Las fiscalías solicitan diligencias internacionales y enfrentan límites de cooperación con Venezuela, mientras avances en Chile vinculan a células del Tren de Aragua con secuestros, homicidios y un juicio con penas millonarias en años de cárcel.
01La Fiscalía chilena, encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal del caso Ronald Ojeda, Héctor Barros, ha decidido solicitar formalmente la toma de declaración de Nicolás Maduro —actualmente detenido en Estados Unidos— en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La solicitud, que según la Fiscalía se concretaría durante la semana, ya fue firmada por el fiscal nacional y será remitida a través de Cancillería para su tramitación ante autoridades estadounidenses; se estima que la respuesta de Estados Unidos podría demorar alrededor de un mes.
02Los fiscales argumentan que la declaración de Maduro podría aportar antecedentes relevantes: en la carpeta investigativa se indica que el encargo del homicidio habría sido realizado por personas del entorno del régimen venezolano (mencionándose a Diosdado Cabello) y que el pago a la organización Tren de Aragua habría sido pagado por ese estamento. No obstante, los persecutores reconocen que, si se logra realizar la diligencia, Maduro tendría la condición de imputado y podría acogerse al derecho a guardar silencio; además la toma de declaración requiere la cooperación y autorización de las autoridades norteamericanas.
03Además de Maduro, la investigación apunta directamente a Diosdado Cabello: al menos un testigo lo ha mencionado como quien habría encargado el crimen y como responsable del pago a la cúpula del Tren de Aragua. El fiscal Barros señaló que hay múltiples antecedentes que vinculan a Cabello con el encargo y que la Fiscalía busca identificar a “las otras personas” involucradas en la toma de decisión y ejecución del hecho.
04La Fiscalía ha advertido que existen limitaciones prácticas para avanzar vía Venezuela: según el fiscal nacional Ángel Valencia hay al menos 14 solicitudes de extradición autorizadas por tribunales chilenos que no han podido tramitarse porque no existen relaciones diplomáticas formales con Caracas, lo que complica tanto la comunicación de detenciones como la concreción de los procedimientos internacionales necesarios.
05En paralelo a la búsqueda de diligencias internacionales, la Fiscalía mantiene las investigaciones locales sobre quienes permanecen fuera de Chile y sobre la red de participación en el hecho. El fiscal Valencia subrayó que el Ministerio Público ‘va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos’, poniendo especial atención en las personas con extradición pendiente y en quienes pudieran haber participado en el delito.
06Los investigadores chilenos relacionan al Tren de Aragua con una ola de delitos en el país: en los últimos meses la ECOH y las brigadas especializadas han vinculado a integrantes de esa organización con intentos de secuestro, secuestros consumados y disparos relacionados con extorsiones. Entre los casos recientes figuran la detención de un venezolano por el secuestro desde una barbería en Recoleta (enero), la captura de un autor de disparos en la Vega Central (27 de diciembre de 2025) —hecho atribuido a integrantes del Tren de Aragua que extorsionan a trabajadores del mercado— y la formalización y prisión preventiva de imputados por un secuestro en San Miguel (mayo), donde hubo detenciones rápidas y participación de extranjeros y un conductor de aplicación señalado como ajeno al grupo.
07Las pesquisas contra células vinculadas al Tren de Aragua incluyen además procesos judiciales de mayor envergadura: en Viña del Mar comenzó el juicio oral contra 11 imputados identificados como líderes y sicarios de la denominada ‘Tren del Mar’ —una célula vinculada al Tren de Aragua— por delitos que van desde asociación ilícita hasta homicidios y lavado de activos. La Fiscalía espera penas acumuladas muy altas (en torno a 400 años en total para los 11 acusados) y un juicio de dos a tres meses con abundante prueba documental y declaraciones.
08La familia de Ronald Ojeda, a través de su querellante Juan Carlos Manríquez, ha planteado que los antecedentes refuerzan la hipótesis de un crimen por encargo y ha reiterado la necesidad de recurrir a instancias internacionales —como la Corte Penal Internacional— para perseguir órdenes de arresto y comparecer como víctimas ante la justicia en Nueva York. La Fiscalía, por su parte, advierte incertidumbres: algunas diligencias internacionales pueden prosperar, otras no, y es difícil prever sus resultados, pero asegura que no escatimará acciones destinadas a aclarar el caso.