La promesa busca destrabar tres semanas de bloqueos que han provocado desabastecimiento y tensión política en Bolivia.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno ha dado garantías para que los dirigentes que asistan a una nueva ronda de diálogo no sean aprehendidos, en un gesto dirigido a figuras como Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y Vicente Salazar, líder de la Federación Túpac Katari. La oferta se produjo mientras la Vicepresidencia, con Edmand Lara al frente, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo mediaban reuniones tras más de tres semanas de bloqueos que, según la Administradora Boliviana de Carreteras, suman al menos 66 puntos de corte en regiones como La Paz, Oruro y Potosí; Argollo mantiene una orden de aprehensión por supuestos delitos ligados a las protestas pero no ha sido ejecutada.
Pese a las garantías, la segunda jornada de diálogo convocada en la sede de la Conferencia Episcopal arrancó sin la presencia de los principales dirigentes de los sectores movilizados, lo que volvió a trabar las posibilidades de acuerdo y llevó a la COB y a Túpac Katari a anunciar la convocatoria de un cabildo nacional para definir los pasos siguientes. Al mismo tiempo, el presidente Rodrigo Paz abrió un Consejo Económico y Social e impulsó una ley que elimina restricciones sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, mientras sectores cívicos, como el Comité pro Santa Cruz, exigieron estado de excepción y una ley de resarcimiento por daños causados por los bloqueos.
El próximo hito será la nueva cita fijada en el Seminario San Jerónimo en La Paz y la reunión que el Ejecutivo planteó con comités cívicos en Santa Cruz; queda por ver si los dirigentes movilizados aceptan las garantías y concurren, si el Gobierno decide recurrir a un estado de excepción y cómo evolucionan las medidas para aliviar el desabastecimiento que ya afecta hospitales y transporte.