Las correcciones apuntan a invariabilidad tributaria y al crédito al empleo; el Senado iniciará el trámite el 2 de junio.
El Ejecutivo reconoció que introducirá cambios al proyecto de Reconstrucción Nacional tras el Informe de Finanzas Públicas presentado esta semana, y remitió al Senado la iniciativa con la posibilidad de ajustes puntuales. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo que “se van a tener que hacer ajustes” en áreas como la invariabilidad tributaria y el crédito por empleo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometer cifras concretas y emplazó a la negociación con la oposición. La discusión formal en la Cámara Alta comenzará el 2 de junio.
La revisión responde a proyecciones fiscales más débiles: el Informe de Finanzas Públicas mostró un crecimiento esperado menor al proyectado en campaña y una deuda bruta que podría superar el 45% del PIB antes de 2030. Eso obliga al Gobierno a buscar combinaciones que aumenten ingresos o reduzcan costos de la reforma sin desarticular su núcleo político. Las alternativas citadas por el Ejecutivo incluyen acortar los años de invariabilidad y recortar el alcance del crédito por empleo. El resultado de esas negociaciones marcará la viabilidad política del paquete en el Senado.
El titular de la Segpres adelantó en el podcast Cómo te lo explico que las correcciones buscarán “más ingresos o menores costos” y que no se descartan recortes presupuestarios en los próximos años. García Ruminot puso la invariabilidad tributaria y el crédito por empleo como los capítulos más susceptibles de cambio, defendiendo que las modificaciones faciliten acuerdos con la oposición. Insistió en que la administración está abierta a incorporar propuestas parlamentarias que no desvirtúen el proyecto. Su mensaje fue el primer aviso público de una hoja de ruta más pragmática tras el informe fiscal.
“se van a tener que hacer ajustes”— José García Ruminot
El Informe de Finanzas Públicas reveló que el Producto Interno Bruto podría crecer 2,1% en 2026 y que la deuda bruta cruzaría el umbral del 45% del PIB en 2028, proyectándose en 46,5% al cierre de 2030. Esos números difieren de las expectativas que se manejaron en la campaña y estrechan el margen fiscal disponible para financiar las medidas propuestas. El Ejecutivo interpreta esas cifras como la razón principal para revisar los costos del paquete y explorar nuevas fuentes de ingreso o ahorros. La salvedad es que los ajustes deberán conciliar objetivos macrofiscales y viabilidad política.
En el detalle técnico, García Ruminot planteó la posibilidad de reducir los años de invariabilidad propuestos de 25 a 20 y sugirió que los montos sujetos a esa garantía puedan cambiar. También puso sobre la mesa que el crédito por empleo, estimado en cerca de US$1.400 millones según el Ejecutivo, podría verse acotado. Sobre la rebaja del impuesto corporativo, el ministro señaló que esa materia la está analizando Hacienda y que hasta ahora no ha percibido mucho impulso interno para tocar ese punto central. Esas alternativas buscan equilibrar el costo fiscal con la capacidad de consenso.
“Puede ser a 20”— José García Ruminot
El ministro de Hacienda adoptó un tono más cauto al ser requerido sobre compromisos concretos: dijo que el Ejecutivo está dispuesto a negociar, pero que las propuestas pueden variar o incluso no prosperar. Quiroz subrayó la necesidad de dar certezas fiscales hacia adelante mientras mantuvo la puerta abierta a ajustes en parámetros específicos. Paralelamente anunció una reunión con alcaldes para despejar dudas sobre medidas que afectan contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años. Su objetivo fue contener temores locales y preservó flexibilidad en las negociaciones centrales.
“Quiero dar la absoluta certeza a todos los alcaldes que no van a verse afectados en sus ingresos por ese concepto”— Jorge Quiroz
En el plano político, el Gobierno ya negocia plazos y actores: se convocaron audiencias con comités de oposición y figura al Partido Socialista como interlocutor clave en el Senado. El biministro del Interior y la Segegob se mostró, días atrás, abierto a modificar el plazo autoimpuesto para tramitar la reforma en junio con miras a conseguir acuerdos. Ese margen para extender calendarios será una variable en las conversaciones que deben sostenerse antes de votar en la Cámara Alta. La negociación multipartita será determinante para la suerte del paquete.
Existe una discrepancia práctica entre la concreción de los anuncios: José García Ruminot adelantó posibles cambios específicos —como acortar la invariabilidad a 20 años— mientras que Jorge Quiroz evitó comprometer fórmulas y dijo que las propuestas “pueden ser eso u otras cosas o nada”. Esa tensión marca la negociación: una voz empuja por alternativas identificadas y la otra por mantener opciones abiertas hasta afinar cifras fiscales.
El próximo hito formal es el inicio del trámite en el Senado el 2 de junio, cuando comenzarán las audiencias y la ronda de indicaciones. El Gobierno buscará concretar acuerdos con la centroizquierda durante junio y, según su propia hoja de ruta, aspira a cerrar un texto para fines de julio. Las comisiones y las solicitudes de audiencias con alcaldes y partidos marcarán el calendario inmediato.