Zapatero imputado en caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional le atribuye liderar una trama de influencias por el rescate de Plus Ultra; cita judicial el 2 de junio.
- 01La imputación inédita
- 02Registros y pruebas
- 03Red de pagos y actores
- 04Reacción política inmediata
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la pieza que investiga el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero “en el vértice” de una presunta red que, según el auto, canalizó pagos hacia el expresidente y su entorno por casi 1,9 millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó registros en su despacho y en sociedades vinculadas, entre ellas la agencia de sus hijas, What The Fav. Zapatero está citado a declarar como investigado el 2 de junio y ha negado haber realizado gestiones ante administraciones públicas relacionadas con el rescate.
La imputación revive el debate sobre cómo se concedieron y gestionaron fondos de rescate durante la pandemia y sobre el posible vínculo entre esos préstamos y flujos de origen extranjero, específicamente procedentes de operaciones corruptas en Venezuela, según la Fiscalía Anticorrupción. El auto del juez Calama detalla transferencias desde consultoras y ‘think tanks’ —Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads— hacia cuentas compartidas de Zapatero y la empresa de sus hijas. El bloqueo cautelar de 490.780 euros en una de esas cuentas busca garantizar una eventual responsabilidad civil mientras avanza la investigación.
La imputación inédita
El juez José Luis Calama acusa a Zapatero de liderar una “trama organizada” destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de Plus Ultra y otros interesados. El auto cifra en 1,9 millones de euros los pagos que “habrían sido canalizados” hacia el expresidente y sociedades vinculadas entre 2020 y 2025, y apunta además indicios de un patrón de blanqueo a través de sociedades instrumentales en jurisdicciones opacas. Calama ha abierto una pieza separada para el bloqueo de fondos mientras la UDEF analiza la documentación incautada.
Registros y pruebas
La UDEF practicó registros simultáneos en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, en la empresa de sus hijas What The Fav y en otras sociedades vinculadas, incautando documentación, material informático y agendas; los agentes hallaron además una caja fuerte en el despacho. El juez permitió un registro corporal de la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar, por considerar su papel “operativo esencial” en la investigación. Los agentes han entregado a la Policía judicial documentos que ahora deberán cotejarse con los informes de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción para confirmar el origen y la ruta de los flujos detectados.
Red de pagos y actores
El auto nombra a varias sociedades que, según la investigación, facturaron a Plus Ultra y remitieron pagos a Zapatero: Análisis Relevante (propiedad de Julio Martínez Martínez), Gate Center y empresas del grupo Thinking Heads, además de abonar importes a What The Fav, la agencia de las hijas del expresidente. La causa también investiga vinculaciones internacionales: cartas de intención y operaciones ligadas a Venezuela, China y Emiratos que, según el juez, requerían pasar por la red de influencia atribuida a Zapatero. En diciembre de 2025 fueron detenidos, y luego puestos en libertad, ejecutivos y responsables de Plus Ultra en una operación de la UDEF impulsada por Anticorrupción.
Reacción política inmediata
El presidente Pedro Sánchez difundió un mensaje interno defendiendo el “buen nombre” de Zapatero y apeló a la presunción de inocencia mientras el Ejecutivo se mostró tranquilo y confía en la justicia. El Partido Popular calificó la imputación de “extrema gravedad” y exigió explicaciones públicas del Gobierno; Vox y otros colectivos personados en la causa han solicitado medidas cautelares como la retirada de pasaporte diplomático o prohibición de salida del país. Voces del PSOE han llamado al cierre de filas, mientras la oposición busca capitalizar políticamente el impacto sobre la coalición gobernante.
La causa se remonta al 9 de marzo de 2021, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizó el préstamo de 53 millones a Plus Ultra en el marco del fondo de apoyo a empresas durante la pandemia. La investigación inicial abrió en 2022 en un juzgado de Madrid y fue archivada, pero Anticorrupción y la UDEF reabrieron el caso en 2024 al detectar indicios de que parte del rescate pudo haberse usado para blanquear fondos vinculados a tramas de corrupción en Venezuela. En diciembre de 2025 la UDEF detuvo a directivos de Plus Ultra, y ahora el magistrado José Luis Calama ha ampliado la investigación hasta situar a Zapatero como investigado; su defensa comparecerá acompañada por el catedrático Víctor Moreno Catena.
El núcleo de la disputa es la interpretación de los pagos: el juez Calama los considera comisiones canalizadas a favor de Zapatero y su entorno, mientras Zapatero niega haber hecho gestiones ante administraciones públicas o haber recibido comisiones y asegura que su trabajo de consultoría siempre fue declarado. También existe controversia sobre el origen de los fondos: la Fiscalía Anticorrupción apunta a ingresos procedentes de operaciones corruptas venezolanas, una tesis negada implícitamente por los investigados.
La cita judicial clave es el 2 de junio, cuando Zapatero deberá declarar ante el juez Calama acompañado por su abogado Víctor Moreno Catena. En las próximas semanas la UDEF debe analizar la documentación y los dispositivos incautados para aclarar la trazabilidad de las transferencias y posibles vínculos internacionales. Varias acusaciones populares personadas—PP, Vox, Hazte Oír y otras—han anunciado que pedirán medidas cautelares; algunas reclaman la retirada del pasaporte diplomático o la imposición de fianzas. En el plano parlamentario, la oposición ya ha anunciado iniciativas para llevar el caso a comisiones de investigación como la relativa a la SEPI.