Bloqueos y choques interrumpen alimentos y combustibles, aumentando la tensión política y el riesgo económico en Bolivia.
Tras casi un mes de protestas y bloqueos en rutas hacia La Paz y El Alto, la capital administrativa enfrenta desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos que obligó a bancos a cerrar y dejó hospitales con escasez de oxígeno. El presidente Rodrigo Paz aseguró que las movilizaciones ponen a prueba la viabilidad de la democracia y atribuyó el conflicto a “intereses internos y externos”, mientras un operativo policial-militar para abrir un corredor humanitario fue emboscado y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, relató que la caravana debió retroceder ante ataques con piedras, petardos y hasta dinamita.
La crisis tiene raíces económicas y políticas: la eliminación de subsidios al diésel y la escalada de precios alimentaron una inflación que redujo en términos reales la capacidad de compra y agravó la escasez de divisas; analistas advierten que la deuda pública y la dependencia de importaciones complican la respuesta. Los convocantes —un conjunto heterogéneo de campesinos, gremios y sectores afines al expresidente Evo Morales, con la movilización de la COB entre los impulsores— exigen la renuncia de Paz, y la Fiscalía emitió además pedidos de detención vinculados a dirigentes; al mismo tiempo, el gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable, lo que limita su margen de maniobra.
El Ejecutivo ha intentado abrir canales de diálogo y convocó a mesas con organizaciones sociales, anunció un reordenamiento de gabinete y plantea crear un consejo socioeconómico para abordar medidas sobre petróleo, minería y litio, pero los principales dirigentes han condicionado cualquier negociación a respuestas concretas y varios intentos de desbloqueo fracasaron. La próxima semana será clave: queda por ver si las mesas se instalan y permiten restablecer suministros, si las multilaterales desembolsan créditos prometidos para alivianar la crisis, y en qué medida el gobierno podrá convertir esos recursos en acuerdos sociales que contengan la escalada.