El alcalde de Santiago rechaza la obra —la califica como "una cárcel nueva"— y acusa al subsecretario de Justicia de una "pachotada"; conflicto vuelve a tensarse tras declaraciones públicas y se enmarca en disputas previas del edil con la Defensoría de la Niñez.
01El 14 de mayo de 2026 el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó con dureza los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre la ampliación del penal Santiago 1, señalando que lo que se proyecta "es una cárcel nueva" y rechazando que se presente la obra como una mejora para los vecinos.
02Desbordes cuestionó la lógica técnica de la ampliación: advirtió que las 1.600 plazas proyectadas no evitarán la llegada de nuevos internos y citó la experiencia histórica de las cárceles chilenas para asegurar que una ampliación de ese tamaño terminará duplicando o multiplicando la población penal en pocos años, por lo que se opone "porque técnicamente no corresponde".
03Además de las objeciones técnicas, Desbordes vinculó la iniciativa a un interés económico: dijo que ampliar la concesión permitiría al fisco pagar en cuotas y sin desembolso inmediato, y comparó el proyecto con casos como Colina 1 y Colina 2 para subrayar que lo planteado equivaldría a construir un nuevo establecimiento penitenciario.
04La controversia se agudizó por el tono de los intercambios: Silva afirmó en medios que la ampliación "representa una ventaja para los vecinos" e invitó a Desbordes a conversar e incluso a la inauguración; ante eso el alcalde respondió que la invitación rozaba la ironía y calificó la actitud del subsecretario como "una pachotada" que le impide sostener un diálogo con él.
05El episodio de mayo de 2026 se suma al historial de enfrentamientos públicos del alcalde Desbordes con autoridades y organismos estatales: en diciembre de 2025 protagonizó un cruce con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, por la aplicación de la Ley Aula Segura en liceos emblemáticos de la comuna —un debate que incluyó acusaciones mutuas sobre obstrucción y "mitos" acerca de la actuación de la Defensoría—.
06En aquel conflicto sobre Aula Segura, Quesille negó que la Defensoría pretenda impedir la aplicación de la ley —dijo que esa idea "ha sido un mito"— y sostuvo que sus oficios no prohíben el uso de normativas vigentes, mientras que la Municipalidad de Santiago respondió acusando al organismo de entorpecer su trabajo y justificó medidas adoptadas en establecimientos afectados por violencia, citando caídas de matrícula en recintos como el INBA y el Liceo de Aplicación.
07En síntesis, la disputa abierta por la ampliación de Santiago 1 combina objeciones técnicas y políticas —según el alcalde— con diferencias de tono entre autoridades, y llega en un contexto en que el jefe comunal ya ha mantenido choques públicos con otros actores estatales por temas de seguridad escolar; la situación pone en duda la posibilidad de diálogo cercano entre la municipalidad y el subsecretario de Justicia mientras persistan esas posiciones.