La decisión, aprobada por el Congreso en medio de bloqueos, abre la puerta a mayor despliegue de fuerzas y genera alertas por derechos humanos.
El Congreso boliviano aprobó la abrogación de la ley que regulaba los estados de excepción, con el Senado y la Cámara de Diputados respaldando el proyecto esta semana; la iniciativa ya pasó al Ejecutivo para su promulgación. La medida se tomó en medio de tres semanas de protestas y bloqueos que mantienen aisladas a La Paz y El Alto y causan desabastecimiento de alimentos y combustibles. Los impulsores sostienen que la derogación devuelve capacidad de acción al Gobierno ante la “convulsión” social; sus críticos advierten que puede facilitar el uso de las Fuerzas Armadas contra manifestantes. La decisión reactiva el debate sobre límites constitucionales y control parlamentario sobre medidas extraordinarias.
La ley N°1341, vigente desde 2020, establecía límites temporales, requisitos formales y mecanismos de control parlamentario para declarar estados de excepción; su derogación quita esos candados y podría permitir respuestas más rápidas y amplias del Ejecutivo. Aunque la Constitución prohíbe la suspensión de garantías fundamentales, la eliminación del marco normativo detallado reduce controles previsibles sobre el uso de la fuerza. En un país donde las movilizaciones se han extendido a varias regiones, la medida cambia el equilibrio entre la necesidad de restablecer el orden y la protección de derechos. Las organizaciones de derechos y la oposición reclaman transparencia y garantías ante posibles excesos.
El diputado Carlos Alarcón, promotor del proyecto, justificó la abrogación como una corrección de una norma que, en su opinión, impedía al Ejecutivo “hacer uso de la fuerza legal y legítima del Estado” para afrontar bloqueos y disturbios. Alarcón presentó primero la idea dentro de una ley antibloqueos y finalmente impulsó la iniciativa independiente que avanzó con rapidez en el Legislativo. Tras la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados votó a favor del texto en una sesión que incluyó ausencia de legisladores por las dificultades de traslado causadas por las protestas. El proyecto queda ahora en manos del presidente para su promulgación.
“ata de pies y manos”— Carlos Alarcón
La norma abrogada regulaba cuatro artículos de la Constitución sobre el estado de excepción, fijaba plazos máximos y condicionaba la intervención de las Fuerzas Armadas a que la Policía hubiera sido superada. Con su eliminación quedan reducidos los requisitos formales y el mecanismo de supervisión parlamentaria previsto en la ley de 2020, aunque la Carta Magna sigue prohibiendo la suspensión de garantías y derechos fundamentales. Expertos constitucionalistas y actores políticos debaten ahora cómo se interpretará esa combinación entre mayor discrecionalidad ejecutiva y las limitaciones constitucionales.
Desde bancadas que respaldan la medida sectores políticos y cívicos pidieron mayor firmeza para despejar las rutas y garantizar la libre circulación; el diputado Manolo Rojas defendió la derogación como respuesta imperiosa frente a la violencia en las calles. Rojas sostuvo que la protesta y la huelga están garantizadas, pero reclamó medidas más enérgicas contra quienes atacan a personal de seguridad o cometen hechos violentos. Su postura refleja el clamor de parte del empresariado y comités cívicos que exigen acciones para reactivar el abastecimiento.
“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”— Manolo Rojas
La medida encontró también voces críticas dentro del propio Congreso y entre organizaciones sociales, que advierten que quitar límites legales puede agravar la confrontación y dejar desprotegidas las reivindicaciones. La diputada Sonia Siñani afirmó que la abrogación sería “como echar gasolina al fuego” y se negó a respaldarla, subrayando el riesgo de acallar demandas ciudadanas. El debate parlamentario expuso fisuras internas en partidos y la preocupación de sectores que temen una respuesta militarizada.
“Es como echar gasolina al fuego, eso tenemos que entender, no podemos acallar al pueblo. Yo no voy a abrogar esta ley”— Sonia Siñani
Mientras tanto, la crisis mantiene bloqueos en varias regiones y la Fiscalía abrió una investigación por al menos un fallecimiento ocurrido en operativos para despejar carreteras; autoridades reportan además incidentes con heridos y denuncias de vulneraciones en puntos críticos. El diputado Edwin Valda advirtió que la abrogación podría generar “mayor violencia” y dejar sin protección a algunas reivindicaciones sociales. El impacto práctico de la nueva norma dependerá del uso que haga el Ejecutivo y de la respuesta de fuerzas y movilizados.
“mayor violencia”— Edwin Valda
Organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo exigieron esclarecimiento de incidentes y pidieron cese de la violencia; en un comunicado conjunto reclamaron investigaciones independientes tras los enfrentamientos en tramos entre La Paz y Oruro y en El Alto. Estas instituciones reclamaron también la protección de la vida y la integridad de la población mientras se discute el nuevo marco legal. Su llamado añade presión sobre el Ejecutivo para que, si promulga la ley, actúe con transparencia y control.
Las fuentes difieren sobre el efecto de la abrogación: sus promotores sostienen que elimina trabas para restaurar el orden y evitar anarquía, mientras que opositores, sindicatos y organismos de derechos humanos advierten que facilita el uso de la fuerza y puede vulnerar garantías. También hay versiones encontradas sobre la necesidad y el momento para decretar un eventual estado de excepción; el Gobierno lo presenta como último recurso y los sectores movilizados lo ven como amenaza.
El próximo hito es la firma presidencial que promulgue la abrogación y la eventual decisión del Ejecutivo sobre si dicta o no un estado de excepción sectorizado; mientras tanto, quedan pendientes las investigaciones judiciales por los incidentes y las llamadas a diálogo de organismos civiles. La forma en que se aplique la nueva facultad determinará si la crisis se descomprime o se intensifica.