La tercera reprogramación complica la hoja de ruta fiscal y llega antes del decreto fiscal que vence el 9 de junio.
El Ministerio de Hacienda anunció que la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre se trasladó al lunes 25 de mayo, tras dos aplazamientos previos desde su fecha original del 12 de mayo. El documento, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), actualiza proyecciones de ingresos, gastos, PIB y trayectoria fiscal. Hacienda atribuyó el nuevo cambio a “ajustes de agenda institucional y coordinación de actividades” y al solapamiento con la votación de una megarreforma en la Cámara. La decisión reactiva la atención de mercados y especialistas por el calendario fiscal del gobierno.
El IFP es insumo central para el decreto fiscal que el Ejecutivo debe dictar a más tardar el 9 de junio y que fijará la meta de déficit estructural y la ruta de deuda del gobierno de José Antonio Kast. Al ser el primer informe trimestral de la administración, su contenido condicionará estimaciones de mediano plazo y la discusión legislativa sobre la sostenibilidad fiscal. Economistas y exfuncionarios advierten que postergar fechas establecidas erosiona la predictibilidad institucional en un momento de alta atención pública. La publicación retrasada eleva la expectativa sobre posibles ajustes en proyecciones macrofiscales.
La cartera económica reprogramó la entrega del IFP tras dos cambios sucesivos: del 12 al 20 de mayo y ahora al 25. El calendario oficial de la Dipres fue actualizado hoy para reflejar la nueva fecha, sin detallar en los comunicados técnicos ajustes metodológicos en el informe. Fuentes del ministerio también vinculan la reprogramación con la coincidencia de actividades del Ejecutivo y la agenda legislativa. El aplazamiento ocurre mientras el Congreso discute una megarreforma con impacto fiscal.
La Dirección de Presupuestos explicó que la última revisión del IFP debía ser firmada por el ministro y su equipo, quienes participaron en el Chile Day en Nueva York y Toronto, lo que limitó los tiempos de revisión. José Pablo Gómez, director de la Dipres, informó que por esa razón se reagendó la publicación para permitir las revisiones ministeriales finales. La nota de Dipres subraya que el informe pasará por los controles internos habituales antes de su difusión. Esa explicación busca despejar dudas sobre cambios en supuestos técnicos.
El ministro Jorge Quiroz ha vinculado el IFP con la definición del decreto fiscal que el Ejecutivo debe emitir en junio y ha señalado que aún no está cerrado el marco final de metas. En una conferencia reciente, Quiroz afirmó: "Todavía no dictamos el decreto fiscal. Lo vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento". Esa postura amplía la expectativa sobre posibles cambios en la ambición de reducir a cero el déficit estructural al 2030. La respuesta ministerial enfatiza la revisión de evidencia antes de fijar objetivos oficiales.
“Todavía no dictamos el decreto fiscal. Lo vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”— Jorge Quiroz
La postergación despertó críticas públicas: el exministro Ignacio Briones calificó la nueva demora como sorprendente y subrayó que el IFP contiene información valiosa para el mercado y el debate legislativo. Briones señaló en redes sociales su desconcierto por la reprogramación y advirtió sobre el valor del informe para votaciones con implicancias fiscales. Su postura es compartida por economistas que piden mayor predictibilidad en la comunicación oficial. El exministro argumenta que la transparencia del calendario es esencial para los agentes económicos.
“Sorprende que @DipresChile vuelva a postergar -ahora para el 25- el IFP previsto para mañana con sus proyecciones fiscales. Información esperada por el mercado y que también habría sido valiosa para el debate de un PDL con implicancias fiscales que se vota mañana (miércoles).”— Ignacio Briones
Varios economistas consultados evaluan el efecto sobre la institucionalidad de manera dividida: Juan Ortiz advierte que el cambio de fecha en plena tramitación de la megarreforma es una señal negativa para la credibilidad de la Dipres, mientras que Macarena García afirma que no existe obligación legal de fijar una fecha y que lo que marcaría un problema sería no publicar el IFP. Hernán Frigolett apunta que postergar informes vinculados a la responsabilidad fiscal puede erosionar normas de transparencia. En conjunto, los analistas piden claridad sobre supuestos macro y el eventual impacto en el límite de deuda.
Las fuentes discrepan sobre si la postergación vulnera la institucionalidad fiscal: críticos como Ignacio Briones y Juan Ortiz dicen que la reiteración de cambios erosiona la credibilidad de la Dipres, mientras que Macarena García argumenta que no hay obligación legal de publicar en una fecha fija y que el daño real sería no emitir el IFP. También hay debate sobre si el retraso responde a problemas técnicos en las proyecciones o simplemente a coincidencias de agenda.
El próximo hito es la publicación del IFP programada ahora para el 25 de mayo; su contenido anticipará las cifras que el gobierno podría incorporar al decreto fiscal. Luego viene el plazo legal para dictar ese decreto, que vence el 9 de junio, y que fijará la meta de déficit estructural y la ruta de deuda hasta 2030. También será clave seguir la votación en la Cámara por la megarreforma, cuyo resultado podría alterar supuestos fiscales incorporados en el informe.