La Corte Suprema de Chile aplicó la sentencia internacional 'Vega González y otros vs. Estado de Chile', elevó condenas en causas de lesa humanidad, reingresó a prisión a exagentes, provocó críticas políticas y, en otro fallo, ordenó millonaria indemnización por torturas.
01La Corte Suprema, mediante la Segunda Sala, dictó un fallo histórico para dar cumplimiento al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Vega González y otros versus el Estado de Chile": revisó 14 causas por delitos de lesa humanidad y dispuso aumentar las penas de los condenados, alegando que la aplicación previa de beneficios como la “media prescripción” había diluido la gravedad de los hechos y vulnerado obligaciones internacionales.
02Los aumentos de pena decretados por la Suprema varían según las causas (según las distintas comunicaciones públicas, dentro de un rango que va desde alrededor de 5 años hasta cifras mayores, en algunos reportes hasta 15 años), y afectan a condenados que estaban cumpliendo otras penas, a quienes ya habían salido en libertad y a condenados fallecidos (en cuyo caso la Suprema se abstuvo de aplicar cambios por la extinción de la responsabilidad penal).
03Como consecuencia práctica, la Suprema ordenó despachar órdenes de detención para los condenados que ya habían terminado sus penas; cuatro exagentes —Carlos Eduardo Fachinetti López, Eduardo Martín Chávez Baeza, Víctor Manuel Muñoz Orellana y Víctor Hugo Lara Cataldo— reingresaron a la cárcel (dos a Colina Uno y dos a la ex Punta Peuco/centro de Tiltil), mientras que otros condenados verán incrementado el tiempo que deberán purgar cuando terminen sentencias en curso; en algunos casos la reclusión adicional se sustituirá por reclusión domiciliaria con monitoreo telemático; también hubo excepciones por salud grave o demencia.
04El fallo mencionó expresamente la integración de la Segunda Sala que resolvió estas materias —ministros Manuel Antonio Valderrama y Leopoldo Llanos, las ministras María Cristina Gajardo y María Soledad Melo y la exministra María Teresa Letelier— y fue cuestionado por sectores de la oposición y de la defensa de los condenados por la forma en que se implementó la orden internacional.
05Desde el mundo libertario el Partido Nacional Libertario (PNL) —encabezado por el diputado Johannes Kaiser— anunció que está analizando medidas extremas, entre ellas la posibilidad de una acusación constitucional contra cinco ministros de la Suprema; el abogado Maximiliano Murath, vinculado al PNL y defensor de varios condenados, anunció además que preparará una querella por prevaricación y otras acciones penales, denunciando la supuesta vulneración del principio de cosa juzgada y la inexistencia de un procedimiento legal previsto para estos efectos.
06En la vereda opuesta, la abogada Karinna Fernández —quien representó a 99 familias en la causa interamericana— defendió la actuación de la Suprema, calificándola como un "buen ejemplo" de cumplimiento de sentencias internacionales y subrayó que la decisión busca corregir distorsiones que generaron impunidad; Fernández enfatiza que el control de convencionalidad y la exigencia de penas proporcionales y efectivas son imprescindibles en materia de justicia transicional.
07Gran parte del debate gira en torno a la ausencia en la normativa chilena de un procedimiento claro y normado para la implementación de sentencias de tribunales internacionales: críticos sostienen que la Suprema improvisó mecanismos procesales que no estarían previstos por la ley y que violan la cosa juzgada; defensores argumentan que, frente a la inacción del legislador, el tribunal aplicó obligaciones convencionales y el control de convencionalidad para proteger derechos humanos fundamentales.
08En paralelo, y como otra expresión reciente del máximo tribunal en materia de derechos humanos, la Corte Suprema —también en fallo de la Segunda Sala— condenó al Fisco a pagar $270 millones en indemnización a los nueve hijos de Luis Orlando Luarte Mora, detenido y torturado por efectivos de Carabineros en septiembre de 1973. La Suprema revocó la Corte de Apelaciones de Concepción al reconocer a los demandantes la calidad de víctimas por repercusión, fijando $30 millones para cada uno y descartando prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
09Las resoluciones y la polémica anticipan nuevas acciones judiciales y políticas: las defensas estudian querellas y recursos internacionales, el PNL baraja una acusación constitucional, y expertos y activistas piden al Congreso que regule un mecanismo claro para ejecutar sentencias internacionales, con el fin de evitar improvisaciones y consolidar garantías procesales y de reparación para las víctimas.