En su primera Cuenta Pública anunció un plan en 50 barrios, reformas para el Estado y una agenda legislativa centrada en seguridad.
El Presidente José Antonio Kast entregó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y centró su discurso en la seguridad, la economía y la modernización del Estado. Anunció un Plan de Intervención Barrial para inicialmente 50 “barrios críticos”, un proyecto para fusionar Interior y Segegob y la convocatoria a una comisión de expertos para rediseñar la arquitectura estatal. El mandatario defendió medidas fiscales y legislativas orientadas a recuperar el orden y la inversión. El acto duró dos horas y 24 minutos y congregó a autoridades del Poder Judicial, el Banco Central y exmandatarios.
La rendición marca el despliegue público de las prioridades del nuevo gobierno: presencia estatal en territorios con crimen organizado, ajustes fiscales y una reestructuración administrativa. Las iniciativas mezclan medidas inmediatas —patrullajes, copamientos y cambios legales— con planes de mediano plazo, como la fusión ministerial y la comisión de expertos. Esa combinación busca traducir señales de gobernabilidad en resultados visibles para la ciudadanía y presiona al Congreso para aprobar urgencias legislativas. El tono conciliador del Presidente busca sumar apoyos en una agenda que implicará costos políticos y sociales.
El eje del discurso lo marcó el propio Presidente. José Antonio Kast defendió los “principios permanentes” de su gestión —libertad, familia, esfuerzo— y afirmó que el Ejecutivo no recortará beneficios sociales mientras ordena las cuentas públicas. En la sesión recalcó además que su gobierno prioriza la seguridad como “el mayor clamor de la ciudadanía” y prometió resultados medibles. "No vamos a tocar los beneficios sociales y repito: no vamos a tocar los beneficios sociales", afirmó el mandatario ante el Congreso.
“No vamos a tocar los beneficios sociales y repito: no vamos a tocar los beneficios sociales”— José Antonio Kast
Como medida concreta de seguridad, el Ejecutivo anunció un Plan de Intervención Barrial que en las próximas semanas comenzará a operar en 50 barrios calificados como críticos. El plan contempla copamientos policiales, patrullajes preventivos y operativos focalizados contra mercados ilícitos y crimen organizado, con metas mensuales y encargados que rindan cuentas. El Presidente dijo que en esos sectores se mostrará “la verdadera potencia y la fuerza del Estado” y que la mano cambió frente al delito. El despliegue se apoya en coordinación entre policías y otras instituciones del Estado.
En clave administrativa, el Gobierno comprometió presentar "en las próximas semanas" un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Además anunció la convocatoria a una comisión de expertos que propondrá una nueva arquitectura del Estado con el objetivo de reducir carteras y eliminar superposiciones. La iniciativa forma parte de una estrategia para reasignar recursos y prometer una administración más austera y eficiente. El Ejecutivo plantea que esas propuestas permitirán luego enviar al Congreso las reformas necesarias.
Kast presentó además una batería legislativa para reforzar la respuesta penal y penitenciaria: ampliar los plazos de flagrancia, sancionar a encapuchados, crear un registro de vándalos e invertir en infraestructura penitenciaria hasta 2030. El anuncio incluye siete fuerzas de tarea para áreas como fronteras, ciberdelitos y crimen organizado, con metas y rendiciones de cuentas mensuales. En el discurso destacó el respaldo a Carabineros y la PDI, y la intención de mejorar condiciones de formación y remuneraciones policiales. El Ejecutivo sostuvo que estas medidas son necesarias para pasar de respuestas fragmentadas a una ofensiva coordinada.
El tono de la Cuenta Pública fue concertador: Kast evitó la confrontación y pidió al Congreso actuar como “puente” para acuerdos en seguridad, empleo y educación. Entre los asistentes figuraron la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, la presidenta del Banco Central Rossana Costa, el fiscal nacional Ángel Valencia y el expresidente Eduardo Frei, presencia que el Gobierno exhibió como respaldo institucional. El Presidente aseguró que la reconstrucción del país no es tarea de un hombre ni de un gobierno, y emplazó a las bancadas a priorizar soluciones sobre debates ideológicos.
Los próximos hitos son cercanos y concretos: el Gobierno presentará en semanas el proyecto de fusión Interior–Segegob y desplegará la intervención en los 50 barrios iniciales. En paralelo, entrarán a tramitación las urgencias legislativas sobre flagrancia, registro de vándalos y medidas migratorias; el Congreso deberá decidir si acompaña las reformas que buscan ordenar las cuentas y reforzar la seguridad. La comisión de expertos que el Ejecutivo convocó deberá entregar propuestas que orienten la reestructuración ministerial.