Atentado incendiario en la central Rucalhue genera condena y debate sobre seguridad en Chile

Durante la madrugada del domingo, un atentado incendiario de gran envergadura afectó a la central hidroeléctrica Rucalhue, en la Región del Biobío, dejando como saldo la destrucción de al menos 45 camiones, cinco maquinarias y dos guardias heridos levemente. Este ataque, uno de los más graves acontecidos en la Macrozona Sur en los últimos años, fue perpetrado por desconocidos armados y ha sido señalado como un nuevo hito en la escalada de violencia en la zona.

El presidente Gabriel Boric condenó públicamente el hecho, asegurando que "perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia" y haciendo un llamado a la unidad nacional. Boric reafirmó la decisión del Ejecutivo de presentar una querella criminal invocando la Ley Antiterrorista, enfatizando que en Chile "se respeta el Estado de Derecho" y que el gobierno será firme contra cualquier grupo que practique la violencia para buscar reivindicaciones. Además, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, recalcó que la gravedad y la forma del ataque justifican la invocación de la Ley Antiterrorista, comprometiendo todos los esfuerzos del Estado para avanzar en las investigaciones.

Paralelamente, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, manifestó una fuerte crítica hacia el Gobierno, acusándolo de no brindar suficiente respaldo a las fuerzas de seguridad y de no lograr resultados tangibles en materia de detenciones tras los ataques. Pérez recalcó que este es "el atentado más grande que hemos sufrido los camioneros de Chile", e insistió en que la responsabilidad última recae en las autoridades, cuestionando la efectividad de la nueva agenda de seguridad y la falta de respaldo a las instituciones encargadas del orden público.

Los gremios afectados han insistido en la necesidad de resolver los problemas de inseguridad en la región, advirtiendo que la persistencia de los ataques afecta tanto al transporte como al normal desarrollo de las actividades económicas del país. La empresa afectada, así como el Gobierno, ya han anunciado que interpondrán querellas por los hechos, mientras la comunidad y los actores políticos claman por resultados concretos en la persecución de los responsables y por medidas más efectivas para prevenir nuevos atentados en el futuro cercano.