Marco Rubio encabeza anuncios de sanciones y apela a los cubanos mientras Washington mantiene negociaciones secretas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, intensificó esta semana la ofensiva estadounidense contra La Habana: anunció sanciones contra funcionarios y organismos cubanos, acusó al conglomerado militar Gaesa de saquear la economía y lanzó un llamado público a los cubanos a construir la «nueva Cuba» propuesta por el presidente Donald Trump. Las declaraciones llegaron entre videos públicos, reuniones de gabinete en la Casa Blanca y una serie de medidas ejecutivas que amplían las restricciones comerciales y financieras. Al mismo tiempo, Washington mantiene conversaciones discretas con La Habana —incluida una visita del director de la CIA— y prepara una acusación judicial contra el expresidente Raúl Castro.
La combinación de sanciones públicas y negociaciones discretas transforma la política estadounidense hacia Cuba de una campaña diplomática a una estrategia híbrida: presión económica y legal dirigida a las élites militares, junto a ofertas de diálogo que buscan mitigar riesgos de seguridad para Estados Unidos. El paquete de medidas busca asfixiar los ingresos del Ejército cubano mientras la Casa Blanca anticipa nuevas designaciones y pasos judiciales. Para La Habana, las acciones elevan el costo político y económico justo cuando la isla enfrenta una crisis humanitaria agravada por el bloqueo petrolero.
En un video publicado el 20 de mayo y en entrevistas previas, Rubio acusó a la cúpula castrista y al conglomerado militar Gaesa de apropiarse de recursos mientras el pueblo sufre escasez de electricidad, combustible y alimentos. El secretario de Estado presentó la alternativa propuesta por la administración Trump como una «nueva Cuba» con menos control militar y una relación renovada con Washington similar a la de otros países caribeños. Las declaraciones coincidieron con el anunciado endurecimiento de sanciones que, según la Casa Blanca, apuntan a cortar el acceso a activos ilícitos del régimen.
El paquete anunciado incluye la designación de 11 funcionarios y tres organismos bajo la orden ejecutiva 14404, y apela además a la orden 14380 y a memorandos de seguridad nacional para justificar medidas adicionales. La Casa Blanca y el Departamento de Estado dijeron que las sanciones buscan responsabilizar a quienes participan en represión, operaciones de inteligencia y en el desvío de ingresos que, afirman, no benefician al pueblo cubano. Rubio advirtió que cabe esperar nuevas medidas «en los próximos días y semanas».
“Cabe esperar medidas sancionadoras adicionales en los próximos días y semanas”— Marco Rubio
El presidente Donald Trump, cuyo gobierno ordenó en enero un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis isleña, ha hecho advertencias públicas sobre la posibilidad de «tomar el control» de Cuba y ha mencionado despliegues militares como instrumento de presión. Esas amenazas, repetidas en declaraciones oficiales y entrevistas, han elevado la tensión entre Washington y La Habana y alimentado la narrativa de La Habana sobre riesgo de agresión externa. La Casa Blanca sostiene que el cierre de rutas de combustible es parte de la presión para forzar cambios en el régimen.
“tomará el control”— Donald Trump
Mientras la retórica se endurece públicamente, Washington y La Habana mantienen canales discretos: el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a Cuba y, según reportes, hay participación de figuras vinculadas al entorno de Raúl Castro en esas conversaciones. Esos contactos apuntan a gestionar riesgos prácticos —seguridad, repatriaciones y estabilidad fronteriza— sin renunciar a la presión económica. La coexistencia de sanciones y diálogos refleja una estrategia dual del gobierno estadounidense.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una acusación contra el expresidente Raúl Castro por hechos vinculados a incidentes de la década de 1990, según fuentes oficiales, lo que añade una vía legal a la presión política. El anuncio ocurre en medio de conmemoraciones del exilio en Miami y alimenta la polarización entre quienes piden más medidas contra el régimen y quienes alertan sobre el impacto humanitario. La posible imputación amplifica el paquete de herramientas que emplea Washington contra La Habana.
Las fuentes difieren en cifras y en la explicación de la crisis: Rubio y algunos comunicados hablan del 70% de la economía bajo control de Gaesa, mientras que el Departamento de Estado cita estimados de «40% o más». Además, Washington atribuye la escasez al saqueo de las élites y al apoyo de actores extranjeros; La Habana responde que el bloqueo petrolero y las sanciones estadounidenses son la causa principal del colapso.
El próximo hito será la formalización de la acusación del Departamento de Justicia contra Raúl Castro y el paquete de designaciones que la Casa Blanca anticipa en días o semanas. Al mismo tiempo, seguirá la atención sobre las conversaciones discretas entre Washington y La Habana, que podrían definir si la estrategia estadounidense combina presión sostenida con acuerdos puntuales sobre seguridad y asistencia humanitaria.