Toesca acusa que fondos de Sartor financiaron la compra del 63% del club; caso avanza en frentes penales y civiles.
La liquidadora Toesca presentó una nueva querella penal que apunta a la estructura de financiamiento que permitió a Michael Clark asumir el control del 63,07% de Azul Azul, la concesionaria de la Universidad de Chile. El libelo, presentado esta semana, acusa negociación incompatible y administración desleal y detalla transferencias y pagarés por miles de millones que habrían conectado fondos públicos de Sartor con el FIP Tactical Sport. La acción nombra a exdirectores de Sartor y vehículos vinculados a la operación, y se produce después de allanamientos autorizados por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Toesca solicita diligencias que incluyan levantar rastros bancarios, tributarios y la citación de diversos ejecutivos ligados al grupo.
La querella transforma una disputa financiera y administrativa en un frente penal que puede poner en riesgo la estabilidad accionaria de Azul Azul y reabrir la discusión sobre la validez de la venta a Clark en diciembre de 2024. En paralelo, un fallo civil que avanza en la liquidación de sociedades del grupo Sartor podría habilitar medidas concursales —incluida una acción revocatoria— que devolverían las cuotas vendidas a la masa en liquidación. El caso mezcla responsabilidades de administradores, acreedores y garantías sobre los ingresos del contrato de TV, y amenaza con llevar el conflicto fuera de las oficinas de inversión hacia la gestión del club.
Toesca AGF, en su rol de liquidadora de los fondos intervenidos de Sartor, acusa que recursos del Fondo Leasing, Fondo Táctico y Fondo Proyección fueron canalizados —vía Inversiones Cerro El Plomo SpA— hacia el FIP Tactical Sport para concurrir al pago de la oferta que en 2021 adquirió el paquete mayoritario de Azul Azul. El escrito afirma que esas inyecciones, por un total que Toesca documenta en miles de millones de pesos, no provinieron de aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni de patrimonios propios del fondo, sino de pagarés y créditos entre sociedades relacionadas. La querella enumera a los dirigentes y sociedades involucradas y solicita diligencias para seguir la pista del “bono bulla”, de las garantías sobre el contrato de televisión y de la trazabilidad de los flujos. Toesca pide además citar a los principales exdirectores y ejecutivos para que aclaren la cadena de financiamiento.
El detalle técnico que Toesca incorporó al libelo incluye pagarés suscritos entre fondos y vehículos del grupo Sartor por miles de millones con vencimientos distintos, la transferencia de fondos desde Inversiones Cerro El Plomo SpA hacia el FIPTS y la emisión en 2022 del denominado "bono bulla" por UF 400.000 que habría permitido prepagar un crédito puente. Según el informe pericial adjunto, los estados consolidados del grupo mostraban posiciones y deudas con vinculados no informadas, además de utilidades no realizadas por valuaciones a valor razonable. Ese entramado, a juicio del liquidador, transforma la exposición de partícipes en un derecho acreedor frente a sociedades relacionadas en vez de mantenerlos como propietarios del activo.
La querella subraya un presunto conflicto de interés estructural: Michael Clark actuó simultáneamente como director de Sartor AGF, presidente del directorio de Azul Azul y controlador de Inversiones Antumalal Limitada, la sociedad que en diciembre de 2024 compró el 90% de las cuotas del FIP Tactical Sport y, según Toesca, no habría pagado en efectivo el precio declarado. Esa compra dejó a Clark con el 100% del vehículo que controlaba el 63% de la concesionaria, y para los querellantes el precio pactado es sustancialmente menor al desembolsado por Sartor en 2021, lo que alimenta la tesis de una pérdida patrimonial para los fondos afectados.
En el frente civil, BCI Corredores obtuvo un fallo que allana el camino a la liquidación de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., y la jueza María Eugenia Silva del 13° Juzgado Civil de Santiago anunció que dictará la resolución de liquidación, lo que podría habilitar una acción revocatoria para anular la venta a Clark y devolver las cuotas al patrimonio en liquidación. Ese escenario permitiría al liquidador disponer del activo subyacente —el 63% de Azul Azul— para mitigar las deudas con acreedores, lo que arrastra la disputa hacia una posible reconfiguración accionaria del club en tribunales civiles. Las partes ya han presentado recursos y la disputa promete nuevas medidas procesales.
Desde la concesionaria, la nueva presidenta Cecilia Pérez ha intentado marcar distancia y afirmó que Azul Azul no está siendo investigada directamente en la arista penal, mientras la Fiscalía y el 4° Juzgado de Garantía han ordenado diligencias que incluyen allanamientos a oficinas y domicilios ligados a la operación. Otros involucrados, como Victoriano Cerda, se han negado a comentar, y actores como Juan Ramón Correa Díaz han sido citados en la investigación por compras accionarias recientes que también están bajo escrutinio. El balance institucional obliga al club a gestionar la comunicación pública mientras los procesos siguen su curso.
Las partes discrepan sobre la naturaleza y el origen de los recursos empleados en la compra y sobre si la operación de diciembre de 2024 fue pagada en efectivo. Toesca sostiene que fondos de terceros de Sartor financiaron indirectamente la adquisición y que el traspaso a Clark se registró como cuentas por pagar, mientras que desde la concesionaria se afirma que Azul Azul no es investigada directamente y no hay consenso público sobre la trazabilidad del precio pagado.
El próximo hito será la resolución formal de liquidación de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. por parte del 13° Juzgado Civil y la designación de un liquidador, paso que puede activar la petición de acción revocatoria contra la venta a Clark. En paralelo, la investigación penal continuará con citaciones y revisiones bancarias y tributarias autorizadas por el 4° Juzgado de Garantía; ambos frentes marcarán el calendario de decisiones que definirán la estabilidad accionaria de Azul Azul.