La parlamentaria presentó una denuncia en la PDI; el gobierno y su partido condenaron los hechos y piden medidas a la universidad.
La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) acudió a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para denunciar amenazas de muerte recibidas en sus redes sociales luego de confirmar una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, durante la actividad la parlamentaria sufrió una "funa": presencia de pancartas, gritos y agresiones físicas como lanzamiento de agua y escupitajos. Rodríguez aseguró que no cancelará su participación y que seguirá dando charlas pese a las intimidaciones. La denuncia busca que la PDI identifique el origen de las cuentas que emitieron las amenazas.
El caso encendió la discusión pública sobre seguridad y libertad de expresión en espacios académicos: el Partido Republicano pidió sanciones y el presidente José Antonio Kast rechazó la violencia. Las agresiones y las amenazas, que según Rodríguez aludieron al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, motivaron la intervención de la PDI. La universidad queda en el centro del debate sobre si debe garantizar la realización de actos públicos frente a protestas hostiles.
Rodríguez formalizó la denuncia en la Brigada del Cibercrimen de la PDI y afirmó que las amenazas recibidas en redes sociales hacían alusión al caso del activista conservador Charlie Kirk. La diputada relató que, tras confirmar su asistencia al foro estudiantil, comenzaron los mensajes intimidatorios que mencionaban un atentado similar al ocurrido con Kirk en Estados Unidos. A pesar de la gravedad de los mensajes, la parlamentaria dijo que no se sentía amedrentada y que seguirá participando en actividades públicas.
““Me encuentro lamentablemente en la Brigada de Cibercrimen de la PDI para hacer una denuncia por amenazas de muerte.””— Javiera Rodríguez
En la Facultad de Derecho, la actividad fue interrumpida por estudiantes que protestaron con pancartas y gritos; Rodríguez denunció además empujones, chorros de agua y escupitajos a la salida del recinto. La legisladora difundió un registro audiovisual de la "funa" y afirmó que este tipo de acciones buscan silenciar posiciones contrarias en el ámbito universitario. Sus declaraciones fueron recogidas por su partido, que calificó los hechos como violencia política.
““Escupos, gritos, chorros de agua, empujones, golpes: usan la violencia como acción política.””— Partido Republicano
El presidente José Antonio Kast condenó el episodio desde su cuenta de X, subrayando que "la violencia no puede ser un método de acción política" y ofreciendo su respaldo a la diputada. El Mandatario pidió que las universidades no se transformen en "reductos de odio e intolerancia" y respaldó la exigencia de sanciones frente a actos de agresión. Su mensaje intensificó la presión pública sobre autoridades universitarias para responder al incidente.
““La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia.””— José Antonio Kast
La PDI, a través de su Brigada del Cibercrimen, recibió la denuncia y se espera que inicie las diligencias para rastrear el origen de las cuentas que emitieron las amenazas. Los artículos señalan que las pesquisas buscarán identificar a los responsables digitales y recopilar pruebas del acoso en línea. Hasta ahora no se han informado detenciones ni medidas administrativas por las agresiones dentro del campus.
El episodio reaviva el debate sobre límites de la protesta y seguridad en universidades: autoridades, partidos y docentes deberán definir protocolos para actos públicos. Mientras el Partido Republicano exige "acciones ejemplares", estudiantes y círculos académicos plantean la tensión entre libertad de expresión y rechazo político. El caso pone a la Universidad de Chile en la mira sobre cómo responder ante confrontaciones ideológicas dentro del campus.
Las próximas señales serán la investigación de la PDI sobre el origen de las amenazas y la respuesta formal de la Universidad de Chile: si se anuncian sanciones o cambios en protocolos para garantizar seguridad en actividades públicas. También queda por ver si aparecen responsables identificados en redes y si otras instituciones replican medidas similares.