Investigación en Peñalolén: déficit municipal, querellas y la defensa de Carolina Leitao

01Una auditoría municipal encargada tras el cambio de administración determinó un déficit por $16.318.389.000 durante la gestión 2021-2025 de Carolina Leitao en la Municipalidad de Peñalolén, en un municipio con un presupuesto cercano a $105 mil millones. El informe detalló partidas diversas que explican el agujero: $324 millones en cheques girados y no cobrados; $6.170 millones en ‘depósitos de tercero’; más de $7.666 millones en cuentas por pagar; $5.504 millones en pasivos omitidos; $2.144 millones en recursos presupuestados y no pagados; además de una sobreestimación de ingresos por $12.234 millones y ocultación de saldos negativos de caja, entre otros hallazgos.

02La auditoría también detectó un fuerte aumento en gastos de personal y honorarios entre 2021 y 2024 (contrata de $2.568 a $5.563 millones; honorarios de $4.406 a $7.392 millones) y un alza en horas extras (de $589 millones en 2021 a $1.442 millones en 2024). Además, el informe señaló que el 89% de los dineros provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) no fueron rendidos, y que existieron deudas y facturas impagas a grandes proveedores que no habrían sido registradas correctamente.

03Tras la revelación del informe se adoptaron medidas administrativas: se suspendió y se abrió un sumario contra la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, y la nueva administración contrató al estudio BACS Abogados para revisar antecedentes y eventualmente representar al municipio en acciones judiciales. Paralelamente, la investigación fiscal quedó en manos del Ministerio Público.

04La Fiscalía Metropolitana Oriente (a través de la Fiscalía de La Florida, Peñalolén y Macul) abrió de oficio una investigación por el déficit y despachó diligencias a la Brigada Anticorrupción de la PDI; la causa la ha tramitado el fiscal Juan Pablo Araya. Desde el Ministerio Público se decretaron las primeras diligencias y se han realizado incautaciones y otras actuaciones investigativas.

05En marzo el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) presentó una querella contra su antecesora por presuntos delitos —según la acción municipal— que habrían generado un perjuicio de más de $12 mil millones; la querella acusa, entre otros, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. La presentación y la difusión pública del caso generaron tensiones políticas en el oficialismo y en el gobierno por el rol que Leitao ocupó como subsecretaria de Prevención del Delito.

06Funcionarios de la PDI realizaron diligencias en la municipalidad y, entre los equipos incautados, se incluyó el computador que utilizaba Leitao. La exautoridad, que ha declarado públicamente y ante la investigación, se ha mantenido en posición de defensa: dijo estar “tranquila” porque actúo conforme a la ley (es abogada), negó irregularidades intencionales y afirmó que parte de la situación responde a una crisis de ingresos ligada a la pandemia y a contextos económicos excepcionales. Asimismo calificó las exhibiciones públicas del caso como un “show pirotécnico” y atribuyó la escalada política a una “desmedida necesidad de figuración” del alcalde.

07Como parte de su estrategia defensiva, Leitao contrató al profesor y especialista en derecho procesal Matías Insunza para representarla ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramita la causa. Insunza, con experiencia académica y litigiosa en materias de probidad y procesos complejos, asumió la defensa junto a otros recursos jurídicos que han activado también exadministradores de la gestión (Patricio Escobar y Juan Pino), quienes han contratado sus propios abogados.

08Estado actual y próximos pasos: la investigación penal continúa bajo la tutela de la Fiscalía Metropolitana Oriente con diligencias de la Brigada Anticorrupción de la PDI; hay incautaciones de evidencia, declaraciones y presentación de querellas y defensas que anticipan un proceso judicial prolongado. En paralelo, el debate público y político sobre responsabilidades administrativas y penales en la gestión municipal persiste, mientras las partes cruzan estrategias jurídicas y comunicacionales.