Ataque incendiario a central hidroeléctrica Rucalhue desata condena y acción judicial en Chile

En la madrugada del domingo 20 de abril de 2025, un grupo de al menos 12 individuos armados y encapuchados perpetró un violento ataque incendiario contra la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en el límite de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, Región del Biobío. Los atacantes maniataron e intimidaron a los guardias de seguridad para luego proceder a incendiar masivamente la maquinaria y vehículos presentes en la obra, dejando como saldo la destrucción de entre 47 y 50 camiones y equipos pesados, así como la lesión de al menos dos trabajadores. El atentado se ha considerado como el más grande contra infraestructura privada y equipos en la Macrozona Sur en más de tres décadas.

El proyecto Rucalhue Energía SpA, filial de la estatal china China International Water & Electric Corp (CWE), representa una inversión de US$350 millones y pretende inyectar hasta 90 MW al sistema eléctrico nacional. Inicialmente impulsado por una empresa brasileña y adquirido en 2018 por el grupo chino, la central enfrenta desde hace años paralizaciones por conflictos con comunidades locales y trámites regulatorios.

La magnitud, planificación y violencia del ataque generaron condena transversal del mundo político chileno y motivaron al gobierno, por primera vez desde la promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, a anunciar una querella bajo esa normativa, buscando máxima rigurosidad judicial. Autoridades como el Presidente Gabriel Boric y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizaron la tolerancia cero frente a la violencia y la determinación de perseguir a los responsables. Se activó una investigación especial liderada por la Fiscalía Regional del Biobío y la Policía de Investigaciones (PDI), que formó un equipo multidisciplinario de distintas unidades científicas y operativas para analizar evidencias, grabaciones y testimonios en el sitio del suceso.

Por su parte, la Embajada de China en Chile emitió una declaración de condena, calificando el hecho como un duro golpe a la confianza de las empresas chinas en el país y exigiendo una investigación exhaustiva, así como mayores garantías de seguridad para sus proyectos e inversiones. A pesar de la tensión, el gobierno chileno descartó un conflicto diplomático con China y reafirmó su compromiso para proteger a todos los inversionistas extranjeros.

Hasta el momento, ninguna organización se ha adjudicado el ataque, aunque se encontraron pancartas con consignas políticas en el lugar. La acción no solo puso en jaque la seguridad del sector energético y de la inversión extranjera en el sur, sino que también reabrió el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad pública y el manejo de la violencia en la Macrozona Sur, sumando presión para que el Estado actúe con mayor dureza y celeridad ante este tipo de delitos.