Anuncio presidencial y decreto buscan retirar a migrantes irregulares; cifras, plazos y choques políticos marcan la agenda inmediata.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que desde el 11 de marzo se han expulsado 790 personas y adelantó que el Ejecutivo presentará un decreto para un “plan de retorno” que eximirá temporalmente sanciones a migrantes irregulares. El anuncio fue hecho tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, que emplazó a acelerar salidas voluntarias y administrativas. El plan ofrecerá un trámite online gratuito, un plazo de 180 días para postular y un mes para salir sin sanciones a quienes acepten el beneficio.
La iniciativa busca ordenar la salida de quienes hoy están en situación irregular —el Gobierno cita 252.000 empadronados— al tiempo que prioriza la salida voluntaria por su menor costo fiscal. El anuncio dispara una agenda política y logística: requiere decreto, coordinación consular y recursos para vuelos y fiscalizaciones. Además reaviva tensiones con partidos de oposición y abre negociaciones diplomáticas, especialmente con Venezuela, de donde proviene la mayoría de quienes estarían afectados.
El Gobierno ha documentado 790 expulsiones desde el 11 de marzo, de las cuales 683 son administrativas y 97 judiciales, y el director de Migraciones defendió la velocidad de las medidas. Sauerbaum dijo que el Ejecutivo está fomentando salidas voluntarias por ser “una alternativa que no tiene un costo para el Estado” y anunció que habrá otro vuelo en los próximos días, sin dar fechas precisas por las complejidades operacionales.
“hemos expulsado a 790 personas desde el 11 de marzo”— Frank Sauerbaum
Desde Cerro Castillo, el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto que instaura el “plan de retorno” y encargó su ejecución por decreto, con énfasis en quienes tienen arraigo, empleo o vínculos familiares. La medida fija un periodo de postulación de 180 días y permite salir del país sin multas ni impedimentos temporales para reingresar, según lo explicado por la autoridad migratoria.
El Gobierno reconoce límites operativos y presupuestarios para llevar a cabo expulsiones masivas y ha instado al Congreso a aumentar recursos; el director de Migraciones señaló que el año pasado el Estado destinó solo 4.000 millones de pesos para expulsiones. En su defensa, Sauerbaum rechazó críticas de la oposición por la magnitud de las promesas y afirmó que solicitudes irreales no son exigibles “luego de dos meses” de gobierno.
“Nadie está obligado a lo imposible”— Frank Sauerbaum
En materia diplomática, la Administración reporta avances en las gestiones con Venezuela para retomar relaciones consulares que faciliten repatriaciones, y la Cancillería ha intercambiado comunicaciones formales para abordar casos humanitarios y salidas legítimas. La coordinación internacional será clave para operacionalizar devoluciones y para el foco del decreto en quienes quieran regresar voluntariamente.
Persiste la divergencia en las cifras: la Policía de Investigaciones había catalogado 330.000 personas en situación irregular hace tres años, mientras el Gobierno habla de 252.000 empadronadas hoy; asimismo, hay variación entre el conteo anual de expulsiones que atribuye a la administración anterior (1.200) y las cifras parciales que comunica el nuevo director (700–790). Estos desajustes alimentan el debate sobre la magnitud real del fenómeno y la capacidad operativa para responder.
El próximo hito será la publicación y firma del decreto del plan de retorno, que el director anunció para “en unas par de semanas” y que definirá requisitos y fechas concretas. También habrá que seguir la negociación presupuestaria en el Congreso y los avances en la reapertura consular con Venezuela, que condicionarán la capacidad del Estado para sostener vuelos y salidas voluntarias masivas.