El fin del prefijo 600 y 809 en Chile
Un fallo de la Corte Suprema y una modificación de Subtel cambian cómo las empresas de cobranza llaman a los clientes hoy.
- 01Fallos judiciales clave
- 02La modificación de Subtel
- 03Oficio del Sernac a Subtel
- 04Efectos para consumidores
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La obligación de marcar los prefijos 600 y 809 antes de números usados en cobranzas y campañas publicitarias quedó sin efecto tras una decisión judicial y un cambio regulatorio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). La Corte Suprema acogió un recurso presentado por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero, y Subtel publicó el 13 de mayo una modificación que permite a las empresas de cobranza no usar esos prefijos. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Subtel el 25 de mayo por un supuesto mal uso de los prefijos —alegando que algunas empresas habrían preseleccionado el bloqueo del 809— y solicitó antecedentes. El resultado: los consumidores volverán a recibir llamadas de cobranza desde números que parecen convencionales, aunque las reglas contra el hostigamiento permanecen.
La eliminación práctica de los prefijos transforma una herramienta visual diseñada para ayudar a filtrar llamadas potencialmente fraudulentas en una ventaja operativa recuperada por acreedores y cobradores. Para la industria del retail financiero, la medida corrige lo que consideraron una restricción excesiva a la gestión de deudas; para los defensores del consumidor existe el riesgo de mayor dificultad para distinguir llamadas legítimas de estafas. Sernac ya puso el tema en manos de Subtel y advirtió que, si se confirman prácticas comerciales que vulneren la normativa o la Ley del Consumidor, iniciará acciones legales.
Fallos judiciales clave
En marzo la Corte Suprema acogió el recurso de amparo económico presentado por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero y consideró que las llamadas de cobranza extrajudicial no constituyen un “servicio complementario” de telecomunicaciones. Ese criterio fue la base para que el tribunal ordenara revisar la inclusión obligatoria de los prefijos 600 y 809 y, posteriormente, motivó la modificación de la resolución de Subtel que regulaba esos bloques numéricos. La decisión judicial centró el debate en la frontera entre protección del consumidor y la facultad de los acreedores para comunicarse con deudores.
La modificación de Subtel
El 13 de mayo la Subsecretaría de Telecomunicaciones publicó una corrección a la resolución que en 2025 había fijado los prefijos 600 para comunicaciones contractuales y 809 para comunicaciones masivas. Con la modificación, Subtel permitió que las llamadas cuyo objetivo sea la cobranza extrajudicial puedan no llevar esos prefijos, eliminando la señal visual que muchos usuarios usaban para identificar llamados de cobro o campañas. Subtel alegó que la medida responde al mandato judicial y a la necesidad de ajustar la regulación a la interpretación del tribunal.
Oficio del Sernac a Subtel
El Servicio Nacional del Consumidor ofició a Subtel el 25 de mayo tras recibir información sobre un eventual mal uso de los prefijos: denunció que una o más empresas podrían haber implementado un mecanismo digital que deja preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809. Sernac pidió antecedentes sobre investigaciones en curso, implicancias jurídicas y gestiones contra las empresas implicadas, y advirtió que de verificarse incumplimientos podría iniciar acciones individuales o colectivas. El oficio pone a Subtel en la posición de investigar prácticas comerciales además de ajustar la norma.
Efectos para consumidores
Con la eliminación práctica de los prefijos, las empresas de cobranza y retail podrán volver a comunicarse desde números de red fija o combinaciones que simulan celulares, lo que dificulta la identificación inmediata de llamadas de cobro. No obstante, las reglas sobre horarios permitidos, límites de frecuencia y la prohibición de hostigamiento se mantienen vigentes: las empresas solo pueden llamar de lunes a sábado entre 08:00 y 20:00 horas y no pueden informar a terceros sobre la deuda. Sernac es el canal para reclamos formales y el recurso ante infracciones administrativas o acciones colectivas si procede.
La obligación de usar 600 y 809 fue implementada por Subtel en 2025 para facilitar la detección de llamadas masivas y reducir estafas telefónicas; la medida buscaba diferenciar comunicaciones contractuales de ofertas y de campañas. La Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero impugnó esa clasificación y obtuvo amparo en la Corte Suprema, que en marzo sostuvo que la cobranza extrajudicial es una gestión directa entre acreedor y deudor, no un servicio complementario de telecomunicaciones. Desde entonces, el debate se ha polarizado entre la protección frente al spam y la capacidad operativa de los acreedores; Sernac, Subtel y la propia Corte Suprema aparecen como actores centrales en el próximo tramo de la disputa.
Está en disputa si empresas de telecomunicaciones o cobradores han manipulado configuraciones para bloquear por defecto el prefijo 809, como sostiene Sernac, y si la eliminación de la obligación de usar los prefijos aumentará el riesgo de llamadas fraudulentas o, por el contrario, restituirá una herramienta necesaria para la recuperación de créditos, como afirma la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero. Las partes discrepan además sobre si la clasificación de ‘servicio complementario’ aplicada en 2025 fue adecuada.
A corto plazo hay que seguir dos hitos concretos: Subtel debe responder al oficio del Sernac y aportar los antecedentes solicitados, y Sernac evaluará si iniciar acciones individuales o colectivas si se confirman incumplimientos. Los consumidores pueden presentar reclamos ante Sernac por llamadas fuera de horario o repeticiones indebidas; cualquier investigación administrativa de Subtel podría derivar en sanciones o nuevas indicaciones regulatorias en las próximas semanas. Además, eventuales apelaciones o recursos legales presentados por la industria o grupos de consumidores podrían reabrir el debate judicial.