con prolongar la polarización y frenar soluciones a problemas inmediatos como corredores humanitarios y suministro de combustible.
Choque diplomático
La Cancillería de Bolivia declaró improcedente la caracterización externa de los hechos y solicitó la conclusión de las funciones de Elizabeth García como embajadora, invocando los principios de soberanía y no injerencia. En reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció la conclusión de las funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la embajada boliviana en Bogotá. Ambas partes sostienen que no se ha roto la relación bilateral, pero las acciones equivalentes elevaron la tensión y dificultan canales de mediación cara a la crisis interna en Bolivia.
Petro y su discurso
Gustavo Petro sostuvo que en Bolivia hay una “insurrección popular” y que el país corre el riesgo de pasar a “extremismos”, ofreció la disposición de Colombia a mediar si es invitada y llamó a evitar presos políticos en la región. Sus declaraciones, reproducidas en redes y en una entrevista con Caracol Radio, motivaron la reacción oficial de La Paz y un intercambio de reproches públicos entre mandatarios. En Colombia, además, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, presidida por Gloria Elena Arizabaleta, abrió una investigación de oficio por presunta intervención en el proceso electoral tras sus declaraciones.
La reacción de La Paz
Rodrigo Paz calificó las aseveraciones de Petro como un “ataque a la democracia boliviana” y el canciller Fernando Aramayo acusó al presidente colombiano de cómplice del expresidente Evo Morales, además de negar versiones sobre asesinatos masivos en las protestas. El Gobierno boliviano argumenta que las diferencias deben resolverse “en el marco del orden constitucional” y rechazó interpretaciones externas que, a su juicio, distorsionan la naturaleza de los acontecimientos. Al mismo tiempo, las fuerzas conjuntas realizaron un operativo para habilitar un corredor humanitario y luego se replegaron para evitar una escalada.
Impacto regional y commercial
La disputa entre Bogotá y La Paz ocurre en un contexto regional cargado: la Comunidad Andina ha recibido reclamaciones de Colombia y Ecuador por medidas arancelarias adoptadas en una guerra comercial que sigue activa. El enfrentamiento bilateral se cruza con tensiones entre Colombia y Ecuador —lideradas por Gustavo Petro y Daniel Noboa— sobre narcotráfico y seguridad fronteriza, y con pronunciamientos externos como el del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, que habló de un golpe de Estado en marcha. El entramado diplomático y comercial complica la coordinación de mesas de trabajo y la facilitación de soluciones conjuntas.
Las movilizaciones en Bolivia comenzaron a inicios de mayo por reclamos salariales, escasez y el rechazo a reformas económicas; participan la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales. Los bloqueos complejizaron el abastecimiento de combustibles y oxígeno en La Paz y El Alto y llevaron a operaciones conjuntas de policía y fuerzas armadas para habilitar corredores humanitarios, seguidas de convocatorias al diálogo que no lograron incluir al sector campesino principal. En Colombia, la presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta, motivó la apertura del proceso contra Petro por sus publicaciones en redes en el contexto de una primera vuelta electoral anunciada “para este domingo”, y el propio mandatario termina su gestión el 7 de agosto, hitos que condicionan la política regional.
Está en disputa si las protestas en Bolivia constituyen una “insurrección popular” o un conflicto que debe resolverse dentro del marco constitucional: Gustavo Petro y el vicesecretario Christopher Landau han hablado de riesgo de golpe o masacre, mientras que el Gobierno de Rodrigo Paz y el canciller Fernando Aramayo niegan esas caracterizaciones y acusan a Petro de injerencia. También hay diferencias sobre la existencia de asesinatos masivos y sobre el grado de intervención diplomática que justificaría la expulsión de representantes.
A corto plazo habrá que seguir la tramitación de la investigación abierta por la Comisión de la Cámara presidida por Gloria Elena Arizabaleta, que se activó tras las declaraciones de Petro y coincide con la primera vuelta electoral señalada “para este domingo”. En lo diplomático, la salida de la embajadora Elizabeth García sigue los plazos consagrados por la práctica internacional y la reciprocidad de Colombia con el cese del encargado Ariel Percy Molina Pimentel; esas fechas de conclusión podrían concretarse en los próximos días según los comunicados oficiales. La Comunidad Andina procesará los recursos de Colombia y Ecuador sobre aranceles en los plazos previstos, un factor que puede influir en la agenda regional y en las mesas de trabajo ya acordadas.