La antesala a la primera Cuenta Pública tensiona el Senado, la política penitenciaria y la promesa de expulsar a 330.000 migrantes.
A dos días de su primera Cuenta Pública en Valparaíso, el presidente José Antonio Kast defendió en una serie de entrevistas su “megarreforma” económica y descartó subir tributos a los más ricos, mientras anunció un nuevo modelo penitenciario basado en el “aislamiento total”. El mandatario reafirmó la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y sostuvo que la iniciativa debe avanzar en el Senado incluso con una aprobación estrecha. En seguridad, prometió separar a presos de alta peligrosidad y evaluar megacárceles o unidades de máxima seguridad. En migración, ratificó la meta de expulsar a 330.000 personas en situación irregular, por vías voluntarias u obligatorias.
La ofensiva comunicacional busca relanzar una administración que arrancó con críticas y cambios de gabinete, y llega al Congreso con una agenda que combina ajustes tributarios, reformas a la política penitenciaria y una política migratoria rígida. El paso por el Senado será clave: la megarreforma económica altera la competitividad fiscal y la distribución de recursos, y su aprobación con o sin gran mayoría definirá la estabilidad de las medidas. Al mismo tiempo, las propuestas sobre cárceles y expulsiones pondrán a prueba a las instituciones y reanimarán disputas políticas y judiciales. El debate promete tensar relaciones con alcaldes, la oposición y organismos estatales.
En entrevistas televisivas realizadas antes de la alocución en el Congreso, Kast fijó la línea económica: mantendrá la rebaja del impuesto corporativo al 23% y reiteró su rechazo a los gravámenes excepcionales a patrimonios altos. Afirmó que la lógica de “ricos y pobres” y del “superimpuesto” no es una receta para el progreso y que la reforma debe avanzar aunque la aprobación en el Senado sea ajustada. El Presidente expresó también su urgencia temporal: espera cerrar la tramitación en julio para que la ley entre en vigor en agosto. Ese llamado marca la prioridad del Ejecutivo por mostrar resultados fiscales y atraer inversión.
““Esa lógica de ricos, pobres, del súper impuesto a los súper ricos, no es lo que ha ayudado a ningún país a salir adelante.””— José Antonio Kast
En seguridad penal, Kast prometió un rediseño que privilegie el encierro estricto para perfiles de alta peligrosidad y anunció el objetivo de “aislamiento total” como eje de la política penitenciaria. Dijo que se evaluará si esto se implementa mediante megacárceles, unidades de máxima seguridad dentro de recintos existentes o nuevas cárceles de menor tamaño. El Presidente defendió la medida como respuesta al aumento de índices delictuales que, dijo, dejó la administración anterior. En paralelo sostuvo la meta de aumentar la capacidad penitenciaria con decenas de miles de plazas adicionales.
En materia migratoria, el Presidente ratificó su compromiso por lograr la salida de 330.000 inmigrantes en situación irregular, combinando salidas voluntarias y expulsiones forzosas, y dijo que su gobierno trabajará para acelerar procesos a medida que modernice plataformas administrativas. Kast agregó que intentarán coordinar con gobiernos como el de Venezuela para facilitar devoluciones, aunque reconoció que hasta ahora no ha habido buena recepción diplomática. El anuncio refuerza un eje de campaña que el Ejecutivo busca convertir en políticas concretas durante el primer año.
La tramitación política abre fricciones: el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo que la discusión en el Senado entra en una “segunda etapa” y que el Ejecutivo está dispuesto a diálogo, aunque evitó comprometerse con cesiones concretas. Mientras el Gobierno fija julio como plazo deseado para votar la reforma, la coordinación entre cartera y parlamentarios definirá si se busca una mayoría amplia o un triunfo ajustado. El calendario legislativo y la negociación partidaria serán determinantes para la estabilidad de las medidas anunciadas por La Moneda.
La oposición y exautoridades criticaron varias medidas: el exministro Jaime Gajardo (PC) calificó como “una muy mala decisión, que nos hace retroceder” la orden presidencial de sacar reos comunes de Punta Peuco y reclamó el giro en la política penitenciaria. La discusión por ese traslado expuso además diferencias sobre si fue una medida técnica o una instrucción política, aumentando la polarización en un tema sensible para la sociedad y la comunidad de derechos humanos. Alcaldes y municipalidades, por su parte, expresaron inquietud por medidas tributarias del plan que afectarían ingresos comunales.
““Una muy mala decisión, que nos hace retroceder””— Jaime Gajardo
Existe una disputa sobre la naturaleza del traslado de reos desde Punta Peuco: el subsecretario de Justicia había descrito el movimiento como una decisión técnica, mientras que el Presidente reconoció haber ordenado la salida, lo que la oposición presentó como una decisión política. Esa diferencia de versiones tensó el debate público y alimentó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y las motivaciones del Ejecutivo.
El próximo hito es la Cuenta Pública del Presidente ante el Congreso, donde detallará la megarreforma y las nuevas políticas penitenciarias. Tras ese discurso, la iniciativa pasará a la segunda etapa de discusión en el Senado, con una negociación que definirá plazos, eventuales cambios y si el Gobierno consigue una mayoría amplia o una aprobación ajustada en julio.