La disputa gira en torno a un supuesto faltante de US$10.500 millones y una investigación interna ordenada por Hacienda.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el último Informe de Finanzas Públicas del gobierno anterior omitió cerca de US$10.500 millones en compromisos para 2026-2030, lo que elevaría la deuda por sobre el 45% del PIB en 2028. Quiroz anunció una investigación administrativa para determinar responsabilidades y no descartó sanciones judiciales según el resultado. El exministro Nicolás Grau salió de inmediato a rechazar la acusación, defendiendo la metodología y las cifras del informe. La controversia estalló tras la presentación del IFP del primer trimestre de 2026 en Teatinos 120.
La discusión no es solo técnica: la corrección reclamada por Quiroz elevaría la senda de deuda hasta 46,5% del PIB en 2030 según Hacienda, y abre la puerta a responsabilidades políticas y legales. Grau retruca que la trayectoria de deuda depende de supuestos macro —tipo de cambio, inflación, PIB nominal y movimientos "bajo la línea"— y que diferencias de criterio no equivalen a errores aritméticos. El choque ocurre en medio del debate parlamentario sobre la denominada megarreforma económica, cuyo impacto fiscal es justamente uno de los puntos que Grau emplaza a discutir. El resultado de la investigación y la revisión técnica podría condicionar la agenda fiscal del Gobierno.
En la presentación del IFP del primer trimestre de 2026, Jorge Quiroz afirmó que el cuarto informe de 2025 no habría incorporado obligaciones por unos US$10.500 millones para 2026-2030, y que al corregir ese faltante la deuda superaría el umbral prudencial del 45% del PIB. El ministro sostuvo además que entre el tercer y cuarto IFP de 2025 los déficits proyectados crecieron cerca de 13 billones de pesos, pero que la deuda proyectada solo aumentó en 3 billones, lo que, en su lectura, deja una diferencia sin explicar. Como medida inmediata, Quiroz instruyó una investigación administrativa para establecer cómo ocurrió la inconsistencia y quiénes serían responsables. El ministro advirtió que la pesquisa podría derivar en acciones judiciales dependiendo de sus resultados.
““Lo que hemos detectado (...) es una inconsistencia de alguna relevancia sustantiva en la proyección de la deuda para el período 2026-2030””— Jorge Quiroz
Nicolás Grau respondió de inmediato desde su cuenta en X y en entrevistas radiales, rechazando que exista un error de cálculo y pidiendo revisar los supuestos antes de sacar conclusiones. El exministro explicó que la relación deuda/PIB no se transforma uno a uno desde el déficit efectivo, sino que también incorpora el tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos bajo la línea. Grau dijo que esos componentes estaban transparentados en el cuarto IFP de 2025 y que diferencias de criterio técnico no son sinónimo de fallas aritméticas. En público, emplazó a los equipos técnicos a sentarse a revisar las proyecciones conjuntamente.
““La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo””— Nicolás Grau
Técnicos y exasesores consultados por medios cuestionaron la lectura simplista que asocia todo aumento del déficit con un incremento equivalente de la deuda, y apuntaron a variables adicionales que afectan la conversión de pasivos a pesos. Los artículos citan, además, la posibilidad de que parte de la diferencia responda a deuda flotante y amortizaciones, conceptos que recomiendan revisar en detalle entre los equipos de Dipres de ambas administraciones. En ese sentido, se propuso un ejercicio técnico conjunto para contrastar supuestos y contabilizaciones antes de avanzar con sanciones administrativas o comunicados definitivos. La discusión técnica será clave para dirimir si hay una omisión o solo una diferencia de escenarios.
Más allá de la técnica, Grau aprovechó la polémica para reabrir el debate político sobre la megarreforma económica del Gobierno y su efecto fiscal. El exministro preguntó públicamente por qué el IFP no aborda el impacto de la reforma en la deuda y cuestionó la lógica de reducir impuestos a grandes empresas "a costa" de recortes en salud. El intercambio subraya la centralidad del diagnóstico fiscal en la discusión legislativa, donde la oposición y oficialismo medirán el costo político de las decisiones presupuestarias. El caso añade presión sobre Hacienda para transparentar cifras y supuestos antes del trámite parlamentario.
““¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales?””— Nicolás Grau
La tensión deja dos líneas de seguimiento inmediatas: la investigación administrativa ordenada por Quiroz y la posible reunión técnica entre equipos de Dipres que propuso Grau. El primer informe de resultados de la indagatoria y cualquier ajuste técnico en la próxima actualización del IFP serán vigilados por mercados y por el Congreso. Si la discrepancia se confirma como un error, habrá demandas de responsabilidades; si se confirma que son supuestos distintos, la discusión pasará a calibrar la política fiscal y las prioridades del gasto. Ambas salidas influirán en la credibilidad del manejo macroeconómico del Ejecutivo.
Las fuentes discrepan en el origen y la magnitud del desfase: Hacienda afirma una omisión de alrededor de US$10.500 millones en la proyección 2026-2030, mientras Grau y técnicos del gobierno anterior sostienen que la diferencia responde a supuestos macroeconómicos (tipo de cambio, PIB nominal, deuda flotante) y no a errores de cálculo. También hay divergencia sobre si la variación entre déficits proyectados y deuda prevista implica una inconsistencia contable o una distinta construcción de escenarios.
El próximo hito será la primera entrega pública de resultados de la investigación administrativa de Hacienda y, en paralelo, cualquier ajuste técnico que se incorpore en la actualización del IFP. Esas entregas marcarán si el episodio deriva en responsabilidades formales o en una simple rectificación de supuestos, y condicionarán la discusión legislativa sobre la megarreforma y la credibilidad fiscal del Gobierno.