Autoridades, universidad y estudiantes activaron protocolos; Fiscalía y PDI investigan mientras la Superintendencia oficia a la casa de estudios.
La Fiscalía Local de Concepción investiga una denuncia por violación grupal presentada por una estudiante de la Universidad San Sebastián (sede Concepción) que atribuye los hechos a cuatro sujetos tras una fiesta mechona celebrada el 5 de marzo. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI tomó las primeras diligencias por instrucción del Ministerio Público y la afectada ya declaró ante la fiscal especializada. La universidad señala que recibió el caso en marzo, activó sus protocolos internos y mantiene colaboración con las autoridades.
El caso suma reacciones oficiales: el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó una querella y la Seremi de Educación del Biobío oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para seguimiento. La Superintendencia ya solicitó antecedentes a la USS en un plazo de cinco días hábiles para acreditar medidas de resguardo, investigación y sanción. La resolución de las diligencias de la PDI y el pronunciamiento del organismo regulador marcarán los pasos siguientes del proceso judicial y administrativo.
La investigación penal está a cargo de la Fiscalía Local de Concepción, que instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI para recabar pruebas y declaraciones. La Fiscalía informó que la víctima ya prestó declaración ante el Ministerio Público y que las diligencias buscan identificar a las personas involucradas; por ahora no hay personas detenidas ni formalmente identificadas. El avance de esas pesquisas será determinante para eventuales pasos procesales como medidas cautelares o formalizaciones.
La Universidad San Sebastián confirmó que recibió la denuncia en marzo y que activó los protocolos institucionales, además de abrir una investigación interna que permanece en curso. La casa de estudios aseguró que colaborará con las diligencias requeridas por las autoridades y que adoptará medidas preventivas, académicas y disciplinarias conforme avancen las indagatorias y se cuenten con antecedentes verificables. La universidad reafirmó su compromiso con la integridad y la seguridad de su comunidad estudiantil.
La directora regional del SernamEG en Biobío, Bárbara Monsalves, anunció la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables y comunicó que la institución brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima. Monsalves dijo que activaron todos los protocolos para la atención integral y que coordinarán con el Ministerio Público para perseguir responsabilidades penales. El organismo enfatizó la importancia de evitar la revictimización durante el proceso.
““presentamos una querella criminal contra quienes resulten responsables ante el Tribunal de Garantía de Concepción por el caso de violencia sexual ocurrido en la comuna”.”— Bárbara Monsalves
La Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, expresó preocupación y señaló que la secretaría oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para hacer seguimiento del caso. Carrasco destacó que al tomar conocimiento se constató que la universidad activó protocolos y se prestaron primeros auxilios psicológicos a la víctima, según sus palabras. La autoridad regional pidió celeridad en las diligencias que realiza la PDI para esclarecer los hechos.
““Lamentamos los hechos relatados en la denuncia de esta estudiante de la USS. Por supuesto que, cuando tomamos conocimiento, nos preocupamos de que la universidad activara los protocolos correspondientes.””— Teresa Carrasco
La Superintendencia de Educación Superior ofició a la USS para que entregue, en cinco días hábiles, antecedentes que acrediten las medidas adoptadas para resguardar a la estudiante y a la comunidad, así como las acciones investigativas y sancionatorias desplegadas por la institución. El organismo actuó “en ejercicio de las facultades de fiscalización y supervigilancia” previstas en la Ley de Educación Superior y apuntó a verificar cumplimiento institucional de protocolos. La respuesta de la universidad será clave para el análisis administrativo y posibles sanciones regulatorias.
““en ejercicio de las facultades de fiscalización y supervigilancia””— Superintendencia de Educación Superior
La Federación de Estudiantes de la USS Concepción (FEUSS) declaró consternación y exigió celeridad y rigor en las diligencias, además de pedir que organizadores y participantes de la fiesta colaboren con la Fiscalía y entreguen registros que puedan aportar al esclarecimiento. En su comunicado la federación pidió que quienes resulten responsables enfrenten sanciones judiciales e institucionales y sostuvo que no promueven actividades sin condiciones de seguridad. La postura estudiantil busca presionar por transparencia en el proceso interno y externo.
““Quienes resulten responsables deben enfrentar las sanciones institucionales””— Federación de Estudiantes USS Concepción
Las próximas semanas serán claves: la PDI deberá completar diligencias ordenadas por la Fiscalía y la Superintendencia espera la documentación de la universidad en cinco días hábiles. Esos antecedentes determinarán si hay formalizaciones penales y si la Superintendencia abre un procedimiento administrativo que podría derivar en medidas contra la institución. Mientras tanto, las autoridades y la comunidad esperan la continuidad del acompañamiento a la víctima.