Decisión cuestiona consulta indígena y estudios marinos en proyecto de US$3.200 millones; complica agenda proinversión del gobierno.
El Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, que contempla una inversión de US$3.200 millones y la construcción de una planta desaladora en Punta Patache. La sentencia, dictada a mediados de mayo, ordena retrotraer la evaluación hasta antes del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) y exige la elaboración de un nuevo ICSARA. La reclamación la presentaron las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y Aymara de Caleta Chanavaya, que alegaron falta de consideración en la línea de base humana. El fallo afecta a un proyecto promovido por Anglo American y Glencore, cuyo permiso original data de diciembre de 2021.
La decisión reabre la discusión sobre la certeza jurídica y el tratamiento de comunidades indígenas y ecosistemas marinos en megaproyectos mineros, justo cuando el Ejecutivo impulsa una agenda para acelerar permisos. El tribunal identificó ilegalidades en la caracterización del componente humano y en la evaluación de impactos marinos —incluida la captación y descarga de la desaladora—, por lo que pidió nuevos estudios y reuniones previas previstas en el reglamento del SEIA. La medida puede atrasar obras ya ejecutadas y tensiona el debate entre empresas, gremios y autoridades sobre cómo compatibilizar inversión y estándares ambientales.
El fallo del Segundo Tribunal Ambiental ordena que la evaluación ambiental vuelva al estado anterior a la dictación del Informe Consolidado de Evaluación, de manera que se elabore un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA). El tribunal, en una sentencia redactada por el ministro Cristián Delpiano Lira e integrada por Marcela Godoy Flores y Cristián López Montecinos, mantuvo vigentes los aspectos no controvertidos pero dejó sin efecto la RCA en los puntos impugnados. Además solicitó que el SEA realice las reuniones previstas en el artículo 86 del reglamento del SEIA para levantar antecedentes sobre grupos humanos. La resolución puntualiza el alcance de las observaciones que deberán ser subsanadas antes de avanzar.
La sentencia acogió la reclamación de las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y Aymara de Caleta Chanavaya, concluyendo que no fueron debidamente caracterizadas en la evaluación ambiental y que, por ello, no pudo establecerse si existía una susceptibilidad de afectación directa que justificara una consulta indígena. El tribunal también observó que el Comité de Ministros no ponderó adecuadamente los reparos formulados por CONADI en la vía recursiva. Por eso exigió incorporar específicamente el uso del maritorio en Punta Patache y Puerto Collahuasi en la nueva línea de base. La medida apunta a garantizar que las condiciones de vida y costumbres de las comunidades sean consideradas antes de retomar la autorización.
El tribunal además detectó ilegalidades en la evaluación del medio marino vinculadas a la captación de agua de mar y a la descarga hipersalina: apuntó a la falta de verificación de la velocidad de succión, la ausencia de modelación sobre sedimentación de la salmuera en el mediano y largo plazo, y a un plan de vigilancia acotado a los primeros cinco años de operación. Esas observaciones cobran relevancia porque la planta desaladora prevé aumentar su capacidad a partir del octavo año, lo que podría alterar la magnitud de los efectos. El tribunal pidió que esos elementos sean abordados de forma acotada y verificable en el nuevo ICSARA. El fallo mantuvo, en cambio, los aspectos de la evaluación que no fueron objeto de controversia.
Anglo American y Glencore, controladoras de Collahuasi, comunicaron que la compañía está solicitando "una aclaración completa al tribunal y al SEA" para determinar los efectos del fallo y subrayaron que el proceso de autorización se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. Collahuasi informó que seguirá trabajando con autoridades y partes interesadas y que evalúa los pasos a seguir, incluidas acciones legales si corresponden. Desde la empresa no anticipan impactos inmediatos en la producción, mientras se define el alcance práctico de la retrotracción. Las compañías destacaron además el proceso de consulta que, sostienen, fue respaldado por el Comité de Ministros en 2023.
“Collahuasi está solicitando una aclaración completa al tribunal y al SEA”— Anglo American y Glencore
La reacción gremial fue inmediata y crítica: Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, dijo que miran "con preocupación el fallo" por el efecto sobre la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile. Para Villarino, una resolución que retrotrae permisos otorgados hace años envía una señal adversa al clima de inversión en proyectos de largo plazo. Jorge Riesco, presidente de Sonami, advirtió que estas decisiones generan incertidumbre para iniciativas de gran escala y reclamó mayor certeza regulatoria. Ambos gremios vinculan la controversia con el debate legislativo sobre medidas para destrabar permisos.
“Vemos con preocupación el fallo del Segundo Tribunal Ambiental”— Joaquín Villarino
Las fuentes discrepan en el balance: la industria y los gremios sostienen que el proyecto está aprobado y con la desaladora prácticamente terminada, lo que, dicen, pone en riesgo inversiones ya ejecutadas; en cambio el tribunal y las asociaciones indígenas argumentan que la evaluación original omitió información crucial sobre comunidades y efectos marinos. Además existe tensión política porque el gobierno impulsa cambios legales para aumentar la certeza regulatoria mientras los tribunales revisan permisos aprobados.
El próximo paso será que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ejecute la retrotracción ordenada, realice las reuniones del artículo 86 para recabar antecedentes sobre comunidades y elabore el nuevo ICSARA. Collahuasi ha solicitado aclaraciones al tribunal y podría presentar acciones legales; paralelamente, en el Congreso sigue la discusión de una megarreforma con normas para restituir gastos si una RCA es anulada.