El exministro advierte que la reubicación de tres internos vulnera la igualdad ante la ley y pide transparencia al Gobierno.
Gendarmería informó el traslado de tres reos condenados por delitos comunes que estaban alojados en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido como Punta Peuco, y el exministro de Justicia Jaime Gajardo calificó la medida de “muy mala decisión” que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y en la igualdad ante la ley. Gajardo sostuvo que, en la práctica, la reubicación conduce a restablecer privilegios que gobiernos anteriores habían intentado eliminar y cuestionó que personas vinculadas a crímenes de la dictadura vuelvan a recibir un trato diferenciado.
Tras las críticas, Gajardo recordó hitos como el cierre del penal Cordillera durante el gobierno de Sebastián Piñera y la transformación de Punta Peuco en penal común en la administración de Gabriel Boric, y exigió que el Ejecutivo aclare si hubo una decisión política que amerite modificar el decreto de creación del recinto. En paralelo, la institución señaló que la reubicación se hizo conforme a sus atribuciones y por petición voluntaria de los internos, mientras que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió que la medida obedeció a criterios técnicos y no a una decisión política.
Gajardo también planteó condiciones legales para conmutaciones y flexibilizaciones carcelarias basadas en el Estatuto de Roma y en la colaboración judicial, y valoró la reunión con el ministro Fernando Rabat como gesto de continuidad en políticas públicas. El próximo hito será la respuesta del Ejecutivo: que el Gobierno explique públicamente si mantendrá la especialidad del decreto de Punta Peuco o avanzará en cambios administrativos y legislativos, además de precisar cómo piensa cumplir las promesas de infraestructura penitenciaria que el presidente José Antonio Kast incluyó en campaña frente a las plazas ya proyectadas por la administración anterior.