El Tribunal Supremo ordenó repetir comicios; la lista ganadora impugna la medida y un informe interno cuestiona la nulidad total.
El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) declaró inválidos los resultados de las elecciones internas del 25 de abril y ordenó realizar nuevos comicios por fallas en la trazabilidad y control documental. La resolución apunta a la ausencia íntegra y oportuna de padrones, el uso desigual del foliado y divergencias entre actas y firmas en mesas a nivel nacional. Mientras tanto, las autoridades actuales permanecerán en sus cargos para garantizar continuidad administrativa. La decisión encendió protestas de la lista que se declaró ganadora y abrió un debate técnico interno.
La decisión transforma un resultado preliminar —en el que la Lista B se impuso por amplio margen sobre la Lista A en el recuento disponible— en un conflicto institucional que podría terminar en instancias externas como el Tricel o tribunales. Un informe técnico interno divulgado después sostiene que las irregularidades detectadas serían en su mayoría errores formales y no alterarían el cómputo final, lo que pone en tensión la razón de la nulidad nacional. Además, documentos internos muestran votos disidentes dentro del propio Tribunal Supremo, lo que complica la legitimidad de la medida.
El Tribunal Supremo del PDG fundamentó la anulación en la falta de condiciones de “certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental” y ordenó convocar un nuevo proceso bajo estándares reforzados, incluyendo conciliación obligatoria entre votos, firmas y documentación de mesa. La resolución describe diferencias objetivas entre votos consignados y firmas en padrones en diversas mesas y subraya deficiencias en la custodia y remisión de antecedentes. Además, el órgano dispuso que las autoridades vigentes sigan en funciones solo para efectos de continuidad administrativa hasta la nueva elección.
La Lista B, que según los resultados preliminares había sumado la mayor cantidad de votos, rechazó la decisión y anunció que impugnará ante instancias externas. Patricio Quisbert dijo que no están conformes con el fallo y adelantó que presentarán documentación ante el Tricel o recurrirán a un recurso de protección para resguardar la transparencia del proceso. Sus dirigentes advirtieron además sobre solicitudes de inhabilidad pendientes y votos disidentes dentro del propio Tribunal Supremo.
“No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden. Vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección, porque consideramos que el proceso no ha sido del todo transparente por parte del Tribunal Supremo”— Patricio Quisbert
Un informe técnico electoral interno, al que accedió La Tercera, relativiza la necesidad de anular todo el proceso: identifica la mayoría de observaciones como errores formales o deficiencias administrativas y calcula que los votos objetables cuantificables no alcanzan a revertir el resultado. El documento analiza mesas puntuales —Calama, Ovalle, Coronel, Villarrica y Angol— y concluye que no hay evidencia técnica de un fraude sistemático ni de pérdida generalizada de trazabilidad. Como recomendación propone revisión individualizada y reforzamiento de protocolos para futuras votaciones en vez de una nulidad nacional.
Dentro del propio Tribunal Supremo hubo reparos formales: documentos internos registran votos disidentes de al menos dos integrantes que solicitaron la nulidad de resoluciones y pidieron la intervención del Consejo General. Esos escritos alegan contradicciones materiales, falta de trazabilidad colegiada y posibles inhabilidades pendientes, y piden una revisión más amplia de la decisión. Esos reparos fortalecen el argumento de la Lista B sobre la existencia de incertidumbre jurídica en el procedimiento de anulación.
En contraste, algunos dirigentes del partido celebraron la medida como una exigencia mínima de seriedad institucional y trazabilidad. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada del PDG, sostuvo que sin padrones oportunos no hay certeza sobre quién votó y que lo procedente es rehacer la elección, aun cuando ello implique costos políticos. La discusión expone la fragilidad del proceso interno y la necesidad de protocolos electorales más robustos en el partido.
“Lo que corresponde entonces es rehacer esta elección y creo que es una señal de seriedad, tenga los costos que tenga”— Juan Marcelo Valenzuela
Está en disputa si las inconsistencias detectadas justifican la nulidad total: el Tribunal Supremo habla de fallas estructurales en trazabilidad y control documental, mientras que un informe técnico interno plantea que las observaciones son mayoritariamente formales y no alterarían el resultado. La Lista B acusa falta de legitimidad y anuncia recursos ante el Tricel y tribunales, y dos integrantes del propio Tribunal Supremo dejaron constancia de reparos en la resolución.
El próximo hito será la resolución de las impugnaciones: la Lista B avanzará al Tribunal Calificador de Elecciones y evalúa recursos judiciales, mientras el Tribunal Supremo debe convocar y fijar normas y plazos para las nuevas votaciones. La forma en que se incorporen observadores, padrones y mecanismos de conciliación será determinante para la percepción de legitimidad interna del PDG.