Entre allanamientos, incautaciones y acusaciones contra el principal accionista, los candidatos piden mayor control institucional, revisar obligaciones contractuales y posibles acciones legales.
01En la primera vuelta de las elecciones a la rectoría de la Universidad de Chile, realizada el martes, Alejandra Mizala obtuvo 42,72% de los votos y Francisco Martínez 23,02%, por lo que pasan a segunda vuelta; ambos se han pronunciado públicamente sobre la situación que afecta a la concesionaria Azul Azul y a su principal accionista, Michael Clark.
02La causa que motivó las declaraciones de los candidatos se intensificó tras allanamientos realizados por la PDI en el Centro Deportivo Azul (CDA) y domicilios vinculados a directores de Azul Azul, en una investigación de la Fiscalía Oriente relacionada con la administradora de fondos Sartor AGF; en los operativos se incautaron cajas, computadores, cartas y actas de directorio entre otros documentos considerados de interés para la pesquisa.
03Ante ese contexto, todos o la mayoría de los candidatos —incluyendo a Alejandra Mizala, Sergio Lavandero, Francisco Martínez y Pablo Ruiz-Tagle— han planteado la necesidad de revisar el Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos que vincula a la Universidad con Azul Azul; la inquietud crece porque el principal accionista, Michael Clark, está bajo la mira de la justicia por presuntas irregularidades como negociación incompatible, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones, según reportes periodísticos.
04Los antecedentes contractuales citados en la cobertura muestran que el convenio entre la Universidad y Azul Azul fue firmado en 2008 y, tras el pago en 2022 de una deuda histórica de Corfuch, su vigencia quedó extendida hasta diciembre de 2052. El acuerdo autoriza a la sociedad a usar nombre, logos y símbolos de la Universidad y regula la comercialización y el merchandising; además establece obligaciones económicas para la concesionaria (incluido un pago equivalente al 1,05% de los ingresos brutos totales) y la incorporación de dos representantes universitarios en el directorio, mientras que la Universidad se exime de responsabilidad por los compromisos que la sociedad contraiga con terceros.
05Los candidatos han planteado medidas y críticas concretas: Mizala advirtió que "hay que revisar el convenio" y señaló que Clark "sigue siendo el máximo accionista" y que aún estaría tomando decisiones; Martínez pidió un compromiso claro de actuar "en forma legal, decente y abierta", propuso aumentar la representación universitaria en el directorio y acusó a Clark de haber "utilizado el club de una manera que no debería haberlo hecho"; Ruiz-Tagle anunció que, de resultar electo, impulsará "acciones enérgicas" e invitó a la Universidad a hacerse parte del proceso penal; Lavandero subrayó que la casa de estudios no puede ser indiferente ante una situación que compromete su nombre e identidad.
06Frente a los hechos, los postulantes proponen revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, estudiar los antecedentes de la investigación penal en curso, aumentar mecanismos de gobernanza y transparencia (incluida posiblemente mayor presencia en el directorio) y, en algunos casos, sumarse al proceso penal como parte interesada; la discusión contractual y las decisiones que adopte la nueva administración universitaria se perfilan como temas centrales para la segunda vuelta y para la defensa de la imagen institucional.
07La nota de Emol, publicada con posterioridad a la cobertura de La Tercera, amplió y actualizó las declaraciones de Mizala y Martínez luego de los resultados de la primera vuelta, reforzando la presión pública sobre la necesidad de revisar la relación entre la Universidad y la concesionaria.