PNL y Republicanos acusan omisión de US$10.500 millones en proyecciones y exigen responsabilidades políticas y penales.
El Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, tras la denuncia del ministro Jorge Quiroz sobre una supuesta omisión de US$10.500 millones en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. Los anuncios se hicieron el martes 26 de mayo en puntos de prensa y en redes, y los impulsores afirman que la desviación altera la trayectoria de deuda para 2026-2030. Los bloques más duros de la derecha emplazan además a Chile Vamos a sumarse y anuncian que buscarán responsabilidades políticas, civiles y penales. La arista técnica y la disputa política estallaron en plena tramitación del proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno.
La disputa importa porque, si se confirma la omisión advertida por Quiroz, la deuda pública podría superar el umbral del 45% del PIB a fines de la década, con efectos sobre la credibilidad fiscal y la capacidad de financiamiento del Estado. Además, la presentación de una acusación constitucional obliga a los partidos a definir si priorizan la sanción política o la estabilidad en la tramitación de iniciativas clave del Ejecutivo. La pulseada también expone la línea entre controversia técnica y herramienta política, y abre la puerta a investigaciones administrativas y judiciales.
El jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, confirmó que la acusación constitucional se basará en los artículos 3 y 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado y afirmó que existe una “inconsistencia aritmética” cercana a los US$10.500 millones en las proyecciones para 2026-2030. Urruticoechea dijo que, si otras bancadas no presentan el libelo en el plazo que fijaron, lo hará el PNL por iniciativa propia. Integrantes del PNL en la comisión de Hacienda advirtieron que buscarán además responsabilidades penales si corresponde.
El Partido Republicano anunció en paralelo que impulsará la misma acción contra Grau y su jefe de bancada, Benjamín Moreno, enfatizó en redes sociales que se trata de “hechos aritméticos”. Moreno y el presidente del partido, senador Arturo Squella, sostienen que las inconsistencias podrían implicar desde descuidos hasta responsabilidades judiciales y pidieron profundizar las auditorías internas detectadas por el actual Ejecutivo.
“No es un juicio político: son hechos aritméticos.”— Benjamín Moreno
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 y explicó que, al comparar el tercer y cuarto trimestre de 2025, se detectó que no se había incluido deuda por unos US$10.500 millones para 2026-2030, lo que según su análisis dejaría un faltante en la trayectoria proyectada de deuda. Quiroz advirtió que, al corregir esa inconsistencia, la deuda relativa al PIB podría superar el 45% en 2028 y alcanzar 46,5% en 2030, y anunció investigaciones administrativas para determinar las causas.
El exministro Nicolás Grau rechazó las imputaciones y atribuyó la diferencia a supuestos distintos en las hipótesis macroeconómicas —tipo de cambio, inflación y crecimiento nominal—, más que a un error técnico. Grau publicó una explicación pública y defendió la consistencia de las proyecciones a cuatro años, afirmando en su hilo que la proyección del IFP es consistente y no contiene errores de cálculo.
“La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”— Nicolás Grau
En Chile Vamos primó la cautela: la UDI y RN dijeron que estudiarán en profundidad el mérito de una acusación y pidieron remitir antecedentes a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado antes de optar por un libelo que podría desgastar la agenda legislativa. Flores en la coalición recordaron además la dificultad de asegurar los votos en el Senado y la posibilidad de que la ofensiva fragmente acuerdos necesarios para la tramitación de la megarreforma y la ley de reconstrucción.
Las fuentes discrepan sobre la naturaleza de la diferencia: el ministro Quiroz y los impulsores del libelo hablan de una omisión aritmética de US$10.500 millones que cambiaría la trayectoria de deuda; en tanto Grau y exasesores sostienen que las variaciones responden a distintas hipótesis macroeconómicas y no a un error técnico. Sectores del oficialismo califican la acción de instrumentalización política, mientras republicanos y libertarios la presentan como una exigencia de transparencia.
El próximo hito será la posible presentación formal del libelo: los libertarios advirtieron que lo ingresarán si no hay adhesiones en una semana y el plazo para nuevas iniciativas vence el 11 de junio. Paralelamente, se espera la decisión de Chile Vamos sobre firmar o no, y el avance de las indagaciones administrativas anunciadas por Quiroz —incluida la remisión a Contraloría o al Consejo de Defensa del Estado— para aportar pruebas sobre las discrepancias.