Senado aprueba en general «Escuelas Protegidas»
La iniciativa avanza con revisión de mochilas y pérdida de gratuidad; tensión entre control, derechos y urgencia legislativa.
- 01Votación en la Sala
- 02Reglas para revisar mochilas
- 03Sanción sobre gratuidad
- 04Política y críticas públicas
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Sala del Senado aprobó en general el proyecto «Escuelas Protegidas», que permite revisiones de mochilas, refuerza la autoridad docente y establece la inhabilitación por cinco años del beneficio de gratuidad para estudiantes condenados por delitos graves. La votación en sala quedó 24 a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, y la discusión en particular fue programada para el martes siguiente. El gobierno impulsó la tramitación con urgencia y gestiones del ministro José García Ruminot para intentar exhibir avances antes de la cuenta pública presidencial. La iniciativa mantiene resistencias desde la oposición que advierten que el texto pone el acento en control y sanción más que en prevención y salud mental.
El proyecto toca derechos estudiantiles, potestades de los sostenedores y criterios de acceso a la educación superior: autoriza protocolos de revisión de pertenencias con límites, y añade como requisito para la gratuidad el no haber sido condenado por delitos graves cometidos en el establecimiento. Si se convierte en ley, cambiará prácticas de convivencia escolar y abrirá vías de conflicto jurídico y político sobre discriminación, proporcionalidad de sanciones y recursos para prevención. La rapidez con que La Moneda impulsó la tramitación intensifica la disputa política alrededor del texto.
Votación en la Sala
La Sala del Senado aprobó en general la idea de legislar por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, y programó la votación en particular para la sesión ordinaria del martes siguiente. Entre los votos negativos figuraron la senadora independiente Fabiola Campillai y los parlamentarios del PC y Frente Amplio —Daniel Núñez, Claudia Pascual, Karol Cariola, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez— quienes criticaron el carácter punitivo del proyecto. El senador Cristián Vial (Republicanos) defendió el articulado como una respuesta sensata a las necesidades de orden en las comunidades educativas y dijo que se deben simplificar procedimientos para revisar mochilas. El resultado deja la iniciativa con mayoría en sala, pero con una oposición parlamentaria significativa que buscará cambios en particular.
Reglas para revisar mochilas
El proyecto autoriza que los establecimientos incorporen en su Reglamento Interno protocolos para la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales, pero condiciona ese procedimiento a motivos "fundados, individualizados y verificables" y prohíbe revisiones sistemáticas basadas en características personales. En la Comisión de Educación la senadora Yasna Provoste y la senadora Claudia Pascual impulsaron indicaciones que condicionan y limitan la práctica por riesgo de discriminación; la comisión acordó medidas como la exigencia de registro del procedimiento y que la revisión la realicen dos adultos del establecimiento, uno del equipo de convivencia. Vlado Mirosevic advirtió sobre el riesgo de convertir la escuela en un espacio de control, mientras que otros senadores defendieron la necesidad de herramientas operativas para la seguridad.
Sanción sobre gratuidad
El Ejecutivo propone añadir a los requisitos para acceder a la gratuidad universitaria la condición de no haber sido condenado por sentencia firme por delitos graves cometidos en el establecimiento, lo que implicaría la inhabilitación del beneficio por cinco años. La norma contempla que la sanción pueda revocarse anticipadamente por resolución judicial, pero autoridades y opositores discuten su proporcionalidad y su alcance sobre trayectorias juveniles. El articulado formó parte de las seis disposiciones principales del proyecto y figura entre los puntos más controvertidos en la comisión y en sala.
Política y críticas públicas
La Moneda empujó la tramitación con urgencia y el ministro José García Ruminot gestionó una sesión adicional en el Senado para acelerar el despacho, buscando exhibir avances de gestión de cara a la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast. La senadora Yasna Provoste señaló que el proyecto "se relaciona con una lógica de control y sanción" y valoró que el Ejecutivo reconozca que no aborda la violencia cotidiana ni entrega recursos. En cambio, parlamentarios como Rojo Edwards y el presidente del Partido Republicano Arturo Squella defendieron que la norma otorga herramientas necesarias a los colegios y no impone medidas intrusivas.
El proyecto se presentó tras el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que tensionó el debate sobre seguridad escolar y motivó la urgencia de La Moneda. La iniciativa, de seis artículos, viene con discusión inmediata y fue trabajada en la Comisión de Educación —donde se fijaron audiencias y votaciones de indicaciones entre el 13 y 16 de mayo— antes de llegar a sala. Voces como la de Vlado Mirosevic, Yasna Provoste y Cristián Vial han marcado posiciones contrapuestas sobre autonomía escolar, prevención y medidas sancionatorias, con debates técnicos sobre discriminación y protocolos de actuación.
Persiste la disputa sobre si las revisiones estarán acotadas a casos individualizados o permitirán prácticas masivas; la comisión rechazó parte de una indicación que vinculaba la selección reiterada de alumnos con denuncia automática ante la Superintendencia. También hay desacuerdo sobre la proporcionalidad de la sanción que afecta la gratuidad y si el proyecto realmente aborda las causas de la violencia o privilegia medidas de control.
El hito inmediato es la votación en particular en la Sala del Senado programada para el martes 19.05.2026; de aprobarse, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados como tercer trámite. La Moneda aspira a despacharlo antes de la cuenta pública del 01.06.2026, pero comités parlamentarios ya advierten que la revisión en la Cámara podría quedar para después de esa fecha. Además, el Ejecutivo todavía puede recurrir a mecanismos constitucionales (como solicitar sesión según artículo 32) para acortar plazos si busca forzar la discusión en mayo.