Señala choque legal con el Código Sanitario y riesgos para la salud pública; la medida genera división interna en el gobierno y tendrá revisión en el comité de ministros
01El Ejecutivo presentó una indicación al proyecto de perfeccionamiento del procedimiento de expulsiones administrativas que obligaría a organismos públicos y privados —entre ellos recintos de salud, establecimientos educacionales y organismos previsionales— a entregar antecedentes personales (domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos) de extranjeros involucrados en procedimientos migratorios en tramitación. La propuesta fue impulsada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y contó con el respaldo público del Presidente José Antonio Kast.
02La ministra de Salud, May Chomali, manifestó su preocupación pública y se distanció de la iniciativa al sostener que la información obtenida en el contexto de una atención sanitaria está protegida por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, por lo que "eso lo vamos a defender absolutamente". Chomali subrayó que desde su cartera no pueden informar esos datos ni negar la atención a una persona por su situación migratoria.
03Chomali advirtió además el riesgo sanitario que podría implicar restringir el acceso a la atención: explicó que negar o condicionar tratamientos puede poner en riesgo no solo la vida del paciente migrante sino la de la población en general. Como ejemplo relató un caso en la zona de Azapa donde el tratamiento de un migrante con tuberculosis evitó potenciales contagios entre la comunidad laboral y reafirmó la necesidad de garantizar atención sin provocarle temor a los pacientes.
04La iniciativa ha provocado señales de división y matices dentro del gobierno: mientras ministros como la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, han defendido medidas que "ayuden a un control migratorio adecuado", Chomali y otros sectores del Ejecutivo han planteado reparos legales y sanitarios. Frente a cuestionamientos, el subsecretario Máximo Pavez aclaró que la entrega de información a la PDI o Migraciones "solo aplica cuando se verifica un proceso de expulsión" y se realiza para notificaciones respectivas, insistiendo en que no existe una obligación general de denuncia.
05El tema ha sido abordado en el comité de ministros y Chomali señaló que su cartera revisará la indicación con otras políticas gubernamentales para buscar alineamiento. Reiteró que no pueden actuar en contra de la ley ni dejar sin atención a migrantes, y que la discusión continuará en instancias internas del Gobierno.
06En paralelo, Chomali defendió ante críticas los recortes presupuestarios anunciados para su ministerio y pidió a los hospitales realizar un control efectivo del gasto (horas extra, compras de medicamentos y contratos), asegurando que las prestaciones no se interrumpirán y que el ajuste deberá ser gradual en el tiempo para reducir brechas presupuestarias.