Imágenes del ministro israelí burlándose de activistas y denuncias de abusos desatan sanciones diplomáticas y acciones legales.
Más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud que intentaban llegar a Gaza fueron detenidos en aguas internacionales y trasladados al puerto de Ashdod, en Israel, donde un video del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben‑Gvir, los muestra esposados y arrodillados mientras se burla de ellos. La captura se produjo a lo largo de varios días y terminó con la deportación de la mayoría de los extranjeros, según el Ministerio de Exteriores israelí. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el trato como “humillante” y pidió que los responsables rindan cuentas. Las imágenes y las denuncias de violencia —incluida la de agresiones sexuales— provocaron convocatorias de embajadores europeos y fuertes reproches internacionales.
La combinación del video viral del ministro Ben‑Gvir y los testimonios de activistas plantea una crisis diplomática para Israel: varios gobiernos europeos convocaron a sus embajadores y familiares de los detenidos exigen investigaciones. Mientras organizaciones legales de la flotilla anuncian acciones judiciales en múltiples países, el Gobierno israelí sostiene que actuó conforme a la ley y ya deportó a la mayoría de los extranjeros. La disputa abre un frente legal y político internacional que puede afectar relaciones bilaterales y el acceso humanitario a Gaza.
La Oficina del secretario general de la ONU expresó su alarma tras ver el video difundido por el ministro israelí y calificó de “humillante” el trato a los detenidos, además de pedir su liberación y el enjuiciamiento de los responsables. El portavoz Stéphane Dujarric transmitió la posición de António Guterres y subrayó la necesidad de que quienes aún permanecen bajo custodia sean devueltos a sus hogares. La condena de la ONU se sumó a pronunciamientos de varios Estados europeos que exigieron explicaciones formales a Tel Aviv.
“Es necesario que todos sean liberados y enviados a casa. Las personas responsables de este trato deben rendir cuentas”— Stéphane Dujarric
El video que encendió la reacción internacional muestra a Itamar Ben‑Gvir caminando entre activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, ondeando una bandera israelí y dirigiéndose a ellos con expresiones de burla. Las imágenes fueron publicadas por el propio ministro y difundidas por redes, lo que motivó críticas incluso dentro del Gobierno israelí y un reproche público del primer ministro Benjamin Netanyahu. La viralización del material precipitó las citaciones de embajadores en capitales europeas.
“¡Bienvenidos a Israel!”— Itamar Ben‑Gvir
Desde la Flotilla Global Sumud y sus equipos legales se denunciaron episodios de violencia física y sexual durante la detención, y se anunció el inicio de procedimientos en varios países contra presuntos responsables. Bader Alnoaimi, del equipo legal de la flotilla, dijo que ya se habían presentado acciones en naciones como Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia para exigir rendición de cuentas. Los abogados han documentado heridas, uso de armas no letales y relatos de malos tratos generalizados, según sus declaraciones públicas.
“Lo que ya estamos haciendo es iniciar procedimientos legales en varios países, incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia”— Bader Alnoaimi
Activistas y organizaciones de derechos, entre ellas Adalah, relataron a periodistas testimonios de palizas, uso de táseres, estrangulamientos y agresiones sexuales, que varios participantes dijeron no querer detallar públicamente. La israelí Miriam Azem, coordinadora de incidencia de Adalah, dijo que los niveles de violencia registrados eran los más graves que han visto en una década de representación de activistas en flotillas. Los afectados que han llegado a Turquía y otros países han recibido atención médica y están colaborando con investigaciones locales.
“Nuestros abogados (...) han documentado niveles de violencia realmente extremos”— Miriam Azem
El Gobierno israelí, por su parte, informó de la deportación de la mayoría de los 428–430 activistas y defendió la legalidad del bloqueo naval sobre Gaza; el Ministerio de Exteriores publicó un mensaje en X afirmando que no permitirá violaciones del bloqueo. El Servicio Penitenciario israelí rechazó las alegaciones de abusos y dijo que opera “de acuerdo con la ley”, mientras que Tel Aviv enfrenta citaciones diplomáticas y presiones consulares de varios países. Las acciones legales internacionales y las investigaciones internas sobre el video y las denuncias marcan el inicio de un proceso cuyo alcance aún es incierto.
Las fuentes difieren en dos puntos clave: la cifra exacta de detenidos —que se reporta entre alrededor de 428 y 430— y la naturaleza de los hechos durante la detención. Activistas y organizaciones como Adalah denuncian tortura y múltiples agresiones sexuales; el Servicio Penitenciario de Israel afirma que esas acusaciones son falsas y que el trato fue legal. Esa contradicción es el eje de las investigaciones y de las acciones legales que se han anunciado.
El próximo hito será el resultado de las investigaciones y las demandas presentadas en varios países, así como las respuestas formales que Israel dé a las convocatorias diplomáticas. Observadores seguirán también el acceso consular a los detenidos y si las fiscalías nacionales abren causas por presuntos delitos cometidos durante la operación. Esas decisiones definirán si la crisis escala a sanciones o a procedimientos judiciales internacionales.