La Comisión de Hacienda desestimó el artículo de la megarreforma; gremios del mundo cultural y de medios —ANP, ANATEL y asociaciones sectoriales— lo califican de “expropiación regulatoria” y cuestionan el fondo propuesto como insuficiente y mal diseñado.
01La indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo proponía incorporar un nuevo artículo 71 T a la Ley N° 17.336 que autorizaría, “sin remunerar ni obtener autorización del titular”, actos de reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas cuando dichos actos se realicen para la extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial, siempre que esa utilización “no entre en conflicto con la explotación normal de la obra”. En paralelo, la iniciativa creaba un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual” administrado por un comité interministerial y dotado de un mínimo equivalente a 70.000 Unidades Tributarias Mensuales anuales, cuya entrada en vigencia se condicionaba a que las empresas beneficiarias comenzaran a generar ingresos brutos de su giro.
02La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) calificó la indicación como una “expropiación regulatoria”, señalando que habilita el uso masivo de obras protegidas con fines comerciales sin autorización ni compensación y que, lejos de corregir vicios previos, los agrava. En una declaración de nueve puntos la ANP pidió al Congreso rechazar el artículo, excluir expresamente los contenidos periodísticos de cualquier excepción y abrir un espacio formal de diálogo con medios y titulares de derechos antes de tomar una decisión legislativa.
03Diversas organizaciones culturales y de la industria creativa —entre ellas la Federación Internacional de Productores de Fonogramas (IFPI Chile), la Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT), la agrupación Industria Musical Independiente (IMI Chile), la Academia de Cine de Chile y Egeda Chile— suscribieron una declaración conjunta rechazando la propuesta y alertando que destruye las bases del derecho de propiedad intelectual, al tiempo que cuestionaron que el fondo propuesto sea un mecanismo de ayuda pública gestionado por el Estado sin participación de los titulares afectados.
04La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) se sumó al rechazo y advirtió que la indicación “parece un traje diseñado a la medida de las grandes empresas extranjeras de inteligencia artificial”, al permitir el uso de contenidos periodísticos, audiovisuales, musicales y culturales sin autorización ni pago. Tanto ANATEL como la ANP demandaron la incorporación de un mecanismo de opt‑out (reserva expresa de derechos) similar al contemplado en la normativa europea, para que los titulares puedan excluir sus obras del uso para entrenamiento de modelos.
05La ANP y otros firmantes también cuestionaron el estándar jurídico del texto: advirtieron que la redacción sustituye el umbral más protector del derecho internacional (la regla de tres pasos del Convenio de Berna y ADPIC) por una exigencia más laxa —que sólo impide el “conflicto con la explotación normal”— y aludieron a la incompatibilidad de la propuesta con mecanismos comparados, como la Directiva (UE) 2019/790 y el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre IA, que condicionan excepciones a opciones de reserva y salvaguardas para los titulares.
06Respecto del Fondo propuesto, los críticos sostienen que no constituye una indemnización exigida por la Constitución frente a una privación de atributos esenciales del dominio: sus recursos se destinarían a actividades genéricas de fomento cultural y no a compensar proporcionalmente a los titulares cuyos bienes son utilizados; sería administrado por ministros sin participación de los afectados; se financiaría con recursos fiscales y donaciones en vez de aportes de las empresas beneficiarias; y su puesta en marcha depende de una condición incierta (que las empresas comiencen a generar ingresos en Chile), lo que puede dejarlo inoperante o insuficiente.
07En la práctica legislativa la respuesta fue inmediata: la Comisión de Hacienda de la Cámara rechazó tanto el artículo original como la indicación presentada por el Ejecutivo. En la votación del artículo hubo siete votos en contra y cinco a favor, con una abstención; la indicación también fue desestimada (seis en contra, seis a favor y una abstención en la segunda votación), marcando un desmarque importante del oficialismo, donde diputados como Diego Schalper (RN) se opusieron a otorgar un “cheque en blanco” para apropiarse de la creación de otros.
08Representantes de autores y productores valoraron el rechazo: Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), celebró la votación y advirtió que la batalla no termina porque el Gobierno aún puede reponer el artículo en la Sala o intentar una nueva moción en el Senado. En consecuencia, el conflicto entre objetivos de promoción de la IA y protección del derecho de autor queda abierto y con alta probabilidad de seguir en la agenda pública y legislativa.