Protestas masivas paralizan La Paz y El Alto; el Gobierno ofrece diálogo mientras el Congreso allana la vía a un estado de excepción.
Bolivia completa más de veinte días de protestas y bloqueos que han aislado a La Paz y El Alto, generado desabastecimiento de combustibles y alimentos, y dejado a miles de camiones varados. Movilizaciones convocadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y sectores afines al expresidente Evo Morales exigen medidas económicas y, en algunos casos, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los intentos del Ejecutivo por abrir corredores humanitarios y retomar el abastecimiento han fracasado y derivado en choques con fuerzas de orden. La parálisis ya registra un impacto económico y un riesgo político que suma presión sobre el Gobierno de seis meses.
La crisis combina demandas económicas por la inflación y el fin de subsidios con reclamos políticos que reavivan viejos liderazgos del MAS, en particular la influencia de Evo Morales desde el Chapare. El Congreso aprobó en el Senado la abrogación de límites al estado de excepción, una modificación que podría dar mayor margen de maniobra al Ejecutivo si la Cámara de Diputados la respalda. Mientras tanto, la paralización de rutas y la falta de divisas complican la capacidad del país para sostener importaciones clave y las negociaciones con multilaterales. El resultado definirá si prevalece la vía del diálogo o se entra en una escalada institucional.
Las rutas nacionales soportan más de cincuenta cortes activos que impiden la llegada de alimentos, combustible y suministros médicos a La Paz y El Alto, y mantienen varados miles de camiones, según reportes oficiales. En centros urbanos se registran largas filas en estaciones de servicio y cierres temporales de bancos; hospitales reportaron falta ocasional de oxígeno. Los bloqueos también han amplificado pérdidas en la agroindustria y el comercio exterior, con estimaciones diarias de daños millonarios que aumentan la presión sobre la economía. El intento del Ejecutivo de abrir corredores humanitarios ha chocado con la resistencia de los bloqueadores y derivado en enfrentamientos puntuales.
Para el sociólogo Franco Gamboa la crisis no se explica solo por la coyuntura económica: apunta a fallas políticas en la formación de la coalición y errores en la gestión que erosionaron la capacidad del Gobierno para cooptar liderazgos sociales. Gamboa critica medidas precipitadas como la ley de tierras y otros anuncios que, en su lectura, profundizaron desconfianzas en sectores rurales y sindicales. Advierte que Paz ha perdido la oportunidad de consolidar una agenda de largo plazo y que sus decisiones han sido percibidas como cortoplacistas. "Se equivocó rotundamente con adelantar algunas medidas", señaló el analista al evaluar el primer semestre del Gobierno.
“Se equivocó rotundamente con adelantar algunas medidas”— Franco Gamboa
El presidente Rodrigo Paz ha repetido que privilegiará el diálogo y descartó responder con la fuerza, incluso en entrevistas internacionales, al tiempo que anunció recortes salariales al 50% para su gabinete como señal política. Paz vinculó la solución al respeto de la Constitución y defendió su hoja de ruta de apertura económica y orden institucional frente a quienes piden su salida. No obstante, sus intentos de conversar se han topado con la ausencia o rechazo de dirigentes claves y con sectores que ya exigen renuncia. El jefe del Estado ha mantenido que la confrontación no es la vía y que su gobierno buscará acuerdos mediante mesas como el Consejo Económico y Social.
“La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”— Rodrigo Paz
El ministro de Economía José Gabriel Espinoza advirtió sobre las pérdidas por exportaciones paralizadas y calculó un fuerte golpe al comercio exterior mientras persistan los cortes. El Gobierno ha solicitado apoyo logístico y ayuda alimentaria de países vecinos y organismos multilaterales, y negocia líneas de crédito que podrían aliviar la urgencia fiscal. Los analistas señalan, sin embargo, que préstamos y fondos condicionados no resuelven el déficit político si no hay una salida negociada que restaure la gobernabilidad. El posible uso del estado de excepción—si la Cámara Baja aprueba los cambios legislativos—añade una arista institucional a la crisis económica.
Las fuentes difieren en el núcleo del conflicto: el Gobierno y sus aliados acusan a Evo Morales y al MAS de instrumentalizar las protestas con fines políticos, mientras dirigentes movilizados y parte de la ciudadanía sostienen que las medidas de ajuste y la inflación explican las manifestaciones. También hay conflicto sobre la respuesta adecuada: el Senado abrió la puerta a un estado de excepción al retirar restricciones, pero el Ejecutivo dice preferir el diálogo y algunos sectores piden medidas firmes para restablecer el orden. Las cifras de puntos de bloqueo y el impacto económico varían según los reportes oficiales y sindicales.
La próxima jornada clave será la votación en la Cámara de Diputados sobre la abrogación de la ley que limitaba los estados de excepción; su resultado definirá si el Ejecutivo gana margen legal para intervenir sin autorización parlamentaria. Además, está prevista la instalación del Consejo Económico y Social y nuevas mesas de diálogo que el Gobierno espera utilizar para negociar compensaciones y desbloquear rutas. La evolución de esas citas marcará si la crisis vira a una salida negociada o a una fase de mayor tensión institucional.