Crisis diplomática entre Colombia y Bolivia
La expulsión recíproca de embajadores tras los dichos de Petro tensó relaciones ya frágiles en la región.
- 01La crisis en Bolivia
- 02La intervención de Petro
- 03Respuesta de La Paz
- 04Medida recíproca en Bogotá
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El Gobierno de Bolivia pidió la salida de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las protestas en La Paz; en respuesta Bogotá declaró la conclusión de funciones del encargado de la embajada boliviana, Ariel Percy Molina Pimentel. Petro calificó las movilizaciones como una “insurrección popular” y ofreció mediar, mientras el presidente boliviano Rodrigo Paz y el canciller Fernando Aramayo rechazaron esa caracterización y hablaron de injerencia. La decisión de La Paz se presentó como una medida para preservar la soberanía y el principio de no intervención; Bogotá sostuvo que actuó por reciprocidad. La crisis ocurre en medio de bloqueos, escasez de insumos en el altiplano y un clima político polarizado que atrajo pronunciamientos de terceros actores regionales.
La disputa mezcla política interna boliviana —protestas y cortes de ruta que exigen la renuncia del presidente Paz— con rivalidades regionales y alineamientos ideológicos que colocan a dos gobiernos vecinos en un choque diplomático. La expulsión de una embajadora y la respuesta recíproca de Bogotá elevan el riesgo de escaladas verbales y medidas comerciales o protocolares, y obligan a actores como Estados Unidos y gobiernos vecinos a posicionarse. Para los ciudadanos de La Paz y El Alto, la crisis ya tiene efectos concretos: restricciones en la llegada de combustibles y oxígeno médico por bloqueos en carreteras.
La crisis en Bolivia
Las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz reúnen a sindicatos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’ y sectores afines al expresidente Evo Morales; los cortes de rutas y manifestaciones se concentran en La Paz y El Alto. El Gobierno atribuye los disturbios a reclamos por reformas económicas, problemas de abastecimiento tras 15 días de bloqueos y tensión por la gestión de subsidios, mientras que fuerzas de seguridad y movilizados han protagonizado enfrentamientos que complican el tránsito de combustibles y oxígeno médico. Paz convocó al diálogo y ordenó el repliegue temporal de fuerzas conjuntas para reducir la tensión, pero la principal agrupación campesina se negó a participar en la sesión prevista. El escenario interno explica por qué declaraciones externas sobre «insurrección» prendieron la mecha diplomática.
La intervención de Petro
El presidente Gustavo Petro sostuvo públicamente que Bolivia vive una «insurrección popular» y afirmó que su Gobierno está dispuesto a mediar si es invitado; en declaraciones a Caracol Radio y en su cuenta de X advirtió sobre el riesgo de una «masacre» y propuso abrir un diálogo nacional. Petro también criticó al Gobierno de Paz como «cuestionado por el pueblo» y pidió que no haya presos políticos en América, postura que tensionó relaciones diplomáticas al ser percibida por La Paz como injerencia. El presidente colombiano añadió que su administración, cuyo mandato culmina el 7 de agosto, estaría disponible para facilitar una salida pacífica. Sus alusiones a la crisis resonaron por la cercanía política que le atribuyen algunos a Evo Morales.
Respuesta de La Paz
El presidente Rodrigo Paz calificó las declaraciones de Petro como un «ataque a la democracia boliviana» y la Cancillería justificó la expulsión de Elizabeth García como defensa de la soberanía y del principio de no injerencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, dijo que Petro actuó como «cómplice» de Evo Morales y exigió cooperación para que Morales comparezca ante la justicia por denuncias que mencionó su Gobierno. La Cancillería boliviana insistió en que la medida no constituye ruptura de relaciones y pidió prudencia diplomática en pronunciamientos externos sobre asuntos internos.
Medida recíproca en Bogotá
Horas después de la expulsión de la embajadora colombiana, la Cancillería de Colombia anunció la conclusión de funciones del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en un gesto de reciprocidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano afirmó que no ha mediado con intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia y ratificó su compromiso con la igualdad soberana y la resolución pacífica de controversias. La acción recíproca convierte una disputa verbal en un intercambio diplomático formal que podría endurecer protocolos y comunicaciones entre ambas capitales.
La crisis actual cuaja sobre reformas económicas impopulares implementadas desde que Rodrigo Paz asumió hace seis meses, el debilitamiento de reservas y la eliminación de subsidios que dispararon protestas; sectores campesinos, obreros y leales a Evo Morales han sido protagonistas de movilizaciones recientes. A su vez, la región vive tensiones paralelas: Gustavo Petro ha protagonizado roces con Ecuador —acusándolo de facilitar el paso de cocaína— y la Casa Blanca, a través del vicesecretario Christopher Landau, habló sobre la necesidad de respaldar a Paz ante lo que llamó un «golpe de Estado en marcha», situando la disputa en un tablero hemisférico más amplio.
Petro asegura que en Bolivia hay una «insurrección popular» y denunció asesinatos en las calles; el Gobierno de Rodrigo Paz niega esa caracterización, califica las afirmaciones de injerencia y acusa a Petro de difundir información falsa y de ser cómplice de Evo Morales.
A corto plazo hay que seguir tres hitos concretos: primero, el plazo que la Cancillería boliviana otorgue para la salida de la embajadora Elizabeth García conforme a normas diplomáticas; segundo, la respuesta formal que pueda emitir Colombia sobre la retirada o reemplazo del encargado Ariel Percy Molina Pimentel; y tercero, la evolución del diálogo interno en Bolivia —las próximas sesiones convocadas y si las principales organizaciones campesinas aceptan asistir—, además de la atención a gestos de países externos como Estados Unidos o Brasil que puedan respaldar públicamente a alguna de las partes. También será relevante la fecha de término del mandato de Petro, el 7 de agosto, que puede influir en su disposición a seguir mediando.