Informe preliminar apunta a irregularidades en diciembre de 2025, La Moneda exige respuestas y nombra directores con mandato de investigación mientras el cobre marca máximos históricos
01Una auditoría interna preliminar de Codelco detectó el incumplimiento de protocolos y la contabilización indebida de cerca de 20.000 toneladas métricas de cobre fino (tmf) durante diciembre de 2025, lo que sugiere que la producción reportada ese mes pudo haber sido abultada artificialmente para alcanzar metas anuales. El hallazgo fue informado por la propia estatal y detallado en investigaciones periodísticas que revelan posibles irregularidades en autorizaciones y controles internos.
02Las cifras cuestionadas muestran un contraste agudo: en diciembre Codelco informó —según registros citados— cerca de 172.300 toneladas propias, un registro muy superior al promedio mensual de 105.600 tmf entre enero y noviembre de 2025. En marzo, Cochilco reportó además que la producción de la estatal había caído a 91.000 toneladas, lo que profundiza las dudas sobre la consistencia de los datos y los métodos de cierre de año.
03El informe apunta a decisiones puntuales de empleados y directivos: menciona al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez Márquez, como quien gestionó la inclusión de esas 20.000 tmf como producto terminado sin las aprobaciones requeridas de la Gerencia de Contabilidad ni de la Gerencia de Servicios Comerciales, y al gerente de la División Chuquicamata, René Galleguillos, como firmante de la nota interna que validó la operación. La auditoría advierte que se utilizó una normativa interna (IFC N°108) fuera de su alcance y que se excedieron facultades.
04La revelación generó molestia en La Moneda por la sensibilidad financiera y reputacional del caso: las autoridades han expresado sorpresa porque el informe preliminar aún no les fue entregado formalmente y pidieron explicaciones sobre la gestión de crisis del presidente del directorio, Máximo Pacheco. Como señal política, el gobierno nombró tres nuevos consejeros para el directorio —Bernardo Fontaine, Luz Granier y Alejandro Canut— con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa, y el biministro Daniel Mas subrayó la necesidad de “retomar el control” de la compañía.
05El episodio llega en un momento de precios extraordinarios del cobre: el metal marcó nuevos máximos históricos (US$ 6,39/lb el 13 de mayo en la Bolsa de Metales de Londres), impulsado por un desbalance entre oferta y demanda, con factores como la escasez de ácido sulfúrico y la menor producción chilena reforzando la percepción de fragilidad operacional en la base productiva global. Ese contexto eleva la importancia fiscal y política de la precisión en los registros productivos de Codelco.
06Más allá del control interno, el caso reavivó debates políticos y públicos sobre el futuro de Codelco: un editorial y columnas de opinión advierten que la situación alimenta el 'fantasma' de la privatización y obliga a discutir de cara a la ciudadanía cuál será el rol del Estado; en paralelo, la industria y fuentes consultadas señalan que prácticas de 'vaciar la tubería' al cierre de año para maximizar resultados pueden crear incentivos cuestionables (por ejemplo, vinculados a bonos por cumplimiento de metas).
07El proceso formal sigue en curso y con reserva: la auditoría interna incluirá etapas de revisión y derecho a descargos (plazos para entregar antecedentes vencidos en la segunda semana de mayo), por lo que Codelco y el Comité de Auditoría aún no han cerrado conclusiones. Las autoridades han anunciado que podrían pedir una auditoría externa y que los nuevos directores asumirán con mandato claro para esclarecer la situación antes de adoptar medidas disciplinarias o administrativas.
08Las implicancias son múltiples: el episodio puede afectar la confianza de los mercados y de inversionistas en proyectos mineros, incidir en proyecciones fiscales dependientes del cobre —mientras el gobierno busca aprovechar los precios altos y elevar la producción nacional— y obliga a priorizar mejoras en gobierno corporativo, control de inventarios y transparencia para proteger la principal fuente de ingresos del país.