La crisis de Codelco por cifras infladas
Una auditoría interna detectó hasta 27.000 tmf sobreestimadas; el gobierno exige responsabilidades y el nuevo directorio anuncia una auditoría externa.
- 01Hallazgo de la auditoría
- 02Sanciones y medidas internas
- 03Reacción del Gobierno
- 04Correos, prensa y presión sobre ejecutivos
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
Una auditoría interna de Codelco detectó irregularidades en el cierre de 2025 que implicarían la inclusión indebida de cerca de 20.000 tmf en Chuquicamata y otros 6.875 tmf en Ministro Hales, suma que la empresa y autoridades cuantifican en torno a 27.000 toneladas. El hallazgo disparó sanciones administrativas, la desvinculación de un gerente y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público, mientras el biministro Daniel Mas calificó lo ocurrido de “inaceptable” y dijo que Codelco está “fuera de control”. El presidente saliente del directorio, Máximo Pacheco, y la presidenta del Comité de Auditoría, Tamara Agnic, defendieron el uso de los canales internos y atribuyeron el problema a fallas en la segunda línea de control. El recién nombrado presidente del directorio, Bernardo Fontaine, asumió con la promesa de una auditoría externa y cambios en Novandino.
El caso afecta a la mayor empresa del Estado chileno y al mercado del cobre en un momento de precios altos, con impacto reputacional y potenciales consecuencias penales y administrativas. Más allá del monto —que Codelco sitúa como no material para sus estados financieros—, la controversia pone en cuestión controles internos, la gobernanza del directorio y la fiabilidad de reportes que condicionan decisiones públicas y privadas. La respuesta del gobierno ha sido rápida y política: nuevo directorio con mandato de restituir control y transparencia, y la Fiscalía ya abrió una indagación penal.
Hallazgo de la auditoría
El informe preliminar encargado por el Comité de Auditoría detectó incumplimientos en la aplicación de normas internas que permitieron contabilizar como producción cerca de 20.000 tmf de la División Chuquicamata y 6.875 tmf de Ministro Hales, sumando alrededor de 27.000 toneladas. La auditoría atribuye la operación, en parte, a decisiones del gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, y a faltas en las aprobaciones previstas por la normativa interna (IFC N°108 sobre productos en proceso). Codelco sostuvo que la revisión aún estaba en desarrollo cuando se difundieron los antecedentes y que los procesos incluirían derecho a descargos antes de concluir.
Sanciones y medidas internas
El directorio resolvió la desvinculación del gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, aplicó amonestaciones a otros ejecutivos y remitió antecedentes al Ministerio Público; además instruyó revisar y actualizar la normativa de reporte de producción para incorporar mejores prácticas internacionales. Tamara Agnic, directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, admitió que “falló la segunda línea de defensa” y defendió que la tercera línea —auditoría interna— detectó la desviación y permitió corregirla, aunque calificó el hecho como “muy grave” para el gobierno corporativo. Codelco afirmó que no se identificaron efectos que obliguen a modificar los estados financieros auditados de 2025.
Reacción del Gobierno
Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, calificó lo detectado como “inaceptable” y dijo que Codelco estaba “fuera de control”, exigiendo al nuevo directorio retomar transparencia, fortalecer controles y esclarecer responsabilidades administrativas o penales. El Ejecutivo nombró a Bernardo Fontaine como presidente del directorio con un mandato público de restituir conducción y control; Mas vinculó la crisis a problemas multifuncionales de seguridad, gestión y endeudamiento heredados de la administración previa. El ministro también planteó que la estatal debe explorar alianzas con privados para aportar know‑how y capital, en línea con iniciativas previas sobre trabajo asociado y Novandino.
Correos, prensa y presión sobre ejecutivos
Publicaciones de prensa difundieron correos internos donde Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización, informaba sobre la evolución de una “operación rastrillo” para poner en valor material con cobre, datos que fuentes interpretaron como seguimiento de la maniobra que permitió elevar el cierre de 2025. Exposición de esos mensajes y la divulgación del caso intensificaron la presión sobre el presidente ejecutivo Rubén Alvarado; fuentes del gobierno y del futuro directorio señalaron que una de las primeras tareas de Bernardo Fontaine será evaluar la continuidad del ejecutivo. La Fiscalía regional de O’Higgins abrió una investigación penal para determinar responsabilidades y citará a declarar a participantes y directores vinculados a la auditoría.
El episodio se desarrolla sobre un historial reciente de tropiezos en Codelco: el derrumbe en El Teniente de julio de 2025, proyectos con sobrecostos y retrasos y una caída productiva en meses de 2026 que contrastó con el pico reportado en diciembre. Máximo Pacheco, presidente saliente del directorio, dijo que la investigación se originó en una denuncia anónima que derivó al auditor general y defendió la fortaleza del gobierno corporativo; Tamara Agnic y el Comité de Auditoría (CACE) explicaron el uso del canal anónimo y los mecanismos de revisión interna. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la CMF han mantenido atención sobre las cifras, y la discusión sobre Novandino y asociaciones con privados añade otro eje en disputa institucional.
Las fuentes discrepan en la naturaleza y gravedad del hecho: Tamara Agnic atribuye el problema a una “interpretación errónea” de la normativa y a fallas en la segunda línea de control, mientras que el diputado Jaime Mulet y sectores del gobierno hablan de posible fraude y piden auditorías externas e incluso comisiones especiales. Codelco afirma que no hay efectos que obliguen a corregir los estados financieros de 2025; otros actores sostienen que la inclusión de volúmenes habría afectado pagos de bonos y la imagen pública de la compañía.
A la vista: (1) la auditoría interna final del Comité de Auditoría y los descargos de los involucrados, cuyo plazo inicial concluyó el 12 de mayo; (2) la investigación penal que anunció la Fiscalía regional de O’Higgins, cuyos primeros oficios y citaciones se definirán “en los próximos días”; y (3) la auditoría externa anunciada por el nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y las decisiones sobre la continuidad del presidente ejecutivo Rubén Alvarado y otros cuadros directivos. También hay que seguir la actualización normativa de Codelco respecto a reportes de producción y la posible revisión de los efectos sobre bonos y comunicaciones a la CMF.