Devolución del IVA en remedios y pañales
Proyecto focaliza reembolsos al 80% más vulnerable; IPS y Bolsillo Familiar ejecutarán pagos bajo un tope fiscal inicial.
- 01Cobertura y beneficiarios
- 02Mecanismo operativo
- 03Financiamiento y límites
- 04Requisitos y controles
- 05Marco político y alcance
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto para reembolsar el 19% de IVA pagado en medicamentos y pañales a hogares del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). El beneficio se pagaría mediante el Bolsillo Familiar Electrónico administrado por CuentaRUT de BancoEstado y ejecutado por el Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los perfiles cubiertos figuran madres de niños y niñas hasta 24 meses, adultos mayores de 65 años con condiciones médicas reglamentadas y pacientes crónicos con tratamientos permanentes incluidos por el Ministerio de Salud. El Ejecutivo fijó un límite de gasto para el primer año —hasta US$100 millones según el texto— y prevé ajustes posteriores según la evolución de los ingresos estructurales del Fisco.
La iniciativa nace del acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido de la Gente para destrabar parte de la agenda tributaria y busca alivianar el gasto básico de hogares vulnerables sin modificar la estructura del IVA en cajas comerciales. La devolución operará como reembolso posterior: la persona paga el producto y luego solicita la devolución presentando boleta electrónica, receta electrónica o certificados médicos según el caso. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia remitirá nóminas al IPS, mientras que los ministerios del Trabajo, Hacienda y Salud definirán el reglamento y la lista de fármacos protegidos. La complejidad operativa y la focalización son claves para evitar fraudes y costos adicionales al presupuesto público.
Cobertura y beneficiarios
El proyecto especifica tres perfiles: madres de niños y niñas hasta 24 meses para pañales infantiles; adultos mayores de 65 años que presenten condiciones médicas reglamentadas para acceder a pañales de adulto; y pacientes con tratamientos permanentes cuyos medicamentos estén incluidos en la lista que definirá el Ministerio de Salud. El criterio de elegibilidad principal es pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y la calidad de causante se acreditará con inscripciones en el Registro Civil cuando proceda. En casos de dependencia severa, el reembolso podrá ser recibido por la persona cuidadora acreditada conforme al reglamento. El Ejecutivo advierte que no todos los remedios de venta en farmacias estarán cubiertos; la selección será técnica y reglamentaria.
Mecanismo operativo
El reembolso no descontará el IVA en el punto de venta: primero el beneficiario pagará la compra y luego solicitará la devolución que se transferirá al mes siguiente al Bolsillo Familiar Electrónico administrado por la CuentaRUT de BancoEstado. El Ministerio de Desarrollo Social validará boletas electrónicas y antecedentes y remitirá nóminas mensuales al IPS, organismo que efectuará los pagos según las reglas del reglamento. Para las compras de medicamentos será obligatoria la receta electrónica vigente; para pañales de adultos, se exigirá certificado médico que acredite la condición. El proyecto incluye sanciones por falsificación de datos y controles digitales para mitigar el riesgo de mercado informal y fraudes.
Financiamiento y límites
El texto establece que el gasto anual combinado de ambos componentes no podrá exceder de US$100 millones durante los primeros doce meses de vigencia y que ese tope se ajustará en años siguientes según la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales del Fisco calculada por la Dirección de Presupuestos. El mayor gasto del primer año se financiará inicialmente con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con suplementación desde la Partida del Tesoro Público que ejecutará Hacienda. A partir de ejercicios siguientes, la financiación quedará incorporada en la ley de presupuestos del sector público respectiva y Hacienda deberá verificar y comunicar anualmente cualquier ajuste antes del 15 de julio. La fijación de un límite busca contener el impacto fiscal mientras se calibra la cobertura real del programa.
Requisitos y controles
Para acceder al reembolso, las compras deben efectuarse en comercio formal que emita boleta electrónica; el sistema exige luego la validación de esas boletas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la remisión al IPS. El proyecto obliga al uso de receta electrónica para medicamentos incluidos y al certificación médica para pañales de adultos, y contempla sanciones por falsificación de información. Las autoridades plantean un 'embudo de validación digital' para reducir errores y fraudes, lo que obligará a una coordinación técnica entre ministerios y servicios estatales. Esa complejidad operacional es, según el texto, condición para mantener la focalización y evitar efectos indeseados en el mercado.
Marco político y alcance
La medida fue presentada como parte del acuerdo entre el Gobierno y el Partido de la Gente para destrabar la discusión de la llamada 'megarreforma' o 'Ley de Reconstrucción Nacional', y busca ofrecer un alivio visible a hogares vulnerables sin tocar la estructura general del IVA. Los ministerios involucrados —Desarrollo Social y Familia, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Salud— asumirán roles específicos: definición de nóminas, financiamiento, lista de medicamentos y diseño del reglamento. El Ejecutivo subraya que la ley entrará en vigencia cuatro meses luego de la publicación del reglamento, lo que plantea un periodo de implementación administrativa antes de los primeros pagos. La iniciativa combina una decisión política de compensación con parámetros técnicos para limitar el alcance fiscal.
La iniciativa nació del acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido de la Gente para impulsar parte de la agenda tributaria y pretende ser un alivio focalizado en un contexto de presión del costo de la vida. Históricamente, las subvenciones indirectas al consumo de salud y cuidado han sido objeto de debate por su impacto fiscal y por los desafíos de focalización; en este caso el Gobierno propone usar el Registro Social de Hogares como filtro y mecanismos digitales (receta electrónica, boletas electrónicas) para validar las solicitudes. La Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda tendrán un papel en los ajustes anuales del tope presupuestario, mientras que el Ministerio de Salud definirá la lista de medicamentos incluidos en el beneficio. El Ejecutivo también fija que la ley comenzará a regir cuatro meses después de que se publique el reglamento, marcando un plazo técnico para adoptar los sistemas requeridos.
Hay variaciones en la presentación del costo fiscal: el texto del Gobierno señala un tope de hasta US$100 millones para el primer año, mientras que otras fuentes lo cuantifican como 'más de $90 mil millones anuales', una cifra expresada en pesos y que no es idéntica en redondeo o conversión.
El siguiente paso concreto es la tramitación legislativa en el Congreso y la redacción del reglamento conjunto por los ministerios de Trabajo, Hacienda, Salud y Desarrollo Social; la ley solo entrará en vigencia cuatro meses después de la publicación de ese reglamento. Hacienda deberá verificar y comunicar cualquier ajuste del tope presupuestario antes del 15 de julio, según el mecanismo que establece el texto, y el Ministerio de Desarrollo Social empezará a remitir las nóminas mensuales de beneficiarios al IPS una vez que el sistema de validación esté operativo. En paralelo, el Ministerio de Salud deberá definir la lista de medicamentos incluidos y las farmacias y establecimientos deberán garantizar la emisión de boletas electrónicas para que el reembolso sea trazable.