Una indicación incluida en la megarreforma habilita a la Tesorería a ofrecer acuerdos de pago (con conversión de UTM a pesos y hasta 48 cuotas) y contempla la posibilidad de extinguir parte del saldo remanente; la medida está en trámite parlamentario y genera disputas políticas y técnicas.
01El gobierno incorporó en su paquete de indicaciones a la megarreforma un artículo transitorio que faculta a la Tesorería General de la República (TGR) a otorgar convenios especiales de pago para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuya garantía estatal ya fue ejecutada, con la posibilidad de extinguir total o parcialmente saldos remanentes bajo condiciones fijadas por la propia TGR.
02Cómo funcionaría el mecanismo: los convenios se activarían tras el pago de un pie inicial; la deuda expresada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) se convertiría a pesos al valor vigente al momento de suscribir el acuerdo y permanecería fija sin nuevos reajustes ni intereses; los plazos máximos son 48 cuotas mensuales sucesivas; y, una vez pagada la última cuota, la TGR podría extinguir el remanente hasta en tres tramos —hasta 100% para quienes cumplieron íntegramente, hasta 90% para incumplimientos de menor entidad y hasta 70% para otros incumplimientos— previa calificación y sujeto a requisitos mínimos de pago establecidos por el Tesorero.
03La Comisión de Hacienda aprobó de manera parcial la indicación (información más reciente del 14 de mayo de 2026): permitió la habilitación de convenios a la TGR por 90 días desde la eventual publicación de la ley, pero rechazó —por voto oficialista en la comisión— los incisos que explícitamente autorizaban la condonación automática de hasta el 100% del saldo remanente, situación que el Ejecutivo aún explora reponer en Sala del Congreso.
04Propuesta operativa para los convenios: según la fórmula que maneja el Ejecutivo, los acuerdos se segmentarían por tramos de ingresos. Para quienes ganen menos de $1.000.000 brutos mensuales el pie mínimo sería 1 UTM (hoy ~$71.506) y las cuotas también de 1 UTM; para ingresos entre $1 y $2 millones, el pie sería $1.000.000 o el 10% de la deuda (se opta por el menor) y la cuota correspondería al 10% del ingreso mensual; y para ingresos entre $2 y $5 millones el pie sería $1.500.000 o el 10% de la deuda, con cuota igual al 10% del ingreso, siempre con el tope de 48 cuotas.
05Magnitud y estimaciones fiscales: la medida apunta a un universo de 556.000 deudores con garantía estatal ejecutada; el Ejecutivo calcula que, con convenios blandos como los propuestos, se podrían recuperar cerca de 206 millones de dólares (considerando que la mayoría de quienes tienen garantía ejecutada gana menos de $1,5 millones), y que la cifra podría llegar a unos 400 millones de dólares si se suman otras acciones de cobro que ya ejecuta la TGR.
06Reacciones políticas y críticas: la medida abre tensiones en el oficialismo y la oposición. Legisladores de la UDI piden un "gesto" para quienes ya pagaron sus deudas y valoran estudiar alternativas (como devoluciones o rebajas tributarias) para reconocer ese esfuerzo; desde RN hubo reparos por la idea de condonar tras haberse opuesto previamente a alivios fiscales. Distintos actores —entre ellos centros de estudios afines a la derecha— advierten que la condonación podría erosionar la legitimidad del instrumento y afectar la credibilidad del sistema de financiamiento.
07Aclaraciones del Ejecutivo y apuntes técnicos: Hacienda ha subrayado que la condonación no sería automática ni obligatoria —los porcentajes citados son 'hasta' un techo y la TGR determinará montos finales según criterios objetivos como comportamiento de pago, monto adeudado y capacidad económica—; además la indicación es transitoria y su facultad operaría por 90 días desde la publicación de la norma, si es aprobada. Economistas ven en el mecanismo una regularización financiera que busca recuperar parte de deudas difíciles de cobrar y formalizar a deudores actualmente en mora.
08Contexto más amplio: la discusión de esta indicación se inserta en el debate mayor del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) que busca reemplazar el CAE. En enero de 2026 el Ejecutivo ya había mostrado disposición a flexibilizar varios puntos (incluir copago en más deciles, transformar el FES en un crédito contingente al ingreso, mantener ciertas becas y fortalecer controles y facultades de la Tesorería y del Servicio Ingresa) con el objetivo de alcanzar acuerdos y despachar la reforma antes del cambio de mando; el ministro Nicolás Cataldo ha dicho que ahora falta principalmente voluntad política para avanzar.
09Estado del trámite: ninguna de estas medidas está vigente —se trata de indicaciones en trámite— y su concreción dependerá de la votación en Sala y de eventuales reposiciones o modificaciones. La cobertura más reciente sobre el tema (14 de mayo de 2026) muestra que el acuerdo aún está en negociación y que el Ejecutivo podría intentar reponer en Sala los incisos relacionados con la condonación que fueron rechazados en comisión.