La competencia se cambió tras la formalización por seis delitos; la decisión abre una nueva pulseada procesal entre defensa y Fiscalía.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró incompetencia y remitió la arista “Antofagasta” del caso ProCultura al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, tras la formalización por seis delitos de apropiación indebida contra el psiquiatra Alberto Larraín y la exrepresentante legal Constanza Gómez. La audiencia de formalización fue iniciada por el fiscal Cristián Aguilar, que imputó a ambos por desvíos ligados a convenios con el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El tribunal aceptó el incidente de la defensa al concluir que el principio de ejecución del delito ocurrió en la comuna de Las Condes, donde estaban las cuentas bancarias de la fundación. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opusieron al traslado, que ahora reinicia la tramitación en la capital.
La decisión cambia el rumbo procesal de una de las hebras del megacaso Convenios al removerla del lugar donde se ejecutaron los proyectos beneficiados. En el fondo, la disputa es sobre dónde se consumó la supuesta apropiación indebida: el órgano de cuentas y las firmas se efectuaron en Antofagasta, pero la defensa argumenta que las gestiones bancarias y la administración de fondos ocurrieron en Santiago. El fallo puede afectar la estrategia probatoria del Ministerio Público y ampliar el calendario judicial, porque una nueva impugnación podría terminar ante la Corte de Apelaciones. Mientras, la fiscalía mantiene la acusación por montos millonarios traspasados a la ONG ProCultura.
El fiscal Cristián Aguilar formalizó a Alberto Larraín y a María Constanza Gómez por seis delitos consumados de apropiación indebida vinculados a convenios suscritos con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda. Entre los contratos investigados figura el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que implicó transferencias por $629.815.000, y otras adjudicaciones que suman más de $500 millones a la ONG. Aguilar integra el equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios, que mantiene la investigación en la región. La fiscalía sostiene que hubo adjudicaciones sin concurso y ausencia de verificación posterior del uso de los recursos.
La jueza María José Saavedra explicó que el principio de ejecución del delito, en la hipótesis de distracción de fondos, se sitúa en el acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario y no en la mera firma del convenio. Saavedra sostuvo que esas gestiones ocurrió “íntegramente en la Región Metropolitana” porque las cuentas bancarias de la fundación estaban radicadas y administradas en la comuna de Las Condes. Con ese criterio el tribunal de Antofagasta se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Si el tribunal capitalino rechaza competencia, la contienda tendrá que resolverse en la Corte de Apelaciones correspondiente.
““El principio de ejecución del delito... ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana.””— María José Saavedra
La defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, celebró la resolución como un triunfo procesal y cuestionó la formulación del Ministerio Público. Arias afirmó que el esquema de imputación presentado ya había fracasado en instancias previas en Santiago y sostuvo que la nueva acusación reproduce errores de forma y de fondo. El defensor también señaló que la Fiscalía habría reordenado su teoría tras resultados adversos y que la imputación derivada sería “completamente distorsionada” respecto a lo ocurrido, posición que anticipa recursos futuros. La defensa de Constanza Gómez se plegó al incidente de incompetencia en la audiencia.
““El esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago.””— Cristián Arias
El traslado ocurre en el marco de una investigación más amplia que puso en la mira a la fundación ProCultura por convenios con organismos regionales y nacionales. La hebra originaria en Antofagasta fue la chispa que terminó desencadenando la megacausa Convenios y llevó a observaciones de Contraloría sobre adjudicaciones sin concurso. También figura en la causa la transferencia desde la gestión del Gore regional bajo la dirección de Ricardo Díaz, hechos que el Ministerio Público busca relacionar con la administración de la ONG. El caso ya tuvo una formalización previa por la arista de la Gobernación Metropolitana y órdenes de detención en etapas anteriores.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opusieron expresamente al cambio de sede, argumentando que los hechos tienen nudos probatorios relevantes vinculados a Antofagasta. Con todo, el tribunal resolvió que el sitio natural de la ejecución del delito habilita la competencia de Santiago y ordenó el envío de los antecedentes. Ahora la tramitación continuará ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que deberá decidir si acepta la causa o se eleva la discusión ante la Corte de Apelaciones. La resolución introduce demoras procesales y reconfigura la logística de las diligencias pendientes.
Hay disputa sobre el lugar donde se consumó la supuesta apropiación: la defensa argumenta que las gestiones bancarias y la administración de fondos ocurrieron en Las Condes (Santiago), mientras que la Fiscalía sostiene que los convenios y la recepción de fondos se articularon en Antofagasta. Además, la defensa reprocha que la fiscalía haya reconfigurado su imputación tras fracasos previos en Santiago, acusación que el Ministerio Público y el CDE niegan.
El próximo hito será la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago sobre su propia competencia; si la corte capitalina la rechaza, la controversia irá a la Corte de Apelaciones correspondiente. Esa decisión definirá dónde se practicarán las pericias, citaciones y demás diligencias que determinarán el ritmo del proceso, y condicionará los recursos legales que puedan presentar la defensa y el Ministerio Público.