La medida agudiza un choque diplomático mientras continúan protestas y bloqueos que exigen la renuncia de Rodrigo Paz.
El Gobierno de Bolivia pidió a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, que concluya sus funciones y la declaró persona non grata tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las protestas en La Paz. La Cancillería justificó la expulsión por “injerencia” y aseveró que la decisión no implica ruptura de relaciones bilaterales. Petro había calificado la situación en Bolivia como una “insurrección popular” y ofreció mediación si es invitado. La medida coincide con dos semanas de bloqueos y enfrentamientos que afectan el suministro de combustible y oxígeno en el altiplano.
La expulsión eleva la disputa diplomática entre La Paz y Bogotá en medio de una crisis interna que pone en jaque la gobernabilidad de Rodrigo Paz. Lo que empezó como bloqueos y demandas contra reformas económicas escaló a enfrentamientos con fuerzas combinadas y a la intervención de actores regionales, poniendo en cuestión el principio de no injerencia. Tanto organizaciones campesinas como la Central Obrera Boliviana mantienen cortes que han provocado escasez de insumos en la capital y ciudades adyacentes. La reacción de gobiernos extranjeros y el retiro de la embajadora colocan ahora el conflicto en un plano internacional.
La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que solicita a la embajadora de Colombia la conclusión de sus funciones, argumentando que la presencia diplomática no puede sustentar pronunciamientos que, a su juicio, constituyen injerencia en asuntos internos. El ministerio afirmó que la decisión busca preservar «principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo» y precisó que la medida no supone una ruptura de relaciones bilaterales. El plazo para la salida de la diplomática fue otorgado conforme a normas internacionales. La nota fue presentada como respuesta directa a los mensajes públicos del presidente Petro sobre la crisis.
Gustavo Petro sostuvo públicamente que Bolivia atraviesa una «insurrección popular» y dijo que la oferta de mediación de su Gobierno permanece abierta «si es invitado». En una entrevista radial advirtió que el rechazo a la intermediación y la expulsión de la embajadora son señales de «extremismos» que podrían derivar en graves consecuencias para la población. Petro también reclamó que en las Américas «no haya presos políticos» y llamó a construir una democracia más plural. Sus declaraciones precipitaron la reacción oficial de La Paz y elevaron la tensión diplomática entre ambos países.
“Bolivia vive una «insurrección popular».”— Gustavo Petro
El presidente Rodrigo Paz respondió calificando las afirmaciones de Petro como «un ataque a la democracia boliviana» y defendió la decisión de expulsar a la embajadora por considerar que representaba una «injerencia tremenda». Paz acusó además que la acción de Colombia privilegia una línea ideológica por sobre el respeto a la soberanía nacional. Su gobierno insistió en que las diferencias deben resolverse «dentro del marco constitucional» y mediante diálogo interno. La respuesta oficial subraya la distancia entre el Ejecutivo boliviano y las declaraciones externas.
“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”— Rodrigo Paz
Las protestas las encabezan la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana y agrupaciones afines a Evo Morales; mantienen bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustible, alimentos e insumos médicos en La Paz y El Alto. Fuerzas combinadas realizaron operaciones para habilitar corredores humanitarios, lo que derivó en enfrentamientos y denuncias de violencia, tras lo cual el Ejecutivo ordenó el repliegue para evitar una mayor escalada. La reunión de diálogo convocada por el Gobierno no contó con la presencia del principal sector campesino, que ratificó su rechazo a las reformas y anunció nuevas movilizaciones. La persistencia de cortes muestra que la crisis no cede y que el impacto humanitario se agudiza.
El canciller Fernando Aramayo acusó a Petro de difundir «información falsa» y de actuar como cómplice político de Evo Morales, y pidió al presidente colombiano que se pronuncie sobre denuncias judiciales contra el exmandatario. A la vez, el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, aseguró que las protestas exhiben un «golpe de Estado en marcha» y llamó a respaldar al presidente Paz, lo que introduce otra presión internacional sobre la crisis. La combinación de acusaciones recíprocas y de denuncias externas complica las vías diplomáticas propuestas hasta ahora. Observadores internacionales y gobiernos regionales quedan ahora frente a decisiones sobre apoyo y mediación.
Las fuentes discrepan sobre la naturaleza de las movilizaciones: Petro las define como una “insurrección popular” y advierte de posibles masacres, mientras que el Gobierno boliviano rechaza esa caracterización y acusa a Colombia de injerencia. Estados Unidos, por su parte, ha planteado la existencia de un «golpe de Estado en marcha», postura que difiere de la versión oficial de La Paz. Tampoco hay consenso sobre la existencia y magnitud de hechos violentos atribuibles a las fuerzas estatales.
El próximo hito será el plazo otorgado para la salida de la embajadora y la eventual respuesta del Gobierno colombiano, que puede elevar o suavizar el choque diplomático. En lo interno, la atención se focaliza en si los principales sectores campesinos aceptarán participar en el diálogo convocado por el Ejecutivo o si mantendrán los cortes que intensifican la escasez en La Paz y El Alto.