Proyecto ofrece reembolsos al 80% más vulnerable vía Bolsillo Familiar; costo y lista de fármacos quedan por definir.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que reembolsa el 19% del IVA por compras de medicamentos y pañales a beneficiarios del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. El pago se realizará como transferencia al Bolsillo Familiar Electrónico administrado por CuentaRUT y lo ejecutará el Instituto de Previsión Social (IPS). El beneficio cubriría madres con hijos hasta 24 meses, adultos mayores con condiciones médicas y pacientes crónicos con fármacos incluidos en la lista que definirá el Ministerio de Salud. El Ejecutivo estipula un tope de gasto anual para el primer año y obliga boleta electrónica y receta médica cuando corresponda.
La medida nace de un acuerdo con el Partido de la Gente para avanzar la llamada “Ley de Reconstrucción Nacional” y busca aliviar la carga en hogares con gastos constantes en fármacos o pañales. No operará como descuento en el punto de venta: los beneficiarios pagan y luego solicitan el reembolso, que se efectúa el mes siguiente. El reglamento y la nómina de medicamentos incluidos quedarán a cargo de los ministerios pertinentes, por lo que la cobertura concreta y los mecanismos de control se definirán en la tramitación legislativa.
El Gobierno presentó la iniciativa tras negociaciones con el Partido de la Gente, proponiendo un bono compensatorio que devuelve el IVA mediante transferencias al Bolsillo Familiar Electrónico. El proyecto limita el universo de beneficiarios al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y define perfiles: madres con menores de 24 meses, adultos mayores con condiciones médicas y personas con tratamientos crónicos. La condición de causante para bebés se acreditará con la inscripción en el Registro Civil; para adultos mayores y dependientes se requerirán certificados médicos que el reglamento precise. La ley entraría en vigencia cuatro meses después de la publicación del reglamento en el Diario Oficial.
El Instituto de Previsión Social (IPS) será el pagador y recibirá mensualmente las nóminas validadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El reembolso no se aplica en el acto de la compra: los beneficiarios deberán conservar la boleta electrónica y, en el caso de medicamentos, contar con receta electrónica vigente para solicitar el pago. Los montos se transferirán al mes siguiente a través de la CuentaRUT asociada al Bolsillo Familiar Electrónico. El proyecto también establece sanciones por falsificación y mecanismos digitales de validación para evitar fraudes.
El Ejecutivo fijó un tope de gasto para el primer año: un monto equivalente a US$100 millones, que según la iniciativa se ajustará en ejercicios posteriores conforme al crecimiento de los ingresos estructurales calculado por la Dirección de Presupuestos. Para ese primer año, el mayor gasto se financiaría con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con suplementación desde la partida del Tesoro Público administrada por el Ministerio de Hacienda. El ajuste anual deberá ser verificado y comunicado por Hacienda antes del 15 de julio.
La cobertura de medicamentos será limitada: el proyecto señala que solo entrarán fármacos asociados a tratamientos permanentes o crónicos, y la lista será definida por el Ministerio de Salud en el reglamento. Además, para comprar en condiciones de reembolso las transacciones deben realizarse en comercios formalmente establecidos que emitan boleta electrónica, lo que excluye ventas informales y busca que el sistema sea trazable. El cumplimiento de requisitos médicos y digitales será condición para la inclusión en las nóminas que remite Desarrollo Social al IPS.
La iniciativa nació como parte del acuerdo con el Partido de la Gente para avanzar la megarreforma tributaria, lo que introduce un componente político en su tramitación porque la magnitud del gasto y la focalización podrán cambiar en el debate legislativo. El detalle operativo —quiénes exactamente entran en la lista de fármacos, el reglamento de acreditaciones y las sanciones por fraude— será discutido en comisiones y en la redacción final de la ley. Varios sectores sociales ya anticipan que exigirán claridad sobre alcance y fiscalización.
Las notas difieren en la cifra de referencia del costo anual: algunos artículos señalan un tope de US$100 millones para el primer año, mientras que otros calculan el costo en más de $90.000 millones anuales en pesos chilenos, lo que provoca una aparente discrepancia por la unidad y la conversión usada.
El próximo hito será la tramitación en comisiones del Congreso y la elaboración del reglamento: ahí se definirá la lista de medicamentos, los criterios médicos precisos y el calendario de pagos. También habrá que esperar la verificación del ajuste presupuestario anual que hace la Dirección de Presupuestos y la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda antes del 15 de julio.