Actualizado el 4/21/2025
La muerte de dos adolescentes en las afueras del partido Colo Colo vs Fortaleza intensifica la indagatoria judicial y la presión sobre autoridades y Carabineros
La tragedia ocurrida en las afueras del Estadio Monumental, previo al partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, ha generado una fuerte conmoción social y política en Chile. Dos adolescentes, un niño de 12 años y una joven de 18, perdieron la vida al ser atropellados de forma confusa por un carro policial en medio de disturbios originados por desmanes de hinchas.
Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía Metropolitana Oriente junto a la Policía de Investigaciones, buscan aclarar las responsabilidades detrás de estos decesos. Hasta el momento no existe una hipótesis definitiva: por un lado, algunos relatos apuntan a que las víctimas no habrían sido atropelladas directamente, sino que cayeron tras colapsar una reja que luego fue aplastada por el vehículo policial. Por otro lado, testimonios recogidos en un informe de Asuntos Internos de Carabineros y una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sugieren que el carro avanzó de manera antirreglamentaria, embistiendo intencionalmente a los jóvenes y pasando por encima de sus cuerpos sin prestarles auxilio.
En este contexto, la falta de imágenes de cámaras corporales, tanto de los funcionarios como del carro involucrado, complica la precisión de las investigaciones. Actualmente, el conductor del vehículo policial es el único imputado y ha decidido guardar silencio, mientras que otros dos carabineros, testigos directos, también han prestado declaración. Los tres funcionarios han sido separados de labores operativas, aunque aún no se resuelve una eventual baja permanente.
Paralelamente, la gestión y toma de decisiones por parte de autoridades civiles ha sido fuertemente cuestionada. Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, compareció ante el Congreso tras una semana de críticas por la presunta autorización tardía del evento y la supuesta ausencia de un plan de seguridad acorde. Durán defendió que la autorización no fue "de último minuto" y que existieron reuniones de coordinación previas, cumpliendo los plazos legales. Además, explicó que no tenía atribuciones para cancelar el partido antes de su inicio, ya que la ley exige condiciones específicas -un grave desorden público y un informe de Carabineros que lo recomiende-, requisitos que no estaban presentes antes del encuentro. Solo tras la invasión de la cancha por los hinchas se cumplían tales condiciones, momento en el cual se suspendió el partido.
La conmoción pública generada por estos hechos ha tenido repercusiones políticas, incluyendo la suspensión del plan Estadio Seguro, la primera crisis para el Ministerio de Seguridad y la amenaza de una acusación constitucional contra el propio Durán. Mientras la Fiscalía espera los resultados de pericias técnicas y el informe del Servicio Médico Legal, la sociedad y el Congreso exigen respuestas claras y responsabilidades efectivas por la muerte de los dos jóvenes.