Entre enero y mayo de 2026 la Cámara de Diputados respaldó en general tres proyectos que amplían facultades policiales, autorizan porte permanente de armas a Carabineros y modifican reglas sobre prisión preventiva en casos de repeler robos con fuerza
01En los primeros meses de 2026 la Cámara de Diputados aprobó en general varias iniciativas legislativas centradas en seguridad pública: un proyecto que amplía facultades para controles de identidad en zonas fronterizas (aprobado en mayo), una reforma para autorizar el porte permanente de armas de cargo a Carabineros (aprobada en enero) y una moción que modifica reglas procesales relacionadas con la legítima defensa y la aplicación de prisión preventiva (aprobada y enviada al Senado en enero).
02Proyecto de controles de identidad en zonas fronterizas: La iniciativa aprobada en general permite a funcionarios policiales, en puntos estratégicos y zonas limítrofes, sumar al control de identidad el registro de vestimentas, equipaje y vehículos e inspecciones en instalaciones de infraestructura crítica (recintos sanitarios y energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, redes de metro y trenes, sedes de los Poderes del Estado, entre otros). El texto puntualiza que dichas inspecciones estarán orientadas únicamente a detectar armas, dispositivos o elementos que pongan en peligro la seguridad de las personas o el funcionamiento de las instalaciones. La moción, ingresada en 2022 y con suma urgencia decretada por el Ejecutivo el 16 de marzo, fue aprobada en general por 105 votos a favor, 14 en contra y 23 abstenciones, y deberá regresar a la Comisión de Seguridad Ciudadana para discutir las modificaciones introducidas.
03Porte permanente de armas para Carabineros: La Cámara aprobó en general el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros para autorizar, mediante norma facultativa, que funcionarios puedan portar de manera permanente armas de cargo incluso cuando estén fuera de servicio. La norma delega en un reglamento la definición del escalafón de funcionarios autorizados, las características de las armas, requisitos para su uso y protocolos de manejo, custodia y devolución. Esta reforma, que avanzó a su segundo trámite legislativo, obtuvo 105 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones; entre las motivaciones a favor se mencionó otorgar certeza jurídica a funcionarios facultados para el uso legítimo de la fuerza, mientras que críticos advirtieron riesgos y la necesidad de prever los costos fiscales y provisión de equipamiento.
04Cambios a la legítima defensa y prisión preventiva: La moción impulsada por diputados de la bancada republicana proponía ampliar exenciones de responsabilidad penal por el uso de armas en defensa propia, pero esa línea fue rechazada en la Comisión de Constitución y ratificada en Sala (122 votos en contra y ocho abstenciones). En reemplazo, la Cámara respaldó establecer una excepción procesal: fijar que no se podrá decretar prisión preventiva contra la persona que hubiere repelido un robo con escalamiento mientras se investigan los hechos. Esa propuesta fue aprobada por 70 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, y el proyecto fue despachado al Senado para su segundo trámite.
05Debate político y críticas: En las discusiones en Sala los defensores de las iniciativas argumentaron la necesidad de herramientas adicionales para proteger límites fronterizos, infraestructura crítica y dotar de certeza jurídica a quienes mantienen el orden; por el contrario, críticos advirtieron sobre un posible 'populismo penal', la falta de evidencia de eficacia para reducir la delincuencia, riesgos del porte ampliado de armas y la ausencia de garantías sobre recursos y reglamentos necesarios. En el debate sobre legítima defensa, parlamentarios opositores (entre ellos Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Lorena Pizarro y Marcela Riquelme) señalaron problemas de viabilidad jurídica y procedimientos, mientras los proponentes defendieron el derecho a la defensa del hogar.
06Siguientes pasos y efectos prácticos: Procedimentalmente, el proyecto de controles fronterizos vuelve a la Comisión de Seguridad Ciudadana para precisar las modificaciones; la reforma sobre porte de armas avanzó al segundo trámite y requerirá la elaboración de un reglamento para su aplicación práctica; y la propuesta sobre legítima defensa fue despachada al Senado. En todos los casos, la entrada en vigencia de cambios concretos dependerá de redacción final, normas reglamentarias y, en algunos supuestos, del pronunciamiento del Senado y eventual reglamentación administrativa, factores que condicionarán su impacto en seguridad y derechos civiles.