La acusación implica presuntas declaraciones financieras falsas y un pedido de inhabilitación política en medio de la campaña hacia la segunda vuelta del 7 de junio
01La Fiscalía peruana solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú, por los delitos de falsa declaración administrativa y falsedad documental vinculados a la información financiera del partido; además requirió su inhabilitación política/definitiva como presidente de la organización.
02Los hechos investigados se refieren a irregularidades en los informes financieros del partido durante procesos electorales: según las versiones periodísticas, la acusación abarca operaciones declaradas entre 2018 y 2021 (según el documento fiscal divulgado) mientras que otros reportes señalan específicamente 2018–2020, lo que refleja diferencias en la cobertura temporal de los presuntos ilícitos.
03La Fiscalía sostiene que Juntos por el Perú presentó declaraciones con información falsa ante la ONPE y que se registraron aportes y gastos no debidamente declarados. Parte de la acusación apunta a depósitos en una cuenta a nombre de William Sánchez, hermano del candidato; las cifras difundidas varían entre más de 200.000 soles y hasta 280.000 soles en distintos aportes y tasas que, según la fiscalía, no fueron declarados correctamente.
04El documento acusatorio fue emitido el 15 de enero, pero su contenido trascendió públicamente recién en mayo; la Fiscalía tiene previsto formalizar la acusación en una audiencia el 27 de mayo, fecha en la que el juez deberá decidir si se abre juicio contra Sánchez cuando resta poco más de una semana para la segunda vuelta del 7 de junio, en la que enfrentará a Keiko Fujimori.
05La defensa del candidato, representada por el abogado Carlos García Asenjo, rechazó las imputaciones y argumentó que Roberto Sánchez no es el responsable directo de elaborar ni remitir los informes financieros del partido —una tarea que corresponde al tesorero— y que el candidato solo presentó la documentación elaborada por esa instancia, por lo que solicita deslindar su responsabilidad.
06El caso adquiere relevancia política porque Sánchez es el líder de Juntos por el Perú y fue el único ministro que permaneció durante todo el gobierno de Pedro Castillo; la investigación y la posible sanción llegarían en plena campaña presidencial y en un contexto de investigaciones por presuntas irregularidades electorales que también afectan a la ONPE y a exfuncionarios, según reportes sobre la gestión de las elecciones.