La auditoría revela fallas de control en Indap y posibles créditos indebidos que afectan el uso de recursos estatales
La Contraloría General de la República (CGR), en el Informe Final N°80 de 2026, concluyó que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) otorgó durante 2024 créditos de fomento a beneficiarios que no cumplían los requisitos y mostró debilidades en la fiscalización. El organismo detectó tres casos con antecedentes vinculados a actividades ilícitas en los predios —dos por cultivo de marihuana y uno por usurpación de aguas— y halló que 10 personas registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF, dos tenían capital propio tributario superior al umbral, 16 beneficiarios (por $51.950.000) consignaron ingresos ajenos a la explotación agrícola, 23 personas recibieron $62.155.496 sin acreditar tenencia legítima de los predios y hubo 481 créditos entregados a quienes figuraban como pequeños agricultores desde hace más de cinco años sin procesos de reevaluación. Además, de 566 créditos de corto plazo solo se realizaron 36 supervisiones en terreno (6%), bajo el mínimo interno exigido del 10%.
Frente a esos hallazgos, la Contraloría ordenó a Indap reevaluar a los beneficiarios, reforzar la supervisión del uso de los recursos y instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. La diputada Natalia Romero (UDI), presidenta de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, calificó los antecedentes como “profundamente preocupante” y cuestionó la debilidad del sistema de control, subrayando que solo se fiscalizó el 6% de los créditos cuando la norma exige al menos un 10%, y pidió al gobierno un proceso disciplinario serio para reformar los mecanismos de verificación.
El próximo hito será el avance y resultados del procedimiento disciplinario ordenado por la CGR y las medidas concretas que Indap adopte para elevar la fiscalización en terreno, actualizar la acreditación de beneficiarios y corregir los casos observados; esos informes serán determinantes para definir eventuales sanciones administrativas y los ajustes que pueda requerir la política de fomento agrícola.