La derogación borra un decreto colonial de 1685 que clasificaba a las personas esclavizadas como propiedad y reactiva el debate sobre reparaciones.
La Asamblea Nacional votó por unanimidad (254-0) el jueves 28 de mayo para derogar el Código Negro, el decreto firmado en 1685 por Luis XIV que reguló la esclavitud en las colonias y declaraba a las personas esclavizadas como “bienes muebles”. La sesión se tornó emotiva: el diputado Steevy Gustave, descendiente de esclavizados de Martinica, rompió en lágrimas al advertir que “ningún voto por sí solo puede reparar siglos de vidas destrozadas”, y el presidente Emmanuel Macron dijo que el silencio mantenido ante el Código Negro “se ha convertido en una forma de ofensa”.
En lo jurídico, el Código Negro perdió autoridad con la abolición de la esclavitud en 1848, pero nunca fue formalmente suprimido hasta ahora; su artículo 44 llamaba a los esclavizados “movable property” y el texto imponía castigos brutales a los fugitivos. El impulso para la derogación lo puso el diputado Max Mathiasin, originario de Guadalupe, quien dijo que borrar la norma es “una forma de devolver dignidad a nuestros antepasados”. Al mismo tiempo, la medida reaviva reclamos más amplios: Macron planteó la cuestión de las reparaciones pero no comprometió fondos, y observadores advierten que la derogación simbólica no elimina las desigualdades persistentes en los departamentos de ultramar.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde los partidarios esperan aprobación, pero la discusión pública seguirá centrada en si un acto legislativo simbólico puede traducirse en políticas concretas contra el racismo estructural y la pobreza en los territorios ultramarinos. Queda por verse si París acompañará la eliminación formal del Código Negro con iniciativas de verdad histórica, educación y medidas materiales que las voces de las comunidades reclamantes consideran necesarias.